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Médicos venezolanos perseguidos por denunciar deficiencias en manejo del covid-19

Desde que llegó el coronavirus a Venezuela, trabajadores de la salud han denunciado incongruencias por parte de la administración de Nicolás Maduro sobre cómo atender la pandemia en el país, esto ha generado persecuciones, secuestros y hasta la privación de libertad para quienes revelan información que incomoda al oficialismo.

En este sentido, la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno interino hizo público un comunicado en donde los expertos denunciaron fallas importantes en distintas áreas, señalando que las observaciones fueron realizadas sobre la base de argumentos científicos del covid-19.

“Hemos  oído  de  los voceros  oficiales,  cifras  de  diferente  orden  de  magnitudes en relación a pruebas diagnósticas sin que hasta el  momento se aclaren las contradicciones  que  generan  dudas  en  la  población”, expresó la Comisión.

El informe señala la falta de equipo de protección personal para profesionales de la salud y responsables del traslado de pacientes, quienes se encuentran hoy corriendo un alto riesgo de contagio. Asimismo, expresaron que la administración de Nicolás Maduro no ha realizado las debidas capacitaciones sobre cómo se deben usar estos equipos de manera segura. Por esto, insistieron en la necesidad de que se abra un canal humanitario que facilite la llegada de estos insumos al país.

También denunciaron la ausencia de un boletín epidemiológico completo, que informe de manera continua, oportuna y veraz que les permita a los ciudadanos, al mundo médico y científico tener una mejor aproximación a la realidad epidemiológica.

Persecución por la verdad

El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que a la bionalista detenida en Trujillo, Andrea Sayago, se le dictó arresto domiciliario de conformidad al artículo 242, numeral 1 del Código Orgánico Procesal y Penal. A la especialista le imputaron un supuesto “uso indebido de información privilegiada a cargo de funcionario público”.

La asociación civil que promueve y defiende la libertad de expresión, Espacio Público, detalló que la detención fue por publicar una orden de exámenes a una paciente con covid-19 en un grupo de WhatsApp el 4 de abril del 2020, luego fue trasladada por la directiva del hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo, ubicado en Valera hasta la sede del Sebin donde la interrogaron y alegó que lo hizo para que el personal tomara sus prevenciones.

Asimismo, la diputada Mariela Magallanes recalcó que la profesional iba a ser liberada tras su renuncia y el procedimiento fue impedido por la esposa del gobernador del estado, Jackeline Peñaloza, quien dio la orden para que la mantuvieran privada de libertad.

Otro caso similar ocurrió con el enfermero Rubén Duarte que fue detenido en el estado Táchira el 17 de marzo del 2020 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) debido a un video denunciando la falta de materiales en el Hospital Central para atender a pacientes con covid-19.

Duarte fue liberado la madrugada del 18 de marzo e indicó que valió la pena lo que vivió «pese al amedrentamiento por parte de las autoridades el hospital fue dotado de equipos».

«Venezuela con menos pruebas en el mundo»

El diputado José Manuel Olivares, en una conferencia virtual con la prensa, denunció que Venezuela es de los países que menos pruebas ha hecho en el mundo y afirmó que es fundamental tener información sobre el desenvolvimiento de la enfermedad para poder combatirla, pues “la mentira pone en riesgo la vida de muchos venezolanos que se enfrentan a esta crisis”.

Olivares, también médico oncólogo, remarcó: «si es verdad que hay un millón de pruebas, debería haber más pruebas hechas y tendríamos más casos positivos. En base a eso se hace la proyección a futuro».

El parlamentario recordó lo que había anunciado el presidente Juan Guaidó: la aprobación de un presupuesto de 9 millones de dólares para la compra de material médico a través de Citgo, aunque no detalló como se harán esas compras ni como llegarán al país.

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