Misión ONU preocupado por proyecto de ley venezolana contra ONG
Dicha ley fue aprobada por la AN el 24 de enero, la cual según la Misión esta puede suponer "un cierre del espacio cívico y democrático"
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, formada por tres juristas, expresó este lunes su preocupación por el proyecto de ley para regular ONG.
Dicha ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero, la cual según la Misión esta puede suponer «un cierre del espacio cívico y democrático».
En un comunicado, el chileno Francisco Cox, uno de los expertos de la misión, advirtió que «La regulación impondría a las ONG, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas».
La proyectada «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» impone requisitos adicionales para el funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro.
Vale mencionar que, su incumplimiento estaría sujeto a fuertes sanciones que podrían llegar a su disolución.
La iniciativa legal, indicó la misión de la ONU, se ultima en un momento en el que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación.
«Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer», indicó la misión, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019.
Según la misión, uno de los aspectos del proyecto más preocupantes es la atribución que confiere al Ejecutivo, especialmente su nueva facultad de poner en marcha mecanismos de control que le permitan supervisar y sancionar aspectos de las ONG que bajo su punto de vista «amenacen la seguridad nacional».
«Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia«, indicaron los expertos de la misión.
El texto también recoge prohibiciones a actividades que podrían ser juzgadas con arbitrariedad, ya que habla de sancionar «actividades políticas» o aquéllas que «atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República», lo que podría suponer una amenaza para las ONG que colaboran con ellos.
El proyecto de ley, concluyen, se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico «a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas».
«Refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países y es otro ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla», destacó la argentina Patricia Tappatá, experta de la misión.
