Morosidad dispara deuda laboral del Estado a 15 millardos de bolívares fuertes
El último estudio oficial ubica en 15 millardos de bolívares fuertes los pasivos laborales del Estado en 2008. «La morosidad del Gobierno disparó en 13 millardos el monto de la deuda respecto a 1998», informó Dick Guanique, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Recordó que en 1998 ya era complejo manejar el pago de los pasivos de 2 millardos de bolívares con precios de la cesta de exportación petrolera venezolana por debajo de los 9 dólares el barril.
Guanique participó en representación de la CTV en las comisiones oficiales para tratar la deuda laboral en 2001 y la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el 17 de junio de 2003.
El dirigente cetevista alerta que «el cambio de régimen para el pago de las prestaciones sociales bajo el principio de la retroactividad doblaría el monto actual de los pasivos laborales del sector público».
Las prestaciones sociales representan 70% de la deuda total, lo que las coloca en 1,4 millardos y 10,5 millardos de bolívares fuertes para 1998 y 2008, respectivamente. El restante 30% equivalente a 600 millones y 4,5 millardos en los 2 períodos mencionados corresponde a jubilaciones y otros conceptos.
La multiplicación de los montos se debe a la acumulación de los intereses causados por la mora oficial en el pago de los compromisos.
Orlando Castillo, diputado de la Comisión de Desarrollo Social Integral, sostiene que en la actual gestión gubernamental sí ha bajado el monto de la deuda laboral, como lo demuestra el estudio actuarial que tiene la Comisión de Finanzas de la Asamblea, y ubica los pasivos en 15 millardos de bolívares fuertes.
«Esto derrumba las versiones lanzadas por ahí de que la deuda es de 20 millardos y 30 millardos de bolívares fuertes», recalcó el parlamentario.
Aclaró que los entes del Estado no envían a tiempo la información requerida, por lo que los recursos no son incluidos en el Presupuesto de la Nación.
Con la finalidad de corregir esta situación, precisó el diputado, se propone modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público para obligar a los organismos a entregar oportunamente la información y tomar las previsiones, lo que redundará en una salida más eficaz a la cancelación de esta deuda.
Guanique admite el esfuerzo de los últimos años del Ejecutivo en la cancelación de sus obligaciones por jubilación y prestaciones sociales con el personal de reciente egreso, pero «esto no ocurre con los trabajadores que cesaron la relación laboral entre 1975 y 2004, objeto de los pasivos por 15 millardos».
El dirigente sindical precisó que en los distintos presupuestos nacionales no fueron incorporadas las partidas para pagar esas acreencias. «El único anuncio (por 1,5 millardos de bolívares) sobre el asunto lo hizo el presidente Hugo Chávez en 2000», dijo.
Guanique reveló que el pago no se concretó por problemas fiscales, como se los informó el entonces ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, en una reunión de la comisión para solucionar el pago de los pasivos.
«Se ha extendido la arruga y la deuda ha crecido por el impacto de los intereses», indicó.
Respecto a la medida anunciada el martes por el presidente Chávez de bajar las tasas de interés para ahorros de 15% a 14%, el dirigente cetevista considera que habrá un impacto positivo en el crecimiento del monto de los pasivos laborales.
Reforma en veremos
En la campaña electoral de 1998, el candidato presidencial Hugo Chávez Frías prometió devolver la retroactividad a las prestaciones sociales, lo cual quedó plasmado en la Constitución de 2000.
La disposición cuarta, numeral 3, de la Carta Magna ordena a la Asamblea Nacional aprobar en el plazo de un año la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para establecer un nuevo sistema de prestaciones sociales y la reducción progresiva de la jornada laboral.
El nuevo régimen incorporará el pago de las prestaciones en forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado. El lapso de prescripción de este derecho es diez años.
De esta manera, la Constitución retoma el principio de la retroactividad, existente antes de la reforma de la LOT de 1996, y que conservan todavía algunos contratos colectivos como el petrolero y Cadafe.
Desde 1997, los patronos cancelan anualmente las prestaciones y depositan cinco días de salario al mes en las cuentas individuales de cada trabajador. Hasta junio de 2002, los empleadores debían pagar un bono de transferencia por el pase de un régimen prestacional a otro.
Guanique señala que hasta ahora la mayoría de los entes del sector público no ha cancelado el bono, engrosando la deuda laboral.
Por ello, ve difícil que la Asamblea Nacional apruebe la reforma legal «a menos que se busquen alternativas sin alterar el espíritu de la disposición constitucional».
Los expertos del mundo del trabajo en Venezuela coinciden que los pasivos laborales en el sector público son el principal obstáculo para llevar adelante la reforma de la LOT. Esto explicaría los sucesivos diferimientos en la Asamblea Nacional y la información extraoficial de que el proyecto no será discutido en el actual período de sesiones parlamentarias.
«El Gobierno está entrampado con la crisis económica mundial y la nacional por la caída de los precios del petróleo en 2009. Dejó pasar la oportunidad de ponerse al día con la alta renta petrolera y precios del crudo de 100 dólares el barril, desoyendo los llamados del movimiento sindical chavista y opositor», lamentó Guanique.
Está de acuerdo con las soluciones propuestas por el diputado de la Comisión de Desarrollo Social Integral Francisco Torrealba, de dar una vacatio legis en las disposiciones finales de la nueva Ley del Trabajo y dar tiempo al Ejecutivo para pagar la deuda.
Otros mecanismos de pago propuestos es cancelar la deuda a los trabajadores con viviendas y acciones de empresas del sector público.
