No hubo golpe de estado el 11 de abril
Hordas oficialistas iniciaron disturbios en la Av. Baralt y los alrededores del (%=Link(«http://www.tsj.gov.ve/»,»Tribunal Supremo de Justicia»)%) una vez que se aprobó la ponencia del magistrado Franklin Arrieche, que certifica la postura opositora de que no hubo golpe de estado el pasado 11 de abril. A pesar de las amenazas del presidente Hugo Chávez y la presión mediática del oficialismo, los Magistrados votaron en un relación de 11 a favor y 8 en contra del Antejuicio de Mérito contra Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Pedro Pereira y Daniel Comisso Urdaneta.
Hoy miércoles 14, los diarios afines al oficialismo exhibieron avisos de página entera instando a los Magistrados a no aprobar esta ponencia, mientras que el Presidente convocó una reunión de mesas de diálogo en el Teatro Teresa Carreño. Cabe destacar que la Fiscalía General de la República no fue capaz de construir una ponencia para probar el Golpe de Estado, de lo cual deriva esta decisión teñida de conflictividad, pues diputados oficialistas como Juan Barreto e Iris Varela amenazaron hace pocas horas con tomar la sede del TSJ si la decisión no se sintonizaba con los intereses de la revolución que, en palabras de estos funcionarios, son los del país.
La Guardia Nacional y la Policía de Caracas se enfrentan, con bombas lacrimógenas a los grupos oficialistas que gritan consignas como «juicio juicio». Desde las 10:00 am los negocios del centro permanecían cerrados y, hace pocos minutos, los comerciantes de La Candelaria y zonas cercanas también bajaron sus puertas ante la posibilidad de saqueos o destrucción por parte de grupos del gobierno amparados por el Alcalde Freddy Bernal.
Así, Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Pedro Pereira y Daniel Comisso Urdaneta quedan en absoluta libertad y, según declaró el jurista Buroz Arismendi, «tampoco hay antejuicio por rebelión a otros 40 oficiales implicados» en la gesta del 11 de abril.
Iván Rincón, el comprometido presidente del TSJ, declaró, en la línea de acción ejecutiva, que está en desacuerdo con esa ponencia de la primera a la última página, pues «si los oficiales actuaron para reestablecer el orden, ellos debían haber confesado, pero no lo hicieron». Asimismo, comentó que en la ponencia se silenciaron las pruebas y se «desnaturalizó el proceso»; pero «hay que respetarla, es democrática y lo que queda es cumplirla».
