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Observatorio DDHH-ULA pidió a MP investigar mala praxis de médico comunitario

Nora Sánchez /Mérida
@norasan16

Ha transcurrido más de un mes desde que en Mérida se conoció por rumores de pasillo dentro del Hospital Universitario de Los Andes (Hula) de un caso de presunta mala praxis médica por parte de una doctora, presuntamente egresada del programa de Medicina Integral Comunitaria (MIC).

Al Observatorio de Derechos Humanos (DDHH) de la Universidad de Los Andes (ULA), llegaron denuncias e informaciones que activaron a esta institución en la solicitud de investigación sobre el caso, que afecta directamente a una bebé recién nacida a quien la doctora presuntamente habría cortado el rostro y ojos con el bisturí, afectándole seriamente uno de sus ojos y causándole daños irreversibles en su córnea.

Mayda Hocevar, coordinadora del Observatorio de DDHH-ULA, informó de la solicitud hecha ante el Ministerio Público y detalló que el observatorio recibió la denuncia de presunta mala praxis médica por parte de galenos y especialistas que laboran en el principal centro asistencial de la entidad, «así como ante la insistencia y la aparición en la prensa local del padre de la recién nacida desmintiendo el caso (sin existir una denuncia pública, solo cadenas en redes sociales), pero dando elementos para confirmar que lo ocurrido es cierto. Por ello el Observatorio se activó en trabajar el caso», dijo.

Hocevar acotó que envió una comunicación al director del hospital de Mérida, José Ángel Ferrer, el pasado 27 de abril solicitando sus buenos oficios “para implementar los mecanismos a que haya lugar, a fin de iniciar la investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades, y lo más importante, evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir en el futuro. Ello en virtud de que posiblemente no estaríamos en presencia de un caso aislado, sino que ya hay antecedentes dada una denuncia realizada el 09/07/2014 en el Diario Los Andes por parte de familiares de otra parturienta”, expresó.

Mutismo hospitalario

A la fecha, el director del centro asistencial no ha dado respuesta alguna a la comunicación, pero casualmente, según Hocevar, un día antes de que llegara a su despacho la misiva, José Ángel Ferrer emitió una comunicación en la que le prohíbe a los jefes de Departamento, Servicios y Unidades que salga, sin su autorización y firma, cualquier documentación o comunicación, así como también cualquier tipo de declaraciones a medios de comunicación.

La solicitud de José Ángel Ferrer se fundamenta, según la circular, en lo establecido en el artículo 4 numeral 10 de la providencia administrativa Nº DG-003-2011 publicada en Gaceta Oficial del estado Mérida Nº extraordinaria, de fecha 27 de enero del año 2011.

En ese sentido, la coordinadora del Observatorio de DDHH-ULA, Mayda Hocevar, manifestó la preocupación que generó la circular, de la cual aseguró fue emitida dos días después de que el director del hospital recibiera la misiva del Observatorio y no antes como se evidencia en la misma.

“Dada la gravedad del caso y la certeza de nuestras fuentes en este hecho tan grave, que afecta a una bebé, hemos decidido introducir la denuncia a Fiscalía, a fin de que asuma sus competencias en uso de sus atribuciones e inicie la investigación y eventualmente se convierta en parte acusadora”, dijo Hocevar, al tiempo que resaltó que conoce de denuncias que datan del año 2014 en la que está involucrada presuntamente la misma doctora comunitaria en un caso en el que murieron la madre y su bebé durante un cesárea.

Desde el pasado 27 de abril ni el director del hospital de Mérida, José Ángel Ferrer, ni organismos como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial del estado Mérida y el Consejo de Protección del Municipio Libertador, que conocen de la denuncia hecha por el Observatorio de DDHH-ULA, se han pronunciado sobre el caso.

Con la solicitud a la Fiscalía, Mayda Hocevar espera que se inicie una investigación y se ejecuten una serie de procesos que constaten la denuncia, así como “se inicie un procedimiento por vía judicial en el que se haga justicia”, expresó.

Será la Fiscalía 12, a cargo del fiscal Iván Toro, la que procese la denuncia hecha por el Observatorio la cual ya cursa con un expediente abierto, signado con los números MP-174302-17.

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