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ONG: en febrero se registraron 63 ataques a defensores de DDHH en Venezuela

La ONG indicó que el 84 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y 16 % las personas que trabajan en la defensa de estas garantías

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), informó este lunes que en Venezuela se registraron 63 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en febrero, 42 menos que en enero, cuando se documentaron 105 casos.

La organización indicó en su más reciente informe que «continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, con avances normativos restrictivos del espacio cívico y democrático».

Asimismo, dijo que el contexto para la «defensa, exigencia y promoción» de los derechos humanos en Venezuela se torna más «restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos».

Del total de casos, 39 fueron de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, 7 de amenaza y un ataque digital.

La ONG indicó que el 84 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y 16 % las personas que trabajan en la defensa de estas garantías.

Según el informe, los principales victimarios fueron funcionarios públicos, 46 % de los casos, seguido de los medios de comunicación (24 %), personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (10 %) y organismos de seguridad (3 %).

«Los principales responsables de las agresiones cometidas a quienes defienden y exigen derechos humanos identificados incluye a miembros del Ejecutivo, ministros, diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), entre otros», agregó.

Sostuvo que para el «fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de derecho» es necesario garantizar la protección de un espacio cívico libre, así como la construcción de entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de los derechos.

«Para ello, el Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan la crisis de los derechos humanos y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja», añadió.

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