Actualidad Nacional

Ordenan captura de directivos de Citgo designados por Guaidó

El caso se remonta a 2011, cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez estatizó una mina de oro en Venezuela que le había sido adjudicada a Crystallex

El régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de captura contra dos directivos de Citgo designados por Juan Guaidó. Se trata de José Ramón Pocaterra y Andrés Felipe Yrigoyen. El fiscal general chavista, Tarek William Saab, indicó que ambos directivos son acusados de “delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia”.

“Se solicitó orden de aprehensión y medida de aseguramiento consistente en la prohibición de enajenar, gravar bienes muebles e inmuebles, orden de allanamiento y de incautación de bienes muebles e inmuebles contra los ciudadanos José Ramón Pocaterra, designado ilegalmente como miembro de la junta directiva, y Andrés Felipe Irrigoyen, designado ilegalmente como nuevo presidente”, dijo Saab en rueda de prensa.

Saab quien no reconoce la continuidad de Juan Guaidó como Presidente Encargado, subrayó que las designaciones “carecen de cualquier legitimidad o poder de decisión”, por lo que consideró “ilegal e írrita” la designación de Yrigoyen y Pocaterra como miembros de la junta directiva de Citgo.

Asimismo, Saab manifestó que esperan que con el apoyo de Interpol los ciudadanos Yrigoyen y Pocaterra “paguen por todo el daño que le han causado a Venezuela”.

Además el fiscal general de régimen de Maduro, aseguró que la comisión delegada “ha pretendido continuar con la ficción de que el Poder Legislativo, ya vencido, ostenta el control del Poder Ejecutivo”. Esto último haciendo referencia al hecho que el pasado 5 de enero se instaló una nueva Asamblea Nacional valiéndose de los resultados de las elecciones legislativas de diciembre de 2020, que fueron boitcoteados por la oposición, quienes argumentaban falta de transparencia. No obstante, la oposición continúa funcionando bajo la figura de la comisión delegada.

Esta medida que asume el régimen chavista llega dos días después que un dictamen de un tribunal estadounidense diera luz verde al proceso de venta de acciones de Citgo para compensar la deuda que se tiene con la canadiense Crystallex por la expropiación de una mina que operaba en Venezuela. Y es que el caso se remonta a 2011, cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez estatizó una mina de oro en Venezuela que le había sido adjudicada a Crystallex, a la que se le adeuda 1.200 millones de dólares que dispuso un arbitraje internacional.

Desde hace más de diez años, la cantidad de dólares se ha incrementado a 1.400 millones.

Por su parte Juan Guaidó, quien extendió su mandato como presidente interino un año más tras las fraudulentas elecciones parlamentarias del pasado diciembre, designó una nueva junta directiva de Citgo la semana pasada y que según Tarek William Saab, esa decisión impidió al régimen de Maduro ejercer una defensa adecuada contra la demanda realizada por Crystallex.

En una eventual Venezuela post Maduro, Citgo es considerada como un motor económico por ser una refinadora y comercializadora de combustible clave para PDVSA antes de las sanciones de Washington.

En diciembre del 2020, el Departamento del Tesoro de la administración Trump, que no reconoce a Maduro y apoya a Guaidó, emitió una licencia hasta julio de 2021 que prohíbe que ningún acreedor pueda embargar activos de PDVSA.

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