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Parlamento iniciará solicitud ante la ONU para activar los corredores humanitarios

Este martes 30 de enero la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo sobre la situación de la crisis humanitaria en la frontera venezolana, y solicitarán a la Organización de Naciones Unidad la implementación de corredores humanitarios para los venezolanos en el exilio.

La diputada por el estado Táchira, Gaby Arellano detalló que la situación en la frontera de Venezuela con Colombia ha llegado a niveles preocupantes, ya que hasta la fecha han salido 832 mil venezolanos según las cifras oficiales de Migración Venezuela, pero señaló que no están contabilizados los venezolanos que salen por las trochas.

En este sentido, explicó que muchos ciudadanos se han ido de manera ilegal ayudados por coyotes, una figura que destacó, solo existía en la frontera de México con Estados Unidos pero que debido a la alta cantidad de ciudadanos que se han cruzado la frontera ahora se estableció una organización de este tipo en las fronteras venezolanas.

Aseveró que la solicitud de la activación de esta ayuda es porque se debe entender que aunque «quedarse es un trauma, irse también lo es y por eso hay que escuchar a nuestra diaspora (…) muchos venezolanos no van a los consulados por miedo a que en lugar de ayudarlos, los reporten si les falta un documento».

Arellano detalló que ante esta situación la Iglesia ha jugado un papel importante. Monseñor Víctor Ochoa junto a otras 220 personas prestan apoyo para dar alimento a estas personas que a diario cruzan los puentes y carreteras hacía Colombia en busca de comida.

Explicó que esta iniciativa comenzó con solo un comedor hasta que lograron crecer pero aunque quisieran ayudar a todos, han tenido que establecer como norma solo recibir mujeres y niños porque muchos venezolanos tocan sus puertas, cada día atienden entre ocho y diez mil personas.

Asimismo, el presidente parlamentario, Omar Barboza dijo que también han cruzado hasta Brasil y caminan casi 200 kilometros.

Por otra parte, el diputado Carlos Valero aseguró que mientras continúe en el poder este Gobierno se espera que para este año la diaspora podría incrementar de cuatro a seis millones de venezolanos en el exterior.

«Masacre en El Junquito»

La presidenta de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, informó que el pasado viernes se consignó ante el alto Comisionado de Derechos Humanos el informe de esta Comisión, que «funge como pruebas de la ejecución extrajudicial ordenada por este Gobierno».

Recordó que el pasado 15 de enero fueron asesinados nueve ciudadanos, siete de ellos del grupo del ex inspector de Cicpc, Óscar Pérez, quienes, dejó claro tenían intención de entregarse y ser juzgados por la justicia venezolana pero lo «que recibieron fueron armas de guerra que según la Ley desarme solo deben ser usadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en esta ocasión fue accionada por la Policía Nacional Bolivariana».

Agregó que aquí en el país no existe la pena de muerte y en los países que si existen a las personas a las que se la aplican son primero sometidas a un proceso judicial para determinar su culpabilidad, proceso que señaló no se aplicó a estos ciudadanos, que según las pruebas que manejan pudieron ser ajusticiados.

Además, denunció que violaron la ley de la policía porque borraron toda la evidencia, el lugar de los hechos y también pretendían quemar los cuerpos de los sujetos, acciones que no se deben hacer cuando se debe realizar una investigación.

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