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Piden desalojo negociado de sede de la PM

Hay una alabanza a la muerte en el acceso a la sede de la Comandancia General de la extinta Policía Metropolitana, en Cotiza. Está escrita —en cursivas, negras— sobre el muro de la garita de vigilancia. No tiene firma, solo es un viejo lema militar: “Los comandos nunca mueren… Y en cualquier lugar donde nos sorprenda la muerte, bienvenida sea…”.

La plasmó un militante del colectivo 5 de Marzo. No ocurrió antes de la toma de la instalación por el grupo, sino después, cuando los miembros se apropiaron de ella. “Antes no se habría podido escribir. La institución era muy estricta”, dijo un ex sargento de la PM que ahora está sumado a las filas del 5 de Marzo.

La comandancia permanece ocupada desde 2011, luego de la liquidación de la PM. Entonces funcionarios que no habían sido reubicados en nuevos puestos de trabajo se quedaron en el lugar. Algunos tenían y aún tienen la compañía de sus familias. La situación representa un reto para el gobierno. Carmen Meléndez, ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ordenó el viernes recuperar infraestructuras del extinto cuerpo policial para patrullaje inteligente. La declaración fue su debut en el cargo.

Después de Miguel Rodríguez Torres —ministro que precedió a Meléndez hasta el 24 de octubre— nadie intentó intervenir en esos lugares. El allanamiento dirigido por el Sebin y la Policía Nacional, el 15 de septiembre de 2013, para recuperar la comandancia general de Cotiza fue fallido.

Aunque Rodríguez Torres aseguró que había incautado un arsenal en manos del 5 de Marzo y prometió instaurar el Instituto de Previsión Social para funcionarios policiales en la antigua sede principal de la PM, ninguno de los militantes del colectivo salió del sitio.

Uno de los miembros del 5 de Marzo, consultado para este trabajo, asegura que el gobierno no los ha contactado para el desalojo de la sede de la PM. Agrega que no cree que se nieguen a entregarla, pero solo si el Ejecutivo cumple con algunas condiciones.

Manos ajenas. El abogado Luis Izquiel, experto en temas de seguridad ciudadana, considera que recuperar la sede de la PM por asalto sería arriesgado. A su juicio, los módulos debieron ser traspasados inmediatamente a la Policía Nacional. “Nunca debieron estar en manos ajenas. Eso es una irregularidad que ahora quieren remendar. Esos espacios tuvieron que ser cedidos al nuevo cuerpo policial enseguida que se liquidó la PM. Si los colectivos no están en sintonía con el gobierno, será difícil que cedan los espacios”.

Izquiel dijo que si la entrega no es de mutuo acuerdo, podría ser conflictiva: “Una opción del gobierno es una negociación con el colectivo que ocupa la sede de la antigua PM para recuperar el espacio. De suceder eso, entonces habría una pregunta por contestar: ¿Qué se negociará?”, advirtió. Los miembros del grupo niegan que estén armados, pero el miércoles emitieron un comunicado en el que rechazan los planes de desarme gubernamental, lo que fue interpretado por muchos como una admisión tácita.

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