La Contraloría General de la República, cuya directiva fue designada por el gobierno de Nicolás Maduro, informó este jueves sobre la inhabilitación política durante 15 años de la ex fiscal general y disidente del chavismo Luisa Ortega Díaz; a su esposo y diputado, Germán Ferrer; a los legisladores Julio Borges y Tomás Guanipa y al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España.
En declaraciones al canal estatal VTV, el contralor general, Elvis Amoroso, indicó que Ortega Díaz, Ferrer, Borges y Ledezma, hoy exiliados y a quienes la Justicia les sigue procesos por diferentes causas, ocultaron y falsearon la información que presentaron en sus declaraciones juradas de patrimonio.
Guanipa, por su parte -de quien no se conoce su paradero luego de que la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por constituyentes afectos al chavismo, le levantara su inmunidad parlamentaria- también ocultó, según Amoroso, información en su declaración jurada de patrimonio.
El contralor también informó sobre el inicio de una auditoría patrimonial y del procedimiento de inhabilitación hasta por 15 años a los miembros de la junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de DV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de la filial petrolera en EEUU, Citgo, que designó el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.
En febrero pasado, Guaidó hizo la designación de esta junta directiva como parte de su lucha por «proteger» los activos del país frente al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de corrupción.
Amoroso indicó que «un verdadero hecho de corrupción» ha sido que Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, haya designado esta junta directiva.
«Constituye un asalto por parte de la irrita Asamblea Nacional (AN), órgano que se encuentra en desacato», dijo.
Los afectados con el procedimiento son «Carlos José Balza Guanipa, David Smolansky Urosa, Elio Ramón Tortolera, Luis Augusto Pacheco, María Elizabeth Lizardo de Jiménez (…) José Bilbao, Henrique Simón Torres, Rogelio Rafael Lozada, Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio Cabrera y Mireya Retalti de Amaya».
También el procurador ad-hoc designado por Guaidó, José Ignacio Hernández.
«Se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público y al Ministerio para el Poder Popular de Interior y Justicia proceder de forma inmediata a la prohibición de enajenar y gravar bienes de estos señores y señoras corruptos, apropiándose de nuestra empresa petrolera», pidió.
La junta directiva de Pdvsa designada por Guaidó fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en febrero pasado cuando también prohibió su salida del país, así como gravar bienes e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas.
Los miembros de esta junta también se encuentran fuera de Venezuela.
