Política

Torino Economics: La crisis política en Venezuela ¿Todos los caminos llevan al diálogo?

Torino Economics, señala en su más reciente informe sobre Venezuela que la política de sanciones ha ido escalando con el transcurso de los últimos años afectando a organismos gubernamentales, empresas y terceros relacionados con la administración de Nicolás Maduro

Desde el inicio de la recesión económica en 2013 hasta la actualidad, la crisis sociopolítica de Venezuela ha escalado en su dimensión, específicamente como resultado de la propagación a nivel internacional del conflicto interno que comenzó en el 2014, durante la administración de Barack Obama, cuando el Congreso de los Estados Unidos avaló una participación más activa, con la aprobación de la “Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de Venezuela de 2014” (Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014), por medio de la imposición de sanciones sobre funcionarios del Estado venezolano señalados por estar implicados en delitos de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Venezuela ese mismo año.

Sobre esto último, Torino Economics, la unidad de investigación de la consultora financiera Torino Capital, señala en su más reciente informe sobre Venezuela que la política de sanciones ha ido escalando con el transcurso de los últimos años afectando a organismos gubernamentales, empresas y terceros relacionados con la administración de Nicolás Maduro, hecho que ha venido replicándose desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en el año 2017.

En  particular, se vio una profundización de las restricciones tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela (2017), y la participación de países europeos y organismos regionales como la Unión Europea en la aplicación de medidas similares a las adoptadas por los Estados Unidos.

Internacionalización de la crisis: ¿Una respuesta tardía?

La dilatación de una respuesta ante la crisis venezolana se puede atribuir principalmente a la  heterogeneidad de la región, lo cual da lugar a profundas divisiones, lo cual impide la acción conjunta y coordinada frente a la crisis venezolana, sostiene Torino Economics en su informe. 

En este sentido, es importante destacar el caso del denominado Grupo de Lima, un conjunto de países de la región que han tenido cierta visibilidad en los últimos años, pero se ha ido diluyendo en su capacidad de influencia, sin lograr articular acciones que permitan una resolución del conflicto en términos políticos.

Uno de los eventos más resaltantes, fue la salida de Argentina del grupo ante el desacuerdo respecto a la forma en que se ha manejado el caso venezolano.

Por otra parte, en cuanto al papel de EEUU, pese a que desde la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías el Gobierno venezolano planteó una postura crítica al Gobierno estadounidense, que se propagó en la región bajo el patrocinio de la bonanza petrolera percibida especialmente entre los años 2004 y 2008, (así como la promoción de nuevas alianzas extraregionales, con potencias como China y Rusia), fue en 2014 cuando la nación norteamericana decidió emprender medidas contra el Ejecutivo venezolano, pasando a ser considerado desde 2015 como una amenaza para su seguridad nacional.

En su inicio, las sanciones se centraban primordialmente en ser aplicadas a individuos específicos. No obstante, luego de la llegada de Donald Trump, especialmente desde 2019, estas medidas escalaron hasta el Gobierno venezolano y la estatal petrolera PDVSA, principal fuente de ingresos del Estado.

Sin embargo, aunque las sanciones fueron endurecidas durante el gobierno de Trump, la efectividad de estas se vio atenuada ante la ausencia de una iniciativa multilateral, basada en la construcción y ejecución de acciones conjuntas con otras naciones.

Además, se resalta el hecho que la administración de Nicolás Maduro ha contado con el apoyo de  países como China, Rusia y recientemente otras naciones como Irán, lo que le ha permitido mantener el poder pese al impacto económico de tales medidas.

EEUU, China, y Rusia: ¿Por qué importa tanto Venezuela?

Para Torino Economics, el paradigma según el cual la administración estadounidense responde a intereses económicos relacionados con la apropiación de la riqueza, especialmente la petrolera en el caso venezolano resultaría débil por dos razones fundamentales:

1) EEUU posee autosuficiencia energética gracias al fracking y al shale oil (petróleo de esquistos), así como alternativas de crudo pesado, tales como Canadá.

2) La industria petrolera venezolana presenta graves problemas como resultado de la desinversión y mala gestión de los últimos 20 años, haciendo que la misma pasara de ser una de las empresas petroleras más competitivas a nivel mundial a finales del siglo pasado, a una fuente de financiamiento de los proyectos políticos del Gobierno.

En este sentido, resulta más evidente el interés económico proveniente de China y Rusia por la posesión de los recursos petroleros, especialmente considerando la importante penetración de capital de origen chino y ruso presente en la industria petrolera venezolana. Consecuentemente, Venezuela básicamente resulta relevante para la política exterior estadounidense en términos geopolíticos, como un reto para recuperar su liderazgo en el hemisferio, además de que también la crisis venezolana fue una buena bandera política en las pasadas elecciones presidenciales.

Presidencia interina de Guaidó: Polarización de la política internacional

La proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019, dio un nuevo rumbo al conflicto venezolano, cambiando el escenario para los actores internacionales involucrados, dando paso al surgimiento de una polarización: aquellos que reconocen el gobierno de Maduro y aquellos que reconocen a Guaidó, siendo la base de un conflicto de legitimidad que surgió luego de las elecciones presidenciales adelantadas que se celebraron en el 2018, y las cuales fueron desconocidas por parte de la comunidad internacional.

El primer gobierno en reconocer la presidencia interina de Guaidó, fue el gobierno de Donald Trump, seguido por una serie de reconocimientos por parte de varios países del mundo, especialmente en la región, caso específico del Grupo de Lima, producto en gran medida de una importante maniobra realizada por diferentes líderes de oposición, entre ellos Leopoldo López.

Sin embargo, pese al reconocimiento de la administración de Guaidó por parte de la mayor parte de los países que conforman la región, la UE fue más cauta en cuanto a tal reconocimiento, y aunque varios países reconocieron al gobierno de Guaidó, el discurso del bloque europeo se ha mantenido en promover la celebración de elecciones libres, justas, y confiables, en concordación con los estándares internacionales y el marco local.

No obstante, pese a los distintos reconocimientos de Guaidó en una jugada que parecía condenar al gobierno de Maduro al aislamiento y posterior quiebre de su estructura, el vigor del gobierno interino se ha ido atenuando con el tiempo, especialmente ante la incapacidad para generar movilización, y ejercer poder internamente, habiendo perdido sistemáticamente espacios de poder y liderazgo.

De hecho, tras el vencimiento del periodo de vigencia de la Asamblea Nacional electa en 2015, esta pérdida de “poder” ha sucedido en el ámbito internacional, dejando de ser reconocido por la UE como presidente interino, recuerda Torino Economics.

Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación: ¿Otra mesa de diálogo fracasada?

El pasado 14 de enero, la nueva Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 instaló la Comisión de Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, la cual sería presidida por Jorge Rodríguez, con el objetivo de establecer una mesa de diálogo con los diferentes sectores que componen la sociedad venezolana en miras de generar un plan nacional para la recuperación económica.

Sin embargo, hay que destacar que, además de buscar soluciones conjuntas a la crisis que atraviesa el país, esta mesa de diálogo nacional también persigue establecer un discurso político conjunto en contra de dichas sanciones estadounidenses.

Hasta el 31 de marzo, la comisión se había reunido con varios sectores, incluyendo universidades, cámaras de comercio, gremios y sindicatos, medios de comunicación, entre otros.

Durante los encuentros sostenidos, se destaca el diálogo sostenido con los representantes de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción), el cual se llevó a cabo a finales de enero, y donde se planteó la necesidad de generar un plan de trabajo, que posteriormente sería entregado bajo el nombre de: “Propuestas para la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional.

La propuesta se centró en 4 aspectos base: 1) el plan base de trabajo, 2) medidas urgentes, 3) medidas transversales, y 4) medidas sectoriales.

Este cuarto aspecto se planteó en función de que la organización de empresarios preveía que con este plan se pudiera: establecer un diálogo constructivo, estructurado y permanente que permita condiciones propicias para el desarrollo económico y social de la nación; abrirse camino a una nueva etapa de fórmulas de mayor participación privada bajo esquemas institucionales que promuevan la actividad empresarial privada, sin criminalizarla; e incorporar incentivos para la entrada de capitales, en primera instancia para soportar la reactivación y el capital de trabajo, y en segunda, como inversión para actualización de la capacidad productiva, explica Torino Economics.

Enfoque de Torino Economics:

Ante la evolución de la crisis venezolana, parece estar demostrado que, pese a la influencia de los actores internacionales, su incidencia eficaz para la solución del conflicto político, especialmente ante la ausencia de medidas multilaterales, es limitada.

De esta manera, se hace necesario que emerjan consensos internos que permitan generar planes conjuntos para superar la crisis política, y con ello articular un plan de recuperación económica con el soporte de organismos internacionales.

La semana pasada, Juan Guaidó expuso a través de su cuenta de Twitter, una propuesta denominada “Acuerdo de Salvación Nacional”, en la cual no sólo invitó a sectores del gobierno de Nicolás Maduro a establecer una nueva mesa de diálogo, sino que además planteó la flexibilización gradual de las sanciones estadounidense como una forma de “incentivo” al gobierno para promover la realización de elecciones generales en el país.

Frente a esto, Nicolás Maduro mostró disposición, aclarando que las mesas de diálogo ya están abiertas, y que el sector opositor liderado por Guaidó es bienvenido a participar.

Cabe destacar que, este nuevo acercamiento aún se encuentra sin concreción, dado que Guaidó posee un reducido margen de maniobra, en medio de sus esfuerzos por articular una coalición internacional para presionar la salida de Maduro del poder.

Por ello, surge la propuesta de alivio en las sanciones para apuntar a un nuevo escenario de negociaciones.

Sin embargo, no está exento de riesgos este nuevo intento para alcanzar un consenso entre todos los sectores de la sociedad venezolana: el proceso de diálogo que se está ejecutando en la actualidad -en el contexto de la denominada “Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional”-, que ha generado reservas en múltiples actores, especialmente el sector empresarial, reservas en torno a la posibilidad de que el gobierno de Maduro permita incorporar distintas visiones políticas para apuntalar una recuperación económica efectiva.

A su vez, resulta de interés observar el acercamiento del Gobierno hacia un gremio empresarial tal como Fedecámaras, cuyo antecedente en el ámbito político se remite a su participación en las movilizaciones en contra de Hugo Chávez, evento que desencadenó su breve derrocamiento en abril de 2002.

Este hecho podría considerarse como un reconocimiento implícito por parte del gobierno de Maduro sobre sus limitaciones para revertir, por sí solo, la debacle de la economía venezolana.

En este sentido, pese a las evidentes diferencias ideológicas que existen entre las actores políticos en conflicto, esta nueva iniciativa de diálogo, en particular con el sector empresarial, podría representar una nueva ventana de oportunidades, dado que, a diferencia de las experiencias anteriores, esta última está dando lugar a un espacio de mutuo reconocimiento, lo cual podría derivar en un nivel de cooperación más significativo (incluso en relación con la adquisición de vacunas contra el COVID-19); siendo una prueba de esto la disposición por parte de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, a las propuestas de reforma que se realizaron desde Fedecámaras. Partiendo de lo anterior, Torino Economics concluye en su informe sobre Venezuela, que para poder observar los resultados concretos del actual escenario político aún queda un largo camino por recorrer.    

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