Presidente del TSJ rechazó declaraciones de Human Rights Watch
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora Díaz, rechazó las ideas expuestas en el Informe Mundial 2006 de la organización Human Rights Watch, donde se alude al debilitamiento del Poder Judicial y la libertad de expresión en el país. Llamó al director ejecutivo del organismo, Kenneth Roth, “inmoral”, “descarado” y “sinvergüenza”.
Así comenzó la apertura al año judicial 2006 en el TSJ, lugar donde Mora manifestó indignación por las recientes declaraciones, y en respuesta señaló que el Gobierno trabaja diariamente por el logro de un estado con un nuevo Poder Judicial, “verdaderamente democrático”.
“Este señor está mintiéndole al mundo. Llama la atención que este tipo de organizaciones nunca dijo nada desde 1999 hacia atrás”, agregó al dirigirse a los medios de comunicación.
Señaló que los concursos de oposición, para ingreso del personal judicial, son muestra de la legitimidad del ente público. La “validad y excelencia académica” también, según Mora, son modelos a seguir en el TSJ.
Entre los comentarios, Mora se preguntó por qué la directiva de Human Rights Watch no se pronunció frente a la revocación de su visa, que hiciera la embajada de Estados Unidos; y sobre la libertad del terrorista Posada Carriles.
Por último se preguntó por el registro del organismo y sus estatutos, así como por el financiamiento, donde apuntó a la CIA y al Departamento de Estado de los Estados Unidos como posibles proveedores.
Sobre el informe
En el capítulo dedicado al país, se acusa al presidente de la República, Hugo Chávez, de promulgar leyes para debilitar la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión. «Desde que ganó un referéndum nacional sobre su presidencia, en 2004, Chávez y su coalición mayoritaria en el Congreso han adoptado medidas para debilitar la independencia del Poder Judicial», afirma la organización con sede en Nueva York, en su Informe Mundial 2006, citado por la agencia AFP.
Como ejemplo de ello, Human Rights Watch cita la decisión que la Asamblea Nacional tomó en diciembre de 2004 de «copar la Corte Suprema con 12 nuevos magistrados» luego de la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La toma política del máximo tribunal, de acuerdo con el documento, «agravó el daño que ya habían provocado a la independencia judicial las políticas de la propia Corte, que ostenta el control administrativo de la Judicatura y que no ha ofrecido seguridad en el puesto a 80% de los jueces del país».
Además, prosigue la organización, el gobierno del presidente Chávez «promulgó leyes que amenazan seriamente la libertad de prensa y la libertad de expresión», al referirse a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y la reforma del Código Penal. Como resultado, señala el informe, «varios miembros destacados de la sociedad civil han sido objeto de enjuiciamientos por cargos altamente dudosos, y los funcionarios del Gobierno han acusado repetidamente a los defensores de los derechos humanos de conspirar contra la nación».
