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«Presos políticos» venezolanos liberados no se pudieron presentar ante tribunales

Los expresos políticos tenían previsto presentarse este martes ante los tribunales que llevan sus casos para conocer en qué condiciones quedan tras ser liberados sin embargo, estos no pudo ser porque no hubo despacho.

Los venezolanos fueron liberados entre el 23 y el 25 de diciembre y debían presentarse ante los tribunales para conocer los detalles se su libertad.

Una de las liberadas que se va a presentar ante la corte que se encarga de su causa es la hispano-venezolana Andrea González, una de las galardonadas con el premio Sájarov del Parlamento Europeo.

González fue detenida en agosto de 2014 al ser implicada por un asesino confeso en un supuesto plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, y estaba presa desde entonces en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide.

Junto a ella acudirá al tribunal su amiga Betty Grossi, encarcelada por el mismo caso, según confirmó a Efe el abogado de ambas, Joel García.

Otro de los defendidos de García, el ingeniero Juan Miguel de Sousa -preso desde enero de 2015 y acusado de «asociación para delinquir» y «terrorismo»- también comparecerá ante el tribunal para saber en qué condiciones continúa su vida fuera de prisión.

Según pudo saber EFE de otros abogados, sus clientes se presentarán asimismo ante los tribunales para saber qué medidas sustitutivas de la privación de libertad dictan para ellos.

«Lo que debería ser es que el tribunal te dé la orden y después te suelten, pero en este sistema el Gobierno da la orden y después tienes que irte a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas que te dieron», explica a EFE la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de uno de los liberados, el exalcalde opositor Alfredo Ramos.

Ramos, de 62 años y con problemas de hipertensión, fue detenido en julio por no levantar de las calles del municipio Iribarren (en Barquisimeto, en el oeste del país) las barricadas erigidas durante las protestas antigubernamentales de este año.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya le ha ordenado que se presente cada treinta días ante una instancia judicial Barquisimeto como medida sustitutiva de la privación de libertad.

La liberación de estas personas, consideradas presos políticos por la oposición y por EE.UU. y la Unión Europea y organizaciones pro derechos humanos, se produce en pleno diálogo entre el Gobierno y la oposición, que volverán a reunirse el 11 y el 12 de diciembre en República Dominicana.

La liberación de todos los «presos políticos» es una de las peticiones de los opositores en los diálogos que mantienen con el Gobierno e Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela desde hace meses.

Además exigen cambios en el Consejo Electoral, del que desconfían, la restitución de los poderes del Parlamento, de mayoría opositora, y la apertura de un canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas.

El oficialismo pide por su parte la aceptación de la Asamblea Constituyente, órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas, y no reconocido por la oposición y varios países.

Según grupos de defensa de derechos humanos, decenas de personas continúan encarceladas en Venezuela por motivos políticos.

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