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Con protesta de calle docentes de la Gobernación de Vargas rechazan pagos “chucutos”

Marighzell Lucena – Vargas

@mlucena15

Bajo la consigna “Somos docentes, no somos delincuentes”, los educadores estadales en el estado Vargas protestaron una vez más en las afueras de la sede administrativa de la Gobernación, en rechazo al pago “chucuto” de sus salarios y el desconocimiento de beneficios contractuales del personal jubilado. Tras asamblea realizada en la Cámara de Comercio, los profesionales de la enseñanza acordaron acudir hasta la instancia administrativa, donde de manera intermitente interrumpieron el paso vehicular, hasta que se les garantizó que serían atendidos por funcionarios del despacho gubernamental.

Raúl Yemiñame, secretario general de Sitravargas, explicó que el pago de los salarios fue calculado en base a un tabulador, que desmejoró considerablemente los ingresos; sumado a que el ejecutivo regional no ha honrado las deudas pendientes desde el 2016, a razón de la Convención Colectiva Unitaria de la Educación. “Los pagos fueron mal calculados y no sabemos que tabulador aplicaron. A los jubilados no quitaron los beneficios contractuales, desconociendo las primas de antigüedad, profesionalización y jerarquía”, dijo.

Cerca de 853 jubilados están siendo perjudicados con el desconocimiento de los beneficios contractuales, accediendo sólo al salario mínimo actual. Asimismo los educadores exigieron condiciones laborales mínimas, haciendo referencia al deterioro y la falta de mantenimiento de la estructura de los planteles. “Durante las vacaciones escolares ningún plantel fue objeto de cuidados o mantenimiento, por lo que tanto alumnos como docentes padecen las consecuencias de plantas físicas en franco deterioro. Este ha sido el inicio de año escolar más adverso para la educación venezolana y exigimos respuesta a los responsables”, recalcó Yemiñame.

Para el viernes 5 de octubre el gremio docente estará participando en la convocatoria a marcha hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo en La Guaira, para introducir un pliego conflictivo y exigir el cumplimiento de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, así como de la Ley Orgánica del Trabajo, ante el desconocimiento de las convenciones colectivas que pudiera pretender el gobierno.

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