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Provea denuncia acoso contra quienes colaboran con la CPI

Un total de 111 organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que las autoridades de Venezuela emprendieron una campaña de "desprestigio y criminalización"

Un total de 111 organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas denunciaron este viernes que las autoridades del país emprendieron una campaña de «desprestigio y criminalización» en contra de quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el examen preliminar que se abrió sobre Venezuela.

En un comunicado, publicado por la ONG Provea, se indicó que la presencia del fiscal de la CPI, Karim Khan, esta semana en Venezuela, ha motivado una «intensa estrategia» de propaganda a través de los medios estatales.

«Como lo refleja el documento oficial ‘Venezuela Garante de DDHH’ uno de los componentes de la campaña es la criminalización y desprestigio de quienes han remitido denuncias, incluyendo a defensores de derechos humanos», señalaron.

Las organizaciones recordaron que en febrero de 2018, la CPI decidió empezar un examen preliminar para investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017.

«A partir del inicio del examen preliminar, diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información a la Fiscalía de la CPI para que cuente con los insumos necesarios para decidir o no el inicio de una investigación formal sobre crímenes contra la humanidad ocurridos en Venezuela», explicaron las ONG.

A juicio de las organizaciones, la «política sistemática» del Estado de «restringir el espacio cívico en el país», incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, «ratifica que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela».

«Además, reitera las conclusiones del reciente informe de la Misión Independiente de la Determinación de Hechos (de Naciones Unidas) sobre las profundas irregularidades en el sistema de administración de justicia, el cual es utilizado como un instrumento de persecución a la disidencia», añadieron.

Las ONG sostuvieron que esta campaña busca «atemorizar a las víctimas para inhibirlas (a) que continúen suministrando sus testimonios».

«Instamos al equipo de trabajo de la Fiscalía de la CPI que haga un seguimiento de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo que refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma», agregaron.

El miércoles, Khan anunció que abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la nación, si bien aclaró que, por ahora, «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».

El anuncio llegó luego de tres días de visita a Venezuela del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien compareció ante los medios junto a Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige «ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela».

«(La Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», destacó.

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