Provea exige protocolos de atención que respeten DDHH en retorno de venezolanos

Centenares de venezolanos en situación de migración forzada están retornando al país por causa de la situación de vulnerabilidad y desprotección en otras naciones, en medio de la pandemia por covid-19.

En ese sentido, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), junto con el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), Laboratorio de Paz y defensoras de derechos humanos en Táchira, realizaron un informe en el que detallaron tres casos de alojamientos temporales en los que no se cumplen condiciones ni estándares basados en los parámetros de la OMS/OPS para la atención de las personas ante el coronavirus en el país.

Del mismo modo, exigieron que durante el retorno de venezolanos se debe cumplir ciertos protocolos y “respetar la dignidad humana”. También hicieron un llamado a las agencias de las Naciones Unidas en el país a movilizarse a la frontera y “garantizar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades”.

“Las autoridades locales deben garantizar que los protocolos de atención a su llegada cumplan con principios médicos y técnicos, pero también respetuosos de la dignidad humana.  No se debe obstaculizar el trabajo de los actores humanitarios nacionales, y defensores de derechos humanos, que puedan brindar apoyo en las garantías a los derechos humanos de quienes regresan al país en difíciles circunstancias físicas y emocionales.”

Desde principios de marzo se ha conocido que los venezolanos, principalmente en Colombia, se ven impedidos de ejercer sus ocupaciones informales y están siendo desalojados de sus viviendas al no poder seguir pagando los alquileres, apunta el informe.

El 7 de abril, la gobernación del Norte de Santander reveló que desde el 14 de marzo habrían pasado 30 mil personas a Venezuela. Desde el 18 de marzo las organizaciones humanitarias que brindaban apoyo en la frontera del lado colombiano, comida y medicinas a los venezolanos, suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, como medida para prevenir la propagación del covid-19.

Cifra de retornados podría llegar al millón y medio

De acuerdo con el informe, el director del Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela, Eduardo Soto, declaró para Radio Fe y Alegría Noticias que podrían llegar a ser un millón y medio los retornados en todo el país para los próximos meses. Explicó que la pandemia ha revelado las injusticias estructurales que sufren los migrantes en la región y que la negación del derecho a la salud o la negación de la asistencia médica, así como la pérdida de ingresos económicos, serían de las principales motivaciones para que las personas decidan retornar.

“Así como muchos de ellos no planificaron su ida, de la misma manera están regresando: gastando sus ahorros, a riesgos, muchos de ellos enfermos con nada que tenga que ver con el covid-19, pero no pueden recibir la atención en el lugar donde estaban”.

Eduardo Soto, director del Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela.

Sobre la cifra definitiva de retornados, Eduardo Soto expresó que dependerá de la capacidad que tengan para emprender el viaje de retorno: “dependiendo de cómo evolucionan las medidas de restricción y de cómo evolucionan las medidas de protección a los migrantes fuera del país”.

Respuesta de Venezuela: centros de alojamiento temporal

El Estado venezolano ha dispuesto “centros de alojamiento temporal” destinados a los retornados en los diferentes estados del país. Aún se desconoce cuáles y cuántos son, pero en el informe citan estimaciones de Naciones Unidas que apuntan a 7 estados (Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira, Zulia) en los que habría 71 centros con una capacidad para 3.664 personas.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos llaman la atención a que en esa lista de la ONU no figura el primer centro que comenzó a funcionar en el interior del país: la Villa Bolivariana en Barquisimeto, estado Lara.

En el informe, describen y analizan el estatus de ese centro de alojamiento, así como el de refugios temporales en Táchira: el Liceo Manuel Díaz Rodríguez, “El pedagógico (UPEL) y “La Normal” en Rubio.

El informe concluye que en ninguno de los espacios utilizados para el alojamiento temporal cuentan con las condiciones ni estándares para la atención de personas con un alto nivel de vulnerabilidad porque “además retornan a un país del que salieron huyendo por condiciones precarias de vida y regresan en condición de alta fragilidad psicoemocional, económica y de revictimización”.

“En los tres casos encontramos que la respuesta no ha sido apropiada y que sobre la marcha autoridades van suministrando atención que en nada se adecuan a protocolos mínimos para este tipo de requerimientos en situaciones de pandemia para un alto flujo de personas”.

Entre las situaciones más preocupantes observadas en su análisis, destacan:

• La utilización de espacios que no están adecuados para la pernocta de personas.
• Condiciones de hacinamiento e insalubridad.
• Falta de baños y/o de colocación y mantenimiento de baños portátiles.
• Falta de lavamanos.
• Falta de servicios básicos como agua y electricidad.
• Falta de bienes y enseres para la pernocta.
• Alimentación escasa y sin una dieta nutricional apropiada.
• Falta de agua potable, pastillas potabilizadoras o filtros.
• Falta de kits de higiene personal y kits para mujeres en periodo de menstruación.
• Falta de guantes, tapabocas y de insumos para la prevención del contagio.
• Falta de enseres mínimos y fundamentales: filtros, mosquiteros, ventiladores, colchonetas, sábanas, lámparas.
• Falta de productos para la limpieza del lugar, jabón, desinfectante, cloro.
• Kits para infantes en lactancia no materna.
• Custodia militarizada. Falta de personal médico, de atención psicológica y emocional.

En ese sentido, solicitaron que las personas que hayan dado negativo por covid-19 “deben ser sacadas de los alojamientos temporales, llevadas a sus casas” e informarles medidas de prevención para ellos y sus familiares, así como realizarles seguimiento en el sitio.

Del mismo modo, pidieron a autoridades venezolanas que se permita a las agencias de cooperación de la ONU, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Organización Mundial de la Salud, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Acnur, Unicef y organizaciones humanitarias con presencia en Venezuela, a entrar a constatar las condiciones en los centros de alojamiento, apoyar en labores humanitarias y hacer seguimiento que garantice los derechos humanos.

Exigieron «información oficial pública y veraz» de cada uno de los sitios de alojamiento, las personas, las condiciones, los protocolos que se están aplicando, el personal encargado, etc. que permita hacer monitoreo y contraloría en materia de derechos humanos.

También pidieron desmilitarizar la custodia de los espacios, permitir la entrada de personal multidisciplinario en materia de salud física, psicólogos, y psicopedagogos para atención de niño/as y adolescentes.

De último, piden a las autoridades civiles y militares abstenerse de realizar tratos inhumanos, crueles y degradantes «al sugerir, pública o privadamente, que los retornados son responsables de su situación de confinamiento y transmisión del virus dentro de Venezuela; o de obligarlos a realizar declaraciones, en contra de su voluntad, sobre supuestos o reales actos de xenofobia en otros países en su contra».