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Quiebre de empresas alimenticias en Venezuela: expropiación, ineficiencia y cleptocracia

De las 576 empresas estatales que han sido identificadas en el inventario realizado durante 2018 por la ONG TRANSPARENCIA Venezuela, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.

La mayoría de ellas, están dirigidas por uniformados tanto en nóminas de empleados como en cargos directivos. Sin embargo, para septiembre de 2018, de las 576 empresas estatales monitoreadas por la ONG, sólo se pudo comprobar el funcionamiento de 512 y, en 342 de ellas, no se logró identificar el presidente, los directores ni la junta Directiva de las mismas.

En la segunda fase de la investigación TRANSPARENCIA Venezuela analizó 576 Empresas Propiedad del Estado EPE, y se estudiaron especialmente 160 de cuatro sectores que impactan la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario, hidrocarburos, minería y metalurgia y servicios públicos. El resultado arrojó que 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas.

La falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente, son prácticas comunes en las Empresas del Estado (EPE) que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas en Venezuela.

 

¿Qué es la Cleptocracia?

Según TRANSPARENCIA Venezuela, la Cleptocracia se refiere al sistema de gobierno que en lugar de buscar el bien común, está centrado en el enriquecimiento de sus propios dirigentes con recursos públicos. Es aceptado también como el establecimiento y desarrollo de poder basado en el robo de recursos públicos, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado.

El modelo cleptocrático que se ha potenciado con las leyes habilitantes desde 1999 -2000 y 2000 -2006, decretos de estado de emergencia económicas y leyes de emergencia, ha encontrado los mecanismos legales para facilitar las compras sin procesos licitatorios para cometer así numerosos actos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras.

Durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, se dictaron tres leyes habilitantes que otorgaron al Presidente poderes extraordinarios. En el marco de dichas leyes, declaró la emergencia del sector eléctrico, lo que permitió a CORPOELEC, PDVSA y al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica MPPEE, realizar adquisiciones de generación, mediante contratación directa sin pasar por ningún tipo de controles.

En el decreto de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010, se le permitió a CORPOELEC, PDVSA  y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones. La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.

Éstos actos, obedecen a comportamientos criminales colectivos, con estrategias que se realizan de forma sistemática. Es un modelo en el cual hay complicidad de personas del alto gobierno y se organiza de manera coordinada para enriquecerse y utilizar los dineros públicos, apropiados ilícitamente, para mantenerse en el poder. En Venezuela se ha venido conformando un sistema con rasgos cleptocráticos y características particulares. Las empresas propiedad de Estado no escapan a esa manera de manejar los recursos y el patrimonio público.

La mayoría de las empresas del Estado, tienen conflictos laborales relacionados con incumplimiento de la contratación colectiva, violación de derechos laborales y sindicales, bajos salarios, carencias de insumos para el funcionamiento de las empresas y problemas de seguridad industrial. Estos conflictos laborales se han presentado con mayor frecuencia en PDVSA, CORPOELEC, Empresas básicas de Guayana, Metro de Caracas y CANTV.

Muchas otras empresas manejadas por el Estado y que hoy funcionan a media máquina, permanecen quebradas y cerradas. Uno de los motivos se debe a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y miembros de la FANB, han estado encargados del manejo del sistema de control de cambio y la asignación de las divisas preferenciales, de la importación de alimentos y otros insumos.

 

¿Qué pasó con Lácteos Los Andes?

Productos de Lácteos Los Andes/imagen:Zakopianskie

Está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación como Lácteos Los Andes C.A. Fue registrada el 17 de diciembre de 1984 para dedicarse a la pasteurización de leche, fabricación de queso y otros derivados lácteos, así como jugos naturales, bebidas y alimentos. Pero no es sino en 2008, cuando se expropia a la antigua empresa PARMALAT y se instala Lácteos Los Andes, ésta «fue comprada» a la PARMALAT en marzo de 2008 a través de PDVSA por 201 millones de dólares.

El grupo empresarial de Lácteos Los Andes estaba integrado por 45 sociedades comerciales entre las que destacaban dos plantas procesadoras de leche cruda y productoras de derivados lácteos, néctares y jugos, una planta de quesos y mantequilla, una comercializadora de leche cruda, tres centros principales de distribución y dos mini holding de transporte y servicios. Tenía registradas las marcas comerciales Los Andes, Frutel, Ella, Bio y Cebú. Apenas un año después de la estatización de Lácteos Los Andes, los trabajadores iniciaron reclamos por presuntas limitaciones a la participación en la gestión y al ejercicio de contraloría social.

El 19 de octubre de 2018, los medios de comunicación reseñaban el quiebre de la empresa Lácteos Los Andes del municipio Machiques de Perijá en el Estado Zulia después de conocer que «(…) no está procesando ni un litro de leche», según la denuncia formal de Víctor Ballesteros, quien se identificó como luchador social, y como luego corroboraron los medios de comunicación.

Hasta 2015, la empresa producía leche de larga duración, formula infantil, leche descremada, mantequilla y leche condensada. Sin embargo, la industria que fue reconocida por procesar más de 1.400.000 litros se presenta en quiebre.

Ballesteros declaró a la prensa en 2018, que luego de que la empresa fuera expropiada por el gobierno de Hugo Chávez, «(…) su situación actual es de precariedad y de absoluta quiebra, (…) una planta que está diseñada para pulverizar la materia prima hoy día no está procesando ni un litro de leche, además de denunciar «(…) un grave deterioro en la maquinaria de la planta» debido a las deudas con los productores zulianos a quienes «(…) duraban hasta dos meses sin pagarles a los ganaderos y por ello, dejaron de entregar la materia prima».

El resto de las sedes de Lácteos Los Andes, se mantienen operando con pocos recursos que registran la merma de su producción de alimentos en un 76%. De allí que muchos de los productos hayan desaparecido de los anaqueles de los supermercados en Venezuela. Los perfiles de las redes sociales de la empresa no registran ningún tipo de información relacionada con la empresa, sólo se avocan a la promoción de propaganda del Estado.

 

«Exprópiese»

Imagen de Cargill Inc.

La empresa norteamericana Cargill Inc., fundada por Willian Cargill en 1865, llegó a Venezuela en el año 1986 alimentando a todas las localidades en las cuales se encuentran las plantas y sucursales de la empresa que no sólo se dedican a satisfacer las necesidades de sus clientes a través de sus actividades comerciales y productivas, sino que además funcionaba como instrumento para organizar y canalizar las donaciones que Cargill hacia varios sectores del país como el agroindustrial y pecuario, consumo masivo, macro industrias, franquicias y panaderías en toda la nación, generando además numerosas fuentes de empleos.

A través de la medida publicada en la Gaceta Oficial 39128 del 2 de marzo de 2009, se ordenó a todas las empresas agroindustriales producir 80% de arroz regulado, de lo contrario, serían sancionadas como lo establece la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios. Con esta excusa, el gobierno nacional expropió la planta de Cargill procesadora de Arroz Parboiled ubicada en Píritu estado Portuguesa porque «(…) violaba lo dispuesto de procesar 80% de arroz blanco de mesa al precio regulado», resultando amenazado principalmente el sector productivo venezolano.

Muchos rubros en el sector de alimentos desaparecieron de los abastos y supermercados

  • Aceites: El Rey, Vatel, Deleite, La Española y la manteca Los Tres Cochinitos
  • Harinas: Blancaflor
  • Pastas: Milani y Ronco
  • Salsas: Ronco
  • Néctares: Tropimax
  • Productos para mascotas: Dogui, Gati, Robustin y Perrovita

Para el 4 de marzo de 2009, el presidente Hugo Chávez exigió una investigación judicial contra la empresa porque presuntamente acaparaba arroz y fabricaba el tipo parboiled que se vendía a un precio superior. Luego de un año de la expropiación, la afirmación del ministro de Comercio siguió vigente, y la empresa en manos del Gobierno no procesó más ni un gramo de arroz regulado.

En 2018, en lugar de elevarse la capacidad de producción de arroz en el país, éste se reportó en una reducción de 50%, incluso el procesamiento de la variedad parboiled también ha caído en más de 66%. De 2.400 toneladas de arroz empacado vaporizado que distribuía la empresa al mercado nacional, para marzo de 2009, en 2010 a manos del socialismo, apenas llegaba a 800 toneladas.

En 2010, la empresa Cargill Inc, publicó  a la opinión pública los resultados de la expropiación: «(…)el producto, con la marca Arroz del Alba Parbolizado, llega a los supermercados PDVAL y Bicentenario a 4,40 bolívares el kilo, 20,2% más caro que el regulado que se vende en 3,66 bolívares. En letreros puestos en los supermercados del Gobierno se indica que el arroz parboiled socialista es más barato que «el capitalista», que cuesta entre 5,60 y 8,30 bolívares el kilo».

El Ejecutivo admite que «(…) los costos de producción de esta variedad son elevados y sobrepasan los 3,54 bolívares por kilo. En el sector privado las procesadoras de arroz dejaron de colocar en el mercado el parboiled, por las restricciones impuestas. Sólo una empresa saca una pequeña cantidad que no alcanza 5% de su producción.»

Café Fama de América

Café Fama de América/foto: Archivo

Hasta 1998 Venezuela Café Fama de América no solo cumplía con la demanda al 100% del consumo interno, sino que exportaba un excedente equivalente a 450 mil quintales o 13 millones 800 mil kilos de granos listos para ser molidos. Para 2015, solo se cosechaba 22,5% de la necesidad del mercado nacional, representado en 450 mil quintales, de dos millones que se requerían.

El problema comienza en noviembre de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decidió firmar un decreto en donde se contemplaba la expropiación de las procesadoras de café que estaban intervenidas desde agosto de 2008 por supuestos incumplimientos de las leyes venezolanas, que representaban 80% de la producción del rubro.

Se estableció la nacionalización total de Fama de América, incluyendo sus plantas en Caracas y en los estados de Carabobo y Táchira. Lo mismo pasó con El Peñón y Café Madrid, ahora son producidas como Café Venezuela. Todos los bienes inmuebles pasaron a manos del Gobierno, así como los centros de distribución, almacenes, puestos de compra, maquinaria, equipos industriales y de oficina.

Dioleglis Páez,directora de café y cacao de la  Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios FEDEAGRO, aseguró recientemente ante lo ocurrido durante todos estos años con las empresas, «El Gobierno nos ha tenido como esclavos». Transparencia Venezuela: Gobiernos de Chávez y Maduro expropiaron más de 440 empresas

 

Agropatria por Agroisleña

Imagen cortesía de:Reportero24

Agroisleña era dirigida por Enrique Fraga Afonso. Fue fundada en 1958 por inmigrantes españoles y se convirtió en la llamada «4ta República» en la empresa líder en productos agrícolas en Venezuela porque contaba con 60 sucursales en todo el país.

Fue acusada de abusar de «su posición dominante» en el mercado el 4 de octubre de 2010 por el presidente Hugo Chávez, allí comenzó su expropiación. En mayo de 2015, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios FEDEAGRO, denunció que AGROPATRIA «ejercía una posición de monopolio en el mercado de suministro de suplementos agrícolas al abastecer cerca del 95% del mercado, más del doble que la participación de AGROISLEÑA al momento de ser expropiada. Además, de que AGROPATRIA contaba con privilegios a la hora de acceder a divisas para la importación de materiales agrícolas, en detrimento del disminuido sector privado.

Cuando AGROISLEÑA, fue expropiada estaba en capacidad de responder aproximadamente a 70 % del mercado nacional.  Ya en octubre de 2016, AGROPATRIA no respondía ni al 40 % de la demanda en el país por lo que existía un desabastecimiento de 95 % de las semillas de hortalizas.

AGROISLEÑA tenía 59 tiendas en áreas agrícolas, realizaba más de 800 mil operaciones comerciales por año, atendía una cartera de clientes que superaba los 207 mil ganaderos y agricultores y empleaba a más de 2.250 trabajadores directos antes de su expropiación. En 2016 AGROPATRIA  no lograba ni cubrir 40 % de la demanda de insumos en el país, con aproximadamente 7.000 empleados, llenó una burocracia oficial sin dar respuestas precisas.

 

AGROPATRIA recibió 750.000.000 de dólares en auxilios financieros y ya en octubre de 2016 estaba quebrada, según relató el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez, decano de la Facultad de Agronomía de La Universidad del Zulia LUZ. El experto agrícola expresó que, a seis años del acto que más marcó la destrucción de la agricultura venezolana, la expropiación de Agroisleña, el aparato productivo nacional estaba estancado.

Para Werner Gutiérrez, el consorcio AGROISLEÑA con 52 años en Venezuela, estaba constituido por 10 empresas que distribuían semillas, agroquímicos, maquinarias, repuestos agrícolas. Ofrecía asesoría técnica con un personal especializado en cada rubro, en cada área y con permanente presencia en el campo, tenían insumos, equipo técnico y no le cobraban al productor. Al momento de su expropiación,  satisfacía los ciclos de siembra, y a principio de año los agricultores ya tenían las semillas y fertilizantes para comenzar la siembra en marzo y abril.

Pero «(…) a raíz de la expropiación,  como empresa estatal no puede tener el ritmo de distribución, por un manejo ineficiente que no presta atención en distribución de insumos ni asesoría técnica y hoy todo el equipo está desmantelado», lamentó Gutiérrez.

Protesta Abasto Bicentenario/foto:archivo

El agrónomo citó un trabajo hecho por la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en la Cuenca del Lago de Maracaibo, donde 80 % de los productores afirmó que para 2017, no recibieron asesoría técnica del uso de agroquímicos.  Recordó que los técnicos con los que contaba AGROISLEÑA eran los de más alto nivel que existían en Venezuela y que a partir de esta ausencia es que se ha producido la caída en la producción nacional.

Ahora no llegan las semillas a tiempo, ni agroquímicos. En caso de los rubros arroz y maíz existe alto desabastecimiento de semillas y herbicidas, mientras que 95 % de las semillas de hortalizas que llegan al país son importadas, por eso este año se sembró apenas 25 % de la superficie de hortalizas.  AGROPATRIA ha creado un mercado negro, de «bachaqueo» de productos agrícolas y los productores que les tienen que pagar 10 y 12 veces más, por ello, también los productores han dejado de sembrar.

Expropiaciones acabaron con las empresas privadas

Para la ONG, TRANSPARENCIA Venezuela «(…) Las acciones contra la propiedad privada se intensificaron en los llamados gobiernos revolucionarios y el aparato productivo interno no pudo acompasar el ritmo de las importaciones. Los casos emblemáticos de AGROPATRIA, AgroFANB, Pedro Camejo, Arroz del Alba, Pescalba Y Cuspalca, ponen en evidencia el perfil que caracteriza las empresas del Estado: militarización, ineficiencia, cleptocracia y deterioro de las infraestructuras en Venezuela.

Fama de América, productora de café, fue expropiada en 2009. En 2016 trabajaron a 10% de su capacidad por falta de materia prima y hoy en 2018, rara vez el producto se consigue en el mercado. En 2010 el tsunami de expropiaciones también arrasó con las cadenas de supermercados CADA y ÉXITO, que fueron reemplazadas por la Red de Abastos Bicentenario. Jorge Lastra, directivo del sindicato de RABSA, afirmó que cuando esos supermercados eran privados los anaqueles siempre estaban llenos y ofrecían varias marcas. Pero después, cuando pasaron a manos del Estado, comenzaron a escasear los productos y ahora, en 2018, si se consiguen hay que comprarlos a precios exorbitantes.

«Abastos Bicentenario se pudrió», expresó Maduro en febrero de 2016 y ordenó una reestructuración de la red. Tras la medida, más de 10.000 trabajadores fueron despedidos. Las liquidaciones a los empleados han continuado en las sucursales que cierran para convertirse en los llamados programas de alimentos CLAP. Paparoni: Importación de CLAP atenta contra el aparato productivo nacional  

 

El aparato productivo está en grave riesgo de quiebra por la forma en cómo el jefe de Estado, Nicolás Maduro, está implementando las medidas que no generan, sino una gran incertidumbre en el país.

Carlos Larrazábal, Fedecámaras

 

 

Fuentes: TRANSPARENCIA VENEZUELA/ http://Crisis venezolana está estrechamente relacionada con la corrupción y el mal desempeño de las 576 Empresas Propiedad del Estado

 

 

 

 

 

 

 

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