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Quinto magistrado ingresó a la Embajada de Chile solicitando protección

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, confirmó este jueves que otro magistrado venezolano ingresó a la residencia del embajador de Chile en Caracas solicitando «protección», con lo que ya suman seis las personas «refugiadas» en el lugar.

«Ingreso a residencia en Caracas abogado Luis Marcano solicitando protección de Chile. Con él ya son 6 personas refugiadas en EmbaChile», dijo el jefe de la diplomacia chilena en su cuenta oficial de Twitter.

En tanto, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile precisó que Marcano Salazar, designado como magistrado suplente de la Sala Constitucional por la Asamblea Nacional de Venezuela, ingresó este jueves a la residencia del embajador de Chile en Caracas «en busca de protección, siéndole otorgada la calidad de huésped».

El texto indica que Marcano Salazar solicitó la protección de Chile fundada en circunstancias políticas conocidas. «El Gobierno de Chile actuará en esta materia de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior», acotó el escrito.

«El Gobierno de Chile reafirma la urgente necesidad de iniciar una negociación creíble y aceptable para todas las partes involucradas, que permita salir de la crisis que vive el hermano pueblo venezolano», concluye el comunicado.

Al interior de la residencia se encuentran Zuleima del Valle González, uno de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por el Parlamento el pasado 21 de julio. También se encuentran en calidad de «huéspedes» los magistrados Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenis del Valle Rodríguez. Todos ellos ingresaron en los últimos días a la residencia diplomática.

Una sexta persona, el dirigente nacional del partido socialcristiano de Venezuela, Copei, Roberto Enríquez, se encuentra desde el pasado abril en esa misma situación.

El canciller chileno ha demandado en la red social la «solidaridad de otras embajadas amigas».

Tras la elección de los nuevos 33 jueces, el Supremo advirtió a los recién nombrados que estaban incurriendo en «delitos de traición a la patria» contemplados por la justicia militar y pidió asimismo «medidas de coerción» contra todos los que participaron en los supuestos delitos.

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