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Reactivaron juicios contra militares presos políticos «por solicitud de Bachelet»

La ONG Justicia Venezolana confirmó que en los últimos días se han iniciado algunos juicios en la Corte Marcial, donde están implicados algunos de los 260 militares presos políticos que se contabilizaban en el país. 

La abogada y directora ejecutiva de la organización, Lilia Camejo, manifestó su complacencia porque se haya reactivando el servicio de administración de justicia y se imponga el Estado de derecho en el país, para que así finalmente se haga justicia con estos oficiales institucionales que no han cometido delito alguno. 

Asimismo, la defensora de Derechos Humanos precisó que seguirá ejerciendo las acciones legales necesarias para el resto de los castrenses aún detenidos por razones meramente políticas y así sean beneficiados con las medidas de ley que por derecho les corresponde.

«Debemos recordar que además de ser inocentes, son hombres y mujeres que corren graves riesgos en los calabozos de las cárceles militares por la propagación del covid-19 en el país». 

Camejo alertó además que muchos de los militares tras las rejas sufren graves patologías desarrolladas durante los meses retenidos. Entre estas recordó que hay presos políticos con hipertensión, diabetes y hasta cáncer.

Llamado a la ONU para acudir a juicios

Molly De La Sotta, hermana del capitán de Navío Luis De La Sotta, involucrado en la llamada operación Armagedón y acusado por supuesta instigación a la rebelión y contra el decoro militar, asegura que la reactivación de los procesos judiciales de estos militares se debe a las solicitudes hechas por la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

Asimismo, De La Sotta solicitó a los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que se encuentran en territorio venezolano a que acudan a los juicios que se siguen contra los militares presos, como una medida para garantizar el debido proceso.

Por último, señaló que a los juicios, pese a que deben ser orales y públicos, se les niega el ingreso a los familiares. «Los testigos presentados son funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), incluyendo a los mismos torturadores», denunció.

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