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Rebelión popular en Venezuela: la represión llega hasta donde estés

Las imágenes se repiten tras 67 días de protestas en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bombas lacrimógenas lanzadas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que caen en zonas comunes de edificios y residencias; parques que desaparecen en medio de una nube de gas; apartamentos con ventanas cerradas para que no entre el humo de las lacrimógenas y efectivos de los cuerpos de seguridad que ingresan a edificios y residencias, sin orden alguna, para amedrentar.

Luego de dos meses de manifestaciones en todo el país, los protocolos de acción de los efectivos de los cuerpos de orden público del Estado, que indefectiblemente han devenido en fuerzas represivas, se han recrudecido, de acuerdo con las evaluaciones de diversas ONG como el Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La premisa para tratar de entender una retorcida lógica en el accionar de la GNB y la PNB, en medio de la crisis política y económica, pareciera ser lo que dice el refrán popular: justo paga por pecador. Y así comienza un despliegue de arbitrariedades y violaciones a los derechos ciudadanos y humanos perpetradas por los efectivos de ambos cuerpos de seguridad y orden público.

Efectivos de la GNB en una manifestación en Caracas/Foto: EFE
Efectivos de la GNB en una manifestación en Caracas/Foto: EFE

“En esta situación estamos en un punto en que corremos el mismo peligro afuera protestando, con todo lo que eso implica ahorita, y adentro en nuestras casas”, aseguró María Eugenia Rivero, una habitante de la parroquia Coche, en el suroeste de la capital, que aún recuerda cómo se desplazaban cuatro tanquetas de la GNB por la avenida intercomunal de la zona la noche del pasado 20 de abril, mientras disparaban bombas lacrimógenas indiscriminadamente a edificios y residencias para mitigar las protestas en ese sector.

“Puedes correr pero no esconderte”

Provea catalogó la situación actual en Venezuela como la primera rebelión popular del siglo XXI, en ese contexto la organización, que realiza un informe anual sobre la situación de los DDHH en el país desde 1989, logró identificar “patrones represivos registrados en anteriores ciclos de protestas, y un aumento de la crueldad en la represión”.

En ese sentido la ONG destaca “el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y población civil no vinculada a las manifestaciones, que incluye el empleo excesivo de sustancias toxicas —incluso con el objetivo de causar el máximo dalo físico posible a manifestantes y transeúntes—, perdigones de plástico, empleo de municiones potencialmente letales, golpiza a manifestantes, entre otro; ataques a zonas residenciales, centros educativos y centros de salud».

“Nosotros estábamos tranquilos protestando de forma pacífica en la calle, frente a nuestro edificio, y de repente llegó la policía y sin decir nada empezó a disparar bombas lacrimógenas”, explicó Freddy Yánez, un habitante del sector Los Jardines, en la parroquia El Valle, como un recuento de lo que sucedió en ese sector el pasado sábado 2 de junio, día en que la dirigencia opositora convocó una movilización hacia ese sector, y que los cuerpos de seguridad del Estado no lo permitieron. Dos días después, en una nueva convocatoria, continuó la represión nocturna en la zona de forma extendida.

 

“¿Cómo haces cuando el campo de batalla está justo frente a tu casa? Que abres la ventana y lo que ves son bombas lacrimógenas en tu jardín. Es como cuando te dicen que puedes correr pero no esconderte”, dice Omar Sánchez, un habitante de la parroquia Coche.

Conflictividad y represión en ascenso

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) totalizó, al término del día 61 de manifestaciones en los 24 estados del país, 1.791 protestas.

El pasado 24 de mayo, la fiscal Luisa Ortega Díaz señaló que la instancia de la que es responsable había iniciado 1.475 investigaciones, de las cuales 1.329 eran por delitos contra personas y 150 por daños a la propiedad.

Los cuerpos de seguridad del Estado, PNB y GNB, violan derechos constitucionales  con su accionar para tratar de dispersar y evitar las protestas en zonas residenciales. Provea ha destacado, por lo tanto, la necesidad de exigir el respeto al 47 de la Constitución, que precisa la inviolabilidad del hogar.

Desde los señalamientos hechos por la fiscal el pasado 24 de mayo, usuarios en las redes sociales, así como políticos, han denunciado al menos una violación diaria, en el contexto de protestas, del artículo 47 de la Constitución. Una de las zonas más afectadas en sentido ha sido El Paraíso, en Carcas, y San Antonio, en el estado Miranda, sin embargo se trata de un patrón que se repite en diversas zonas de la ciudad capital y del país.

 

 

 

Los costos detrás de la represión y de la crisis política

La crisis política y económica no solo se mide en un feroz saldo de víctimas fatales, en este caso de asesinatos en protestas, también se calcula en números y dinero perdido, en producción.

El diputado a la Asamblea Nacional por el bloque de oposición, Carlos Paparoni, ha señalado que un cálculo promedio hecho por el Parlamento, con información de los propios cuerpos de seguridad del Estado, devela que tanto la GNB como la PNB han usado al menos 100.500 bombas lacrimógenas; cada bomba tiene un costo promedio de 40 dólares, lo que implica una inversión de al menos 4 millones de dólares.

Pero la represión no solo llega hasta las zonas residenciales urbanizaciones en donde se pueda desarrollar una manifestación o una protestas, también alcanza a las zonas comerciales, así lo demostró la actuación de los funcionarios de la GNB en las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) el pasado lunes 5 de junio, cuando se desarrollaba el “Plantón Nacional” convocado por la dirigencia de oposición.

Una arista preocupante de  la crisis policía es el impacto económico de la convulsión social por las manifestaciones. En ese sentido las principales organizaciones gremiales de comercio, producción y empresariales del país han advertido la paralización y la profundidad del atraso económico, con graves implicaciones.

El Consejo Nacional de Comercio y Servicios (Consecomerio) ha precisado que las pérdidas por afectación a locales comerciales, al término del día 53 de protesta, totalizaba 50 millones de dólares, una cifra que irreductiblemente ha aumentado al termino del día 68 de manifestaciones en todo el país.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Francisco Martínez, señaló recientemente que tras dos meses de protestas, las condiciones de las empresas, ya de por sí comprometidas, han empeorado, por lo que el país está “técnicamente parado”.

“En estos meses de protestas las condiciones de las empresas han empeorado, porque la viabilidad, en condiciones normales, ya estaba completamente comprometida como consecuencia de un modelo económico equivocado; el país está técnicamente parado. Se ha perdido 60% del tejido empresarial  y las pocas empresas que se mantienen declaran estar por debajo de 30% de su capacidad instalada. Eso es una situación que cada vez más impacta sobre el bienestar del venezolano, y sobra la estabilidad política, económica y social del país”, explicó Martínez.

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