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Rosmit Mantilla en riesgo de ser trasladado a cárcel de presos comunes

El miembro de la oposición, activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBTI), y prisionero de conciencia, Rosmit Mantilla, está en riesgo de ser transferido a una cárcel de delincuentes comunes donde su integridad física podría estar comprometida, reseña un artículo de Amnistía Internacional.

Según el texto, el 20 de enero los abogados de Rosmit Mantilla hicieron saber que la fiscalía que lleva su caso ha solicitado que sea transferido a una prisión de delincuentes comunes debido a un incidente ocurrido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde actualmente se encuentra privado de libertad. Un juez debe ahora aceptar o denegar el traslado.

De acuerdo con su abogado, el 15 de enero, Rosmit Mantilla y otros tres detenidos protestaron para exigir servicios de salud para otro recluso que no se sentía bien. Durante las protestas, las autoridades aseguran que los prisioneros dañaron cámaras de seguridad. A los cuatro hombres se les acusa de daños a dichas cámaras.

Los abogados de Rosmit Mantilla, afirma la ONG, temen que en caso de ser trasladado a una cárcel común, su integridad física pudiera estar en gran peligro, especialmente debido a que él es un reconocido activista LGBTI.

Rosmit Mantilla, miembro del partido Voluntad Popular, se encuentra detenido en la sede del Sebin desde el dos de mayo de 2014 por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese mismo año. Amnistía Internacional insiste en que él es un prisionero de conciencia que no ha formulado ningún llamado a la violencia ni ha hecho uso de la misma, y agrega que los cargos de los que se le acusan carecen de evidencia sólida. «Rosmit Mantilla debe ser liberado inmediata e incondicionalmente», solicitan.

Acusación

El Ministerio Público acusa a Rosmit Mantilla de los delitos de instigación pública, intimidación pública, obstaculización de vías, incendio de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir, en el contexto de las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo entre febrero y julio de 2014.

La acusación del Ministerio Público se basa en un testimonio anónimo que lo acusó de haber recibido dinero para financiar las protestas contra el gobierno y en las evidencias que el Servicio de Inteligencia indicó haber encontrado en su residencia, como panfletos llamando a las protestas y sobres de dinero.

Amnistía Internacional considera que el Ministerio Público no ha presentado evidencias que vinculen a Rosmit Mantilla con los delitos que se le imputan. Por ejemplo, basan su acusación por los delitos de instigación, incendio de edificios públicos y privados y daños violentos, en el hecho de que tenía en su posesión dichos panfletos llamando a las protestas en contra del gobierno.

El 30 de enero de 2015, tras 9 meses de detención preventiva y retrasos procesales, el juez a cargo del caso dictaminó que había evidencia suficiente para enjuiciar a Rosmit Mantilla y negó su libertad provisional. A casi un año de este dictamen, el juicio contra él avanza muy lentamente y existe preocupación de que se estén produciendo demoras indebidas.

El 6 de diciembre de 2015, Rosmit Mantilla fue electo miembro de la Asamblea Nacional, lo que le confiere inmunidad parlamentaria.

Las protestas que se llevaron a cabo en contra y a favor del gobierno entre febrero y julio de 2014, resultaron en al menos 43 muertes y 878 personas heridas, incluyendo aproximadamente 300 miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado del uso excesivo de la fuerza y violencia perpetrada por funcionarios del Estado, manifestantes antigubernamentales y grupos armados afines al gobierno. Varias víctimas fueron sometidas a torturas y malos tratos.

Además, 3.300 personas fueron detenidas, de las cuales la gran mayoría fueron liberadas, aunque cientos de ellas enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en actos violentos durante las protestas. Después de analizar la información presentada por el Ministerio Público en relación a un número de quienes aún se encuentran detenidos, Amnistía Internacional está en posición de confirmar que varias de las detenciones se han llevado a cabo arbitrariamente.

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