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Sala Constitucional: la Constitución no dice lo que dice

En horas de la mañana de ayer, Luis Enrique Alcalá llevó a la Secretaría del Tribunal Supremo en Pleno una denuncia fundamentada de violación de un principio fundamental de derecho contenido en la Constitución. Al inicio del texto que consignara, Alcalá recuerda la facultad que confiere al TSJ el numeral 4 del Artículo 5 de su Ley Orgánica. Esa facultad es la de «Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución» y «avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución… aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala».

La violación que Alcalá denuncia se habría producido en la Decisión #1.265 de la Sala Constitucional del TSJ, del 5 de este mes de agosto, que declaró la constitucionalidad del Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría. En esta decisión, el Magistrado Ponente, Arcadio Delgado Rosales, decidió discutir «la presunta contradicción entre el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 42 constitucional». Luego de muy retorcida argumentación, explica Alcalá, el ponente concluyó que la segunda cláusula del Artículo 42 de la Constitución, que dice «El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos, solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, en los casos que determine la ley», se referiría exclusivamente a «la pérdida de la nacionalidad venezolana adquirida (revocatoria de la carta de naturaleza)» de un venezolano por naturalización.

«Esto es—dice Alcalá—la Sala Constitucional sostiene que cuando la Constitución pone que el caballo es blanco no significa tal cosa, sino que el cochino es rojo. Es absurdo considerar que la Constitución concede a los venezolanos por naturalización una protección negada a los venezolanos por nacimiento». La denuncia presentada por Luis Enrique Alcalá desmenuza los ocho párrafos de la decisión que tratan el alcance del Artículo 42, y demuestra contundentemente que constituyen un razonamiento lógica y jurídicamente inválido, con el fin de sostener la pretensión inconstitucional del Contralor, Clodosbaldo Russián, de impedir derechos políticos que sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme.

Al final de su escrito, Alcalá reproduce el Artículo 25 de la Constitución, que dice: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores». La sección disecada por Alcalá en su análisis sería de efectos nulos, y el Tribunal entero, de no revisar y anular ese componente de la Decisión #1.265, cohonestaría la violación constitucional e incurriría en responsabilidades penales, civiles y administrativas.

El texto completo de la denuncia puede ser leído en (%=Link(«http://www.doctorpolitico.com «,»doctorpolitico.com «)%) y en Noticiero Digital

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