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Solórzano: Defensor del pueblo no se ha pronunciado por los presos políticos

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, declaró que la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado «ni una vez en cuanto a las reiteradas violaciones de Derechos Humanos perpetradas en contra de los detenidos por razones políticas», pese a haber recibido numerosas denuncias al respecto.

“Lo vimos, en primer término, con los torturados y presos a consecuencia de las manifestaciones pacíficas que hubo en el año 2014 en Venezuela, donde incluso hubo varios casos certificados por la Organización de Naciones Unidas como violación de Derechos Humanos. La Defensoría, a pesar de haber recibido denuncias de estos casos, nunca las tramitó”, recordó Solórzano en declaraciones ofrecidas desde el Palacio Federal Legislativo.

Asimismo, la diputada informó que la cifra de presos políticos actualmente es de 129 personas. Igualmente indicó que este número cambia diariamente porque todos los días se producen nuevas detenciones alrededor del país.

Este pronunciamiento de la parlamentaria obedece a la decisión del subcomité de acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU de degradar la Defensoría del Pueblo venezolana a “clase B”.

Solórzano recordó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) viene estudiando el comportamiento del citado organismo venezolano desde la gestión de Gabriela Ramírez, concluida hace 2 años.

“Este tipo de organismo debe tener como prioridad la protección de los Derechos Humanos. Es por esto que desde hace 2 años ha habido movimiento por parte de las distintas ONG’s denunciando la inactividad de la Defensoría sobre este tema”, explicó.

Al ser consultada sobre las consecuencias para Venezuela de completarse la degradación del organismo, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN sostuvo que “no hay directas consecuencias para los venezolanos. Las consecuencias son para la Defensoría del Pueblo porque perderemos el voto en el Consejo de Derechos Humanos”.

“Además, de producirse la degradación, cuando se tenga una Defensoría del Pueblo real y sensata, costará muchísimo recuperar el voto que este gobierno se encargó de perder”, concluyó la diputada mirandina.

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