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71 presos políticos en Aragua esperan por medidas humanitarias

Laudelyn Sequera-Aragua
@laudelyn

Según el Foro Penal Venezuela en el país existen 590 presos políticos, de los cuales 71 están detenidos en el estado Aragua, quienes han quedado privado de libertad por órdenes de tribunales civiles y militares por protestar o expresar su descontento contra el gobierno del presiente Nicolás Maduro, otros llevan tres años presos por acusarlo de estar involucrados en un supuesto golpe de Estado.

Sus familiares piden que tribunales otorguen medidas humanitarias, debido a las delicadas condiciones de salud que se encuentran muchos de ellos, además relataron la constante violación a sus derechos humanos y al debido proceso.

Kerlyn de Sánchez es esposa del capitán de la Aviación Ruperto Sánchez, quien fue condenado a 7 años de prisión por el caso del “Golpe Azul” y permanece en la cárcel de La Pica en Maturín, declaró que el trasladarse hacia este recinto carcelario para visitarlo y llevar lo necesita su esposo cada día es más complejo.

“Llevamos años sufriendo esta terrible bota que nos pisa, ellos no son una cifra, son padres de familia, tienen hijos, tienen madres, esposas y que esto ha causado en nosotros una herida”, dijo Kerly Sánchez.

También está el caso de Pedro Mauri de 64 años, quien trabajaba como taxista, fue condenado a 5 años de prisión y su permanencia en la cárcel de Ramo Verde por instigación militar. Su hija Mariana Mauri, expresó su papá lo único que hizo fue prestar su servicio como taxista a dos militares que el Gobierno implicó en el Golpe Azul, caso relacionado a un supuesto intento golpe de Estado en el 2014.

A pesar que es un civil fue juzgado y sentenciado por un tribunal militar. Su hija expresó que la condición de su papá es delicada. Expresó que antes de ser detenido ya padecía de artrosis, e hiperplasia prostática, a eso se une ahora padecimiento en la vesícula, tiene hernias lumbares y cervicales, y ha presentado crisis de hipertensión arterial. Pide que se les garanticen el derecho a la salud a su padre.

600 mil bolívares cada semana

Otro de los casos de Aragua, es la detención de los 27 estudiantes de la Universidad Experimental Pedagógica de Maracay, quienes fueron privados de su libertad hace dos meses, luego que funcionarios de inteligencia policial realizara un allanamiento en hora nocturna en el centro educativo. De ese grupo 22 se encuentra presos entre la cárcel de 26 de Julio y El Dorado. Quienes se encuentran en el estado Bolívar, tres presentan síntomas de paludismo.

“Mi hermano padece de Paludismo y el tratamiento nos costó muchísimo hacérselo llegar, no hay insumos y hasta tienen que compartir un yelco entre varios compañeros cosa que es muy peligrosa, beben agua contaminada y exigimos que les den una medida humanitaria para que sean trasladados a un centro de asistencia médica”, expresó Abel Bandres, hermano de José Saldivia.

Los familiares quienes viajan hasta la cárcel de El Dorado comentan que gasta un promedio de 600 mil bolívares, cada vez que viajan, dos veces por meses, en el menor de los casos, para cubrir gastos de traslados, y llevar agua y algunos alimentos.

Algunos duermen un día antes en el terminal de Maracay para poder comprar el pasaje que lo traslade directo a Tumeremo o toman un autobús hasta Puerto Ordaz, y de ahí hacer transbordo en otra unidad que lo lleve hasta el poblado de Tumeremo. El día de visita tiene tomar un carrito hasta El Dorado, atravesar el rio Yuruani en lancha. Solo en el traslado gastan 200 mil bolívares. Abel Bandres comentó que en hospedaje un promedio de 70 mil bolívares.

Los familiares se sostienen con el aporte de amigos y parientes que colaboran no solo con el dinero para el traslado, sino también en medicinas, comida e hidratación para que lo hagan llegar a los muchachos detenidos.

“Los presos políticos son seres humanos a quienes se les ha violado todos sus derechos humanos, comenzando por el derecho a la libertad, a un juicio justo, aquí hay sentenciados sin una prueba, sin un video, sin un audio, aquí hay estudiantes presos por el simple hecho de querer un país mejor”, expresó Kerly Sánchez.

La abogada Blanca Angarita quien integra el grupo de defensa de los jóvenes detenidos en la Upel, informó que para el próximo 6 de septiembre quedo fijada la audiencia preliminar de los muchachos y que la Fiscalía militar solicitará sobreseimiento del caso a 22 estudiantes, y cinco será solicitado que pase a juicio, a pesar que todos fueron imputados por los mismos delitos y fueron detenidos el mismo día, en el mismo lugar.

La Fiscalía pedirá que vaya a juicio los jóvenes Boris Qiñonez, Kenny Colmenares, Alex González , Michell Sosa y Brigitte Herrada.

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