Judicial

MP imputará a policía en Táchira por muerte de mujer tras saqueo

La fiscalía venezolana informó el martes que presentará ante la justicia a Yeisy Burgos, oficial jefe de la policía del estado Táchira, por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer durante un saqueo a varios depósitos de comida el fin de semana.

Jenny Ortiz, de 42 años y trabajadora de un hotel, murió el lunes tras recibir varios impactos de perdigones en el rostro y la cabeza, precisó el Ministerio Público.

Familiares de la víctima habían acusado a un policía de dispararle la noche del domingo, cuando una multitud ingresó a la fuerza a varios almacenes gubernamentales de la ciudad de San Cristóbal, en la búsqueda de productos regulados como harina y azúcar.

«El policía fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en horas de la noche de este lunes 6 de junio, en San Cristóbal, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público», dijo el despacho en un comunicado.

El oficial de 32 años será imputado por la fiscalía, también por presuntamente lesionar a un adolescente de 13 años que transitaba por el lugar en el momento del suceso.

Millones de venezolanos pasan buena parte de su día haciendo largas colas frente a supermercados y abastos, en medio de una crisis generalizada de altos precios, escasez de bienes básicos y recesión económica.

A medida que más personas terminan con las manos vacías y los precios de reventa se disparan, los reportes de saqueos han ido aumentando en uno de los países más violentos del mundo.

Aunque no hay datos oficiales, el grupo de derechos humanos Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social contabilizó en el mes de mayo 52 saqueos y 36 intentos de saqueo.

Sólo el mes pasado, ese grupo de derechos humanos contabilizó 172 protestas registradas en rechazo a la escasez y desabastecimiento de alimentos.

El presidente Nicolás Maduro culpa de la crisis a la caída de los precios del petróleo y a una «guerra económica» que, según dice, es promovida por sus adversarios.

Por su parte, la oposición, que sigue presionando para que este año se celebre el referendo revocatorio contra el mandato de Maduro, acusa al Gobierno de promover políticas estatistas que han debilitado la producción.

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