Judicial

El discreto silencio de los linchamientos, por Javier Ignacio Mayorca

Javier Ignacio Mayorca / @javiermayorca

En Venezuela la criminalidad ha adquirido tres grandes características:

  • Es cada día más violenta: los victimarios prefieren los procedimientos que de alguna forma impliquen compulsión hacia sus víctimas. En otros países, prefieren la destreza y el ingenio. Esto explica por qué a partir del año 2000 y hasta la actualidad prevalecen los robos de vehículos sobre los hurtos. Algo que no ocurre en ninguna otra nación americana según los datos recabados por Interpol.
  • Cada día afecta a más personas: las frecuencias de los delitos (y en especial de las modalidades violentas) se han incrementado. Pero además estos hechos involucran a más individuos. Hay procesos de colectivización, tanto en las víctimas como en los victimarios, que de tanto verlos reportados en los medios de comunicación ya casi no sorprenden. A finales del año pasado una víctima me relató cómo ella junto a otras personas fue objeto de un asalto por motorizados que iban en una especie de jauría frente a una funeraria de La Florida. Esto, desde luego, entra en las páginas de sucesos cuando se une a la siguiente característica.
  • Atomizada: hay la impresión de que la criminalidad se adueña cada vez de más espacios. Los lugares que antes eran calificados como “tranquilos” por sus moradores ya no lo son. Esto ya lo había anotado el Observatorio Venezolano de la Violencia en su informe correspondiente a 2014. Los primeros afectados por esta explosión delictiva son los residentes de los caseríos y poblaciones periféricas a los grandes centros urbanos, los de las ciudades “dormitorio” o “satélite”. E igualmente las personas que ven con asombro cómo el hampa ya arremete en lugares como el Metro o las salas de cine.

En estas tendencias se inscribe también el auge de los linchamientos. La acepción primaria de linchar según la Real Academia de la Lengua es “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. La ejecución desde luego implica la muerte. Por lo tanto, no se puede calificar como linchamiento los hechos en los que supuestos delincuentes son golpeados a mansalva pero quedan con vida, como se ha hecho últimamente en sectores caraqueños como Los Ruices, Terrazas del Avila y Altamira.

La misma palabra linchamiento nos remite a una práctica instaurada por un agricultor devenido en juez en la Virginia de 1870, Charles Lynch. En aquellos tiempos, la muerte era el producto de una decisión sumaria tomada por este independentista de origen irlandés en contra de un grupo que deseaba mantener la subordinación a la corona británica.

Hoy en día la noción del linchamiento está asociada a la barbarie, a la ausencia de un Estado que reivindique su función primaria que es el ejercicio legal de la fuerza.

Frente a unos cuerpos de seguridad y de justicia inoperantes, la gente opta por organizarse (a menudo espontáneamente) para ajustar cuentas con las personas señaladas de algún delito violento o atroz. Estamos entonces ante un comportamiento gregario por definición.

En Venezuela son reportados linchamientos ocasionales desde hace más de treinta años. Los barrios de Maracaibo eran escenario frecuente. Tanto que en 2007 el criminólogo de la Universidad del Zulia Alexis Romero hizo una investigación de campo para sondear las actitudes y opiniones que tenían al respecto los pobladores de dos sectores de esa ciudad. Detectó que los linchamientos eran la expresión general “de la rabia acumulada por la ausencia de estado de derecho”. Pero en ese ámbito no todo delincuente iba a ser linchado. Sólo aquellos que han “matado o violado”.

Nueve años después, en esta mutación que han tenido el delito y en general la violencia en Venezuela los linchamientos ya no son solamente de colectivos contra individuos. En 2015, por ejemplo, fueron reportados casos en los que pobladas enardecidas mataron a más de una persona en Sanare (5 personas) y en Petare (2).

Además, la acción violenta de los grupos ya no se encamina solamente a homicidas y violadores. Cualquier ratero de esquina puede ser linchado en la actualidad.

Y vamos un poco más allá. Ya ni siquiera es necesario que el supuesto delincuente sea sorprendido in fraganti. Este fue el caso de Roberto José Fuentes Bernal, un cocinero de 43 años de edad a quien golpearon y quemaron en Los Ruices. El hombre no tenía en su poder herramientas para la comisión del robo que le señalaban. Tampoco los bienes supuestamente robados. Bastó un señalamiento a la ligera para que la emprendieran contra él, todo a una.

Fuentes no murió en el momento de la golpiza, el 4 de abril. Pero sí dos días después en un hospital. Entra por lo tanto en la estadística de los linchados. Según la fiscal general Luisa Ortega, entre el 1 de enero y el 10 de abril de este año fueron linchadas en el país 20 personas. Hubo además reportes de 17 tentativas. Esta cifra es consistente con el promedio de 10 linchamientos mensuales que se reporta en Venezuela desde septiembre de 2015. Estamos entonces ante una conducta que se repite cada tres días en el país.

Lo curioso es que durante la segunda mitad del año pasado, cuando comenzó esta epidemia de linchamientos, las cifras de tentativas solían ser más elevadas que las de los casos en los que ocurría la muerte del sujeto golpeado. El análisis de cada episodio indicaba que los miembros de la turba desistían de la acción violenta debido a la llegada de las autoridades.

Ahora, estamos viendo casos en los que la propia autoridad, generalmente representada por la Guardia Nacional, permite o alienta la violencia contra los detenidos.

Frente al tema de los linchamientos se observa una clara división en el régimen. Por un lado, miembros del llamado Poder Moral como el Defensor del Pueblo y ahora la Fiscal han fijado posición contra esta forma de acción colectiva. El resto de los poderes, en cambio, ha guardado un silencio cómplice que reafirma la noción de impunidad. Uno podría pensar también que el Gobierno está siendo perfectamente coherente al respecto. En fin de cuentas, tiene años fomentando la formación de colectivos armados. Que otros colectivos (o esos mismos) impartan “justicia” según sus parámetros particulares es, hasta cierto punto, una consecuencia lógica.

 

 

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