Judicial

Familiares de los detenidos y asesinado en El Junquito son amenazados según AN

Amenazas, maltratos, desapariciones, arbitrariedades y acciones violatorias a la ley fueron algunas de las denuncias que hizo la comisión especial de la Asamblea Nacional, encargada de investigar las irregularidades en el procedimiento de la «Masacre de El Junquito», que fue remitido a la jurisdicción militar y está en manos del fiscal militar 9° de control, Luis Marval Flores.

La diputada y presidenta de la comisión, Delsa Solórzano detalló que los familiares declararon todo a lo que han sido expuestos bajo confidencialidad por miedo a lo que pudiera pasarles, ya que han sido amenazados.

Durante tres horas los familiares estuvieron reunidos a puerta cerrada con la comisión, denunciaron todo a lo que han sido sometidos por los efectivos de los cuerpos de seguridad pero solicitaron que algunas informaciones no fueran reveladas a la prensa por miedo a represalias en su contra.

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Detallaron que fueron amenazados dentro de las instalaciones de la Morgue de Bello Monte para que firmaran la autorización para cremar los cuerpos, «a estos funcionarios como que se les olvida que las leyes establecen que no se puede incinerar un cuerpo si es parte de una investigación penal, ni con la autorización de los familiares se puede», explicó la diputada.

¿Qué le hicieron a los cuerpos?

Después de estar tres días en agonía en las afueras de la morgue la noche de este jueves 18 de enero pudieron reconocer los cuerpos de sus familiares pero sin tocarlos y escoltados por el viceministro que estaba en el lugar, según informó el diputado Winston Flores, sin embargo no quisieron revelar en que estado se encuentran los cadáveres y por qué la tía de Óscar Pérez lo pudo reconocer por uno que otro rasgo.

La prensa preguntó a los diputados en que estado estaban los cuerpos, si habían sufrido alguna agresión pero solo se vieron entre si y señalaron que solo las familias pueden dar esa información.

Por otra parte, Flores contó que habló con el director de la Morgue de Bello Monte, quien le informó que la autopsia se le realizó a todos los cuerpos el lunes en la noche en presencia de un fiscal militar y que el coronel Argenis García aseguró que la mujer asesinada en El Junquito no estaba embarazada y podía corroborarlo un médico patologo que se encontraba presente en la reunión con el parlamentario.

Persecución al entorno de los familiares

La parlamentaria condenó que no conforme con amedrentar a los familiares también lo han hecho con los exjefes de los asesinados y de los que se encuentran detenidos. «Han llegado a sus locales y los han amenazado obligandolos a cerrar sus locales».

Solórzano cuestionó cómo es que el Gobierno todavía no ha mostrado las pruebas de que lo ocurrido en El Junquito no fue una masacre y que Óscar Pérez  y sus compañeros fueron, como dice el constituyente Diosdado Cabello, quienes abrieron fuego cuando estaban negociando y provocando que se iniciara el enfrentamiento que dejó un saldo de nueve heridos.

Aseguró que expertos, de los que no serán revelados los nombres por seguridad, confirmaron la autenticidad de todos los videos que la comisión tiene como prueba de que los efectivos que participaron en el operativo para capturar a los miembros del grupo «Equilibrio GV» y las autoridades que lo ordenaron, incurrieron en la violación de los derechos humanos de estos venezolanos que, recordó ya habían manifestado rendirse.

«La responsabilidad penal es individual y no es excusa haber recibido una orden, quien da la orden y quien la ejecuta son iguales responsables de un hecho punible», destacó.

Torturas, desapariciones y agresiones físicas a familiares

La diputada Adriana Pichardo, denunció que José Antonio Pérez Cisnero no sabe nada de su hijo desde el pasado 13 de enero y que fue a través de las declaraciones del ministro Néstor Reverol que se enteró de que estaba detenido.

Asimismo, contó que cuando allanaron su casa los efectivos destrosaron el lugar buscando armas y dólares. Además de golpear «brutalmente» a su hijo delante de su nieto de 3 años a quien le colocaron una pistola en la boca para amenazar al papá con matarlo si no decía donde estaban las armas.

Es por ello, que la parlamentaria dijo que están investigando estos casos también, así como los seis desaparecidos familiares de los detenidos y asesinados en El Junquito, quienes la familia presume están presos, sumando así un total de 12 personas detenidas por el caso con las seis anunciadas por Reverol.

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