Judicial

Foro Penal: 2.013 personas han sido detenidas en 2016 por motivos políticos

Luego de las declaraciones de la ex jueza Susana Barreiros, responsable del encarcelamiento de Leopoldo López, y quien es hoy Directora de la Defensoría Pública, donde señala que Venezuela es un ejemplo del respeto a los derechos humanos, el Foro Penal Venezolano presentó su informe sobre la «Represión del Estado Venezolano de enero de 2014 a junio 2016», donde señala que, con la llegada del gobierno de Nicolás Maduro, la represión ha aumentado. Las cifras de detenciones políticas y de casos de tortura por estos mismos motivos se multiplicaron.

Desde febrero de 2014 hasta junio del 2016 se registraron 5.853 detenciones, arrestos o personas encarceladas de manera arbitraria, y el Foro Penal ha registrado formalmente 145 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos. Al día de hoy 96 personas están tras las rejas por motivos políticos y 1.998 se mantienen con medidas restrictivas a su libertad de diversa índole luego de haber sido detenidas y liberadas.

«El número de personas detenidas por motivos políticos va en dramático aumento. Sólo para que se tenga una idea, en junio de 2016 hubo 1.600 detenciones políticos y desde enero hemos registrado 2.013 detenciones por motivos políticos», aseveró Alfredo Romero, Director Ejecutivo de la ONG.

«Algunas personas son liberadas, pero no tarda el gobierno en encarcelar a otras, a lo que hemos calificado como el ‘efecto de la puerta giratoria’, lo que significa que el gobierno estratégicamente encarcela a unos mientras libera a otros. En la actualidad existen 96 presos políticos, pero desde enero de 2014, 5.853 personas han sufrido el encarcelamiento por motivos políticos, unos por días otros por meses otros por años», precisó Romero.

Desde 2014 el Foro Penal Venezolano ha registrado y documentado 145 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La mayoría de estas infracciones ha estado a cargo de funcionarios del SEBIN y de la GNB. A pesar de las denuncias que se han realizado, ninguna ha progresado. “En el caso de Jaime Yéspica, por ejemplo, la única persona detenida, de las más de 15 que le desfiguraron el rostro a golpes en Aragua por participar en una protesta, quedó libre el miércoles pasado. El caso de Gerardo Carrero y Daniel Morales, presos en el Helicoide, son claros ejemplos de tortura, y claros ejemplos de la impunidad que prevalece. Habiéndose denunciado las descargas eléctricas, las golpizas, o los colgamientos por horas, que constan en las actas de los tribunales, los jueces y fiscales se hicieron de la vista gorda. Así puedo quedarme horas contando caso por caso, sufrimiento por sufrimiento, vejación por vejación, sadismo y maldad contra mujeres, hombres y hasta niños.”
El informe del Foro Penal indica que Venezuela es el país con la mayor cantidad de opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias desde 2014, donde se indican expresamente casos de detenciones por motivos políticos e incluso torturas.

Tipología de los presos políticos

El Foro Penal Venezolano ha determinado que en Venezuela existen tres tipos de presos y detenidos políticos, en virtud del objetivo o motivo de su detención:
1. Aquellos individuos presos o detenidos por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. En estos casos el objetivo de la detención es excluir a la persona del mundo político, neutralizar su capacidad política, aislándolo del resto de la población. (Ej. Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición política y presos políticos desde hace más de dos años el primero y más de un año el segundo).
2. Aquellas personas que son detenidas, no por representar una amenaza política individual para el poder, sino por ejercer sus derechos constitucionales contra la “línea” oficial o por ser parte de un grupo social, tales como estudiantes, defensores de derechos humanos, jueces o militares, que resulta incómodo para el poder, con el objeto de impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos (por ejemplo, el derecho a la manifestación pacífica) o para intimidar específicamente a ese grupo social (Ej. Daniel Morales, estudiante opositor, o Marcelo Crovato, abogado defensor de DDHH).
3. La tercera categoría está conformada por aquellas personas que no representan una amenaza política para el gobierno ni de forma individual ni como parte de un grupo social, pero son utilizados como justificación de una campaña mediática o de la propaganda política oficial.
“En esta última categoría entran quienes son perseguidos o encarcelados para justificar la narrativa oficial, la versión que interesa al poder, que sistemática e invariablemente se construye sobre determinados hechos de trascendencia nacional o sobre situaciones en las que el gobierno y sus representantes buscan eludir sus responsabilidades, atribuyéndoselas a terceros”, indicó Gonzalo Himiob Santomé, Directivo de la ONG.
“Se trata de personas que son instrumentalizadas por el poder, que son estigmatizadas con todo el peso mediático oficial y con el uso del sistema de justicia como arma de intolerancia como responsables de delitos que no han cometido o de fallas que solo pueden ser atribuidas al mismo gobierno y a sus representantes. Son los ‘chivos expiatorios’ del sistema de intolerancia y de impunidad que se ha enseñoreado en Venezuela”, señaló Himiob Santomé.
En esta categoría, según la ONG, entrarían por ejemplo los comisarios Vivas, Forero y Simonovis, y los funcionarios de la PM aún presos como supuestos “únicos responsables” de los sucesos de abril de 2002, o Manuel Morales, dueño de la cadena de supermercados “Día a Día”, quien fuera detenido con el objeto de colocar sobre sus hombros, y sobre la de los empresarios privados en general, la responsabilidad de la escasez de alimentos, que es consecuencia directa de erradas políticas públicas, y para apuntalar la versión oficial sobre la existencia de una supuesta “guerra económica”.
Actualmente, 1.998 personas, casi todas ellas relacionadas con protestas o manifestaciones contra el poder, se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, sin haber sido condenadas, y 96 se mantienen (por condena o por orden judicial) tras las rejas. El 9 de junio de 2016, 20 personas fueron detenidas en Aroa, Estado Yaracuy. A pesar de haber sido decidida su liberación bajo fianza, se encuentran todavía encarceladas por irregularidades procesales.

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