Judicial

La insurgencia criminal, por Javier Ignacio Mayorca

En San Vicente, estado Aragua, una estación de la policía regional fue atacada con tiros de fusil. No hubo agentes heridos, pero el mensaje de retaliación estaba claro.

En Tumeremo, estado Bolívar, antes de la masacre de mineros, dos bandas se aliaron para imponer un “toque de queda” en protesta por la detención de nueve compinches que supuestamente cobraban una cuota a vendedores de oro.

Lo que empezó hace un par de años como algo de carácter fenomenal ahora se ha convertido en una evidencia clara del proceso que vive Venezuela. Ni más ni menos se trata de una “insurgencia criminal”.

El término no es nuevo. John Sullivan (2015) refirió que el Pentágono y algunos centros de pensamiento estadounidenses vienen manejando esta categoría desde 2008 para designar procesos en los que las bandas criminales adquieren un poder que excede al de las agrupaciones delictivas convencionales. Hablamos esencialmente de poder de fuego, pero también de control territorial y, eventualmente, político en determinados territorios.

La “insurgencia criminal” sería entonces la mejor expresión para designar procesos como los vividos en Colombia y México. Aunque en el primer país se logró a un alto costo quebrar la hegemonía de los carteles de Medellín, Cali y más recientemente del Norte del Valle, lo sucedido después indica que la criminalidad se atomizó y se hizo en términos generales menos violenta contra el ciudadano común. Pero la realidad indica que en ese país están muy lejos de la desaparición de las bandas como actores sociales y, por ende, políticos.

En Medellín, por ejemplo, se habla de la “donbernabilidad” para referir cómo uno de los antiguos líderes paramilitares, Diego Murillo alias Don Berna, logró a sangre y fuego la neutralización de las células del Ejército de Liberación Nacional y de grupos de sicarios como La Terraza que tenían tomados los barrios periféricos, llamados comunas. En esta pax hubo además procesos de negociación con las autoridades políticas.

En México la situación es más inestable. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto han seguido los compromisos asumidos a través de la iniciativa Mérida para plantear una guerra contra las seis grandes organizaciones criminales que se habían distribuido la geografía de ese país, en conflictos que han costado miles de muertes. Los carteles predominantes hasta ahora han sido el de Sinaloa (una alianza de agrupaciones de menor tamaño liderada por Joaquín Guzmán, alias Chapo, y Juan José Esparragoza, el Azul) y los Zetas, cuyo núcleo originario era un grupo helitáctico de la aviación militar mexicana, contratado a principios de este siglo por Osiel Cárdenas, alias Mataamigos.

Todo esto nos interesa. No sólo porque son realidades que permiten evaluar y comparar la nuestra, sino también porque tales procesos hace mucho tiempo entraron en fases de internacionalización.

Si en Colombia son las bandas criminales o bacrim y en México los carteles, en Venezuela los principales actores de esta insurgencia criminal son las llamadas megabandas.

Este término no es manejado todavía al interior de los cuerpos de seguridad. La politización, la improvisación, la desidia y la fragmentación de las informaciones han llevado al aparato de seguridad del país a incurrir en falsas concepciones. Por una parte, no existe una clasificación comúnmente aceptada sobre las agrupaciones delictivas que operan en el país. Esto ocasiona que una organización como la liderada por José Tovar, alias Picure, sea evaluada con los mismos términos que los aplicados a un grupo cualquiera de zagaletones.

Hace un año, la policía judicial intentó establecer una diferencia cualitativa entre las simples bandas y las que ellos califican como de “alta peligrosidad”. Este trabajo lo hicieron en los meses previos a las operaciones para la Liberación del Pueblo. Hubo un diagnóstico preliminar que identificó a 49 agrupaciones. Pero ese trabajo tuvo diversas fallas. La principal es que no se puede determinar la peligrosidad de una banda por el simple hecho de que alguno de sus miembros tenga registros por homicidio o porte ilícito de arma de fuego. Ese no es un indicador para evaluar este tema, en especial si tomamos en cuenta la propensión general de la delincuencia venezolana a preferir los métodos violentos antes que los de ingenio o destreza.

El problema tiene que ver con una evaluación cualitativa sobre el sentido de la violencia para estos grupos. En dos platos, si esa violencia es algo caótico o si por el contrario apunta hacia el ejercicio del control territorial, y por ende hacia el dominio de los mercados ilegales.

Algunas unidades del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional han comenzado a trabajar en esa línea. En Portuguesa, por ejemplo, han logrado identificar a una organización que ejercería control territorial sobre el 30% del estado. En otras regiones como Sucre han detectado nexos entre los grupos criminales, por una parte, y por la otra entre colectivos y sindicatos de trabajadores en distintas áreas. Pero la sujeción al criterio de que toda megabanda es un instrumento de la “derecha apátrida” para desestabilizar al presidente Maduro tarde o temprano les hace perder la perspectiva del asunto.

Las megabandas no son equiparables a los carteles mexicanos. Ni siquiera pueden colocarse en el mismo nivel que los Rastrojos o los Urabeños, ahora Clan Usuga. Pero eso no quiere decir que a la vuelta de meses o años no lleguen a tener las mismas dimensiones que las grandes organizaciones criminales de México y Colombia.

Las megabandas en el fondo no son de derecha ni de izquierda. Simplemente, tienden a plegarse al poder imperante. En este proceso se trazan alianzas. A esto, Gustavo Duncan (2015) lo llama “producción de poder”. Este entendimiento con actores clave explicaría por qué a pesar de la sangría policial el Ejecutivo aún no desiste del programa de las “zonas de paz”.

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