Judicial

Linchamientos: ¿Justicia o asesinato?

Cuando los ciudadanos se sienten impotentes por diferentes factores que agudizan la crisis actual del país, una sola acción puede hacer retroceder a la sociedad a la época de las cavernas. El psicólogo Luis Negrín explicó a Analitica.com que las pocas opciones de distracción en una persona influyen en su comportamiento, pues considera que son necesarias las válvulas de escape.

Ante esta situación, se presentan los linchamientos, hechos que han venido incrementando en Venezuela.

Negrín aseguró que la desconfianza en la decisión de los tribunales en cuanto a los casos de robo o actos violentos, generan una matriz de decepción en el individuo, pues consideran que, en su mayoría, los fallos son injustos.

Entre las personas linchadas o víctimas de agavillamiento, homicidio en complicidad e intento de homicidio, destacan casos suscitados en los meses febrero y marzo, solo en la ciudad capital.

Un joven fue asesinado en Catia, en el centro de Caracas, luego de intentar robar una unidad de transporte público. Los presentes procedieron a golpearlo y posteriormente lo quemaron vivo. Quienes transitaban por ese lugar y veían el hecho, no lo auxiliaron, incluso algunos solo grababan al muchacho -de aproximadamente 17 años- que murió en el pavimento minutos más tarde.

Hay otras víctimas del desahogo social que sí lograron salvarse por la intervención de efectivos policiales, como fueron los individuos involucrados en casos del intento de linchamiento en Chacao el pasado 27 de marzo, en El Marqués el 30 de marzo, y en Plaza Caracas el 19 de febrero, conocidos y con registros a través de las redes sociales.

Víctimas de su propio acto

Tras robar a una persona, el delincuente no conoce cuál será la reacción de ésta. Así fue el caso de una joven de 23 años que esperaba tomar un taxi en Plaza Venezuela para ir a su trabajo en La Florida. El delincuente le arrebató el teléfono y la muchacha decidió correr tras él. Gritando y pidiendo ayuda a los transeúntes, logró avistar un punto de la Guardia Nacional Bolivariana, al que se desvió para denunciar el hecho.

Los funcionarios inmediatamente salieron en búsqueda del ladrón, quien con la colaboración de las personas, fue detenido. Al devolverle las pertenencias a la joven le dijo: “Disculpa, chama, lo hice por mi hijo”. La multitud enfurecida decidió acompañar a los uniformados de la GNB en una golpiza, lo cual también también pasó por la mente de la joven.

“Tenía rabia, impotencia, y con la oportunidad de cobrármelas, eso fue lo que pensé, pero no quise ser parte de algo tan fuerte como agredir a otra persona”, confesó la afortunada, que solo pasó por un mal rato, al recordar cómo se convirtió en víctima el individuo que decidió robarla esa mañana.

La intervención

Para los policías preventivos, intervenir en un linchamiento o intento de asesinato representa exponerse a insultos, ataques con objetos como envases de comida o lo que el ciudadano tenga en sus manos. Un efectivo de Polichacao aseguró que, al llegar al sitio donde la masa toma la justicia a manos propias, se encuentran de frente con la desconfianza de los venezolanos hacia el sistema judicial del país.

“Cuando la persona está siendo golpeada por la multitud y evitamos que sea asesinado, los presentes creen que somos nosotros -la policía- quienes al día siguiente pondrán en libertad al delincuente, que luego de ser golpeado pasa a ser víctima”, expresó el uniformado, y agregó que en el desempeño de sus funciones tienen que velar por la integridad de la persona. De comprobarse que antes de ser atacado había cometido un delito, se procede a la detención del ciudadano, aclaró.

Sin embargo, debe ser trasladado a un centro asistencial para su evaluación, luego se realiza el acta policial, acta de entrevista y se notifica el caso al fiscal de guardia, a quien detallan los hechos. Al darse por enterado, es él quien ordena la hora en la que se presentará ante el tribunal, de allí en adelante el delincuente queda en manos del juzgado.

¿Quién paga por los linchados?

“Estos linchamientos pasan y la gente cuando ve a la policía se quitan de encima del presunto delincuente, por eso es que no existe detención alguna hacia los que lo agredieron o asesinaron”, enfatizó el funcionario de Polichacao, que pidió no ser identificado, al tiempo que mencionaba que deberían aplicar detenciones porque existe la figura de lesiones leves, graves o gravísimas. “Imagínate tú, en esa multitud de gente, ¿Cómo saber quiénes fueron los que lo golpearon y quiénes no?”, arguyó.

La diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, explicó que la realidad de estos actos es la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema de justicia.

La parlamentaria aseguró que estos casos ya están previstos en la ley, y es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien debe informar y tener estadísticas de estos actos, pues, a su juicio, dar una cifra exacta de las víctimas de estos hechos violentos sería especular. “Los casos conocidos son los publicados a través de los medios de comunicación, porque el TSJ no atiende la justicia de los venezolanos sino le administra al Gobierno en el ámbito jurídico de forma privada”, aseguró.

Solórzano recomendó al Estado tomar acciones en esta materia, y asomó que, desde la comisión de Política Interior, se evalúa ampliar el número de magistrados.

Recuperación de la sociedad

El psicólogo Luis Negrín reconoce que, ante el retroceso de la sociedad, la recuperación de los valores y buenas acciones que parten de estos revelan que el escenario en Venezuela es complejo, debido a que es necesario atacar el problema antes que la consecuencia.

Negrín lo ejemplificó con el caso cotidiano de un hijo que ve a su padre pelear para comprar un pote de leche: “esa será la manera en la que ese niño empieza a actuar para obtener las cosas –a través de la violencia-. El padre, sin darse cuenta, está afectando al menor directamente porque es su ejemplo a seguir”.

Con un cambio de escenario -en cuanto a la disminución de escasez, delincuencia y que el Estado garantice todas las condiciones en las que el ciudadano sienta que sus derechos no son vulnerados-, el comportamiento social puede mejorar significativamente en un lapso de tres a cinco años, en el caso de los adultos, mientras que en los niños pueden tardar de cuatro a seis meses, incluso un año, con un buen ejemplo de los padres.

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