Judicial

Ministerio Público solicitó abrir un juicio a las 22 personas detenidas por caso de corrupción de PDVSA

El Ministerio Público de la administración de Nicolás Maduro, solicitó este martes 25 de julio abrir un juicio para las 22 personas detenidas en el marco de la operación anticorrupción que se dio inicio el pasado 17 de marzo por la justicia venezolana.

Para ese momento se dictaron unas 81 órdenes de aprehensión de las cuales se concretaron 61 a personas vinculadas en hechos de corrupción detectadas en el Poder Judicial, alcaldías, así como las empresas estatales PDVSA, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela (Cartoven).

La mayor cantidad de detenidos estarían vinculados con la industria petrolera, los cuales suman 41, según cifras ofrecidas en distintas ocasiones por el fiscal, Tarek William Saab.

De esos 61 privados de libertad, el Ministerio Público concluyó la investigación respecto a 22: 13 empresarios y nueve funcionarios públicos.

Los 22 trabajaron segmentados en tres grupos que se concertaron para desfalcar a PDVSA, según la investigación del Ministerio Público sustanciada con insumos preparados por la Policía Nacional contra la Corrupción.

Ese desfalco suma $5.550.544.290,74, de acuerdo a los datos vertidos por Fiscalía en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados para solicitar el juicio contra los 22.

La Fiscalía señala en el escrito acusatorio que esas 22 personas participaban de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de PDVSA a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control”.

El fruto de las ventas de ese petróleo asignado no ingresó a la República sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.

Como jefe de esa red de corrupción, la Fiscalía coloca al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de la estatal petrolera y quien mandó a construir una oficina “de forma irregular en PDVSA-La Campiña”.

La oficina fue denominada Unidad de Trabajo Especial, desde donde despachaban Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, “manejando información clasificada de PDVSA sin ser personal adscrito a la nómina, donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad donde solo podían ingresar estos ciudadanos, manejando además altas sumas de dinero en efectivo y era el espacio donde eran desarrolladas las reuniones con este grupo de operadores financieros”, dice Fiscalía.

El Ministerio Público detalla con nombre y apellido quienes integraban esa red de corrupción y para los cuales solicita se les abra un juicio.

Entre ellos figuran Joselit Ramírez (exjefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de PDVSA-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro.

Igualmente, la Fiscalía solicita enjuiciar a Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip.

Estos funcionarios operaban conjuntamente con los empresarios Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López, Rafael Perdomo, Vicente Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Vivas, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Fernando Bermúdez, Eduardo Noriega, José Luis Fernandiz Laya, Railín Elizabeth Yépez Jaimes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Olvany Gaspari, Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo.

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