Judicial

Muerte de joven tras operativo policial desata saqueos y protestas en Bolívar

La División de Inteligencia y Estrategia de la Policía del estado Bolívar (Diepeb) sostiene que el asesinato de Jherson Bravo, de 24 años, en un operativo el martes pasado en El Palmar, estuvo justificado: los funcionarios lo vieron en actitud sospechosa en la calle Santa Bárbara, le dijeron que se parara y, en vez de hacerlo, corrió y respondió con disparos. Murió minutos después en un centro de diagnóstico integral.

Pero esa versión no se la creyeron los habitantes del pueblo, quienes el miércoles se hicieron sentir para repudiar el homicidio de Bravo (técnico de celulares): ese día intentaron quemar el negocio de un comerciante árabe, a quien achacaron la denuncia contra la víctima y, por tanto, su asesinato.

Pero el asunto no quedó allí. Las protestas llegaron a su clímax este viernes desde la mañana. A la urna con el cadáver de Jherson la pasearon por el pueblo, incluyendo la fachada de la comisaría de la PEB, en donde el cortejo se detuvo unos minutos: los minutos de exigencia de justicia.

De la tranquilidad a la calle

Mientras un grupo de palmareños enterraba a Bravo, otro, más numeroso, se expresaba en la calle saqueando dos negocios: el primero de ellos fue una zapatería. La manifestación la dispersaron guardias nacionales y policías.

Los ánimos no decayeron. Los palmareños, entonces, fueron a una panadería. Allí continuó la manifestación hasta después del mediodía. Hasta finales de la tarde, las calles de la capital del municipio Pedro Padre Chien estaban atestadas de uniformados dispuestos a aplacar cualquier manifestación.

«Esto que ocurrió es algo imponderable. Lo que hay en este municipio es hambruna, hampa pareja y, como en todas partes, precios inalcanzables», dijo, por vía telefónica, un empresario que optó por el anonimato.

El Palmar se suma, de esa forma, a las localidades sureñas de la región que en esta semana han protestado contra atropellos policiales: ocurrió lo mismo en Santa Elena, en donde la comunidad, incluso, expulsó a la policía del gobernador Rangel Gómez. Los palmareños, ahora, parecen no estar dispuestos a tolerar más abusos.

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