Judicial

Ortega Díaz sobre caso Barlovento: «El Estado tiene que revisarse»

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó este miércoles, en entrevista con Venevisión, que el caso de los doce venezolanos hallados en fosas comunes en Barlovento, estado Miranda, es una violación de los derechos humanos donde perdieron la vida personas «inocentes» que no presentaban registro policial.

El 15 de octubre, doce personas fueron detenidas en el Municipio Acevedo del estado Miranda. La fiscal afirmó que todos fueron privados de libertad sin ningún procedimiento. Aseguró que los detenidos recibieron comida y ropa de parte de sus familiares durante tres días, pero el 18 de octubre, la familia perdió contacto. Les dijeron que habían sido trasladados.

«Desde el 27 de octubre nosotros iniciamos la investigación. Los hechos ocurrieron entre los días 15 y 16. Se produjo la detención de un grupo de personas en El Café, Barlovento. En definitiva dejaron privados de libertad a doce», indicó.

Ortega añadió que los familiares acudieron el 27 de octubre al Ministerio Público. Allí atendieron a Petra María Pérez, madre de Anthony Vargas (una de las víctimas). Después se trasladaron al estado Miranda y recolectaron el libro de novedades e hicieron inspecciones técnicas en los lugares de detención y reclusión.

Señaló que en horas de la noche del 25 de noviembre, comisiones del Ministerio Público acompañadas por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, recuperaron dos cuerpos de los desaparecidos en una arenera abandonada en la Carretera Nacional que conduce a Higuerote. 

Esa misma noche se conoció la ubicación del resto de los cuerpos. El 26 de noviembre se recuperaron los diez cadáveres faltantes. Algunos estaban desmembrados.

«Las autopsias revelaron la forma cruel como fueron ejecutados», dijo. «Se trataba de personas humildes, trabajadoras, campesinos. Lamentablemente se violaron sus derechos fundamentales», expuso.

Hasta la fecha, la unidad criminalística logró la identificación de nueve cuerpos. Los tres restantes están siendo estudiados. Afirmó que tres testigos claves están siendo protegidos. Uno de los sobrevivientes, una víctima protegida, fue sometida a graves torturas.

Reiteró que desde el MP solicitaron la privativa de libertad para doce funcionarios del Ejército: un teniente coronel, un mayor, un capitán, seis sargentos y tres cabos. Diez de ellos están detenidos. Su audiencia de presentación está pautada para este miércoles 30 de noviembre.

 

Adolescente torturado

«Hay otro caso donde un adolescente fue aprehendido y terriblemente torturado en el marco de este plan. Se alegó, cuando lo llevaron al centro médico, que había muerto por un ataque de epilepsia», señaló la fiscal general de la República. Agregó que la médico que lo atendió se percató de que las lesiones no coincidían, pues presentaba fractura de cráneo.

Luego se determinó que la muerte se produjo por torturas. El MP pidió órdenes contra un primer teniente, cuatro sargentos y un cabo, quienes fueron presentados el martes ante un tribunal de control de Barlovento, donde se les imputaron los delitos de homicidio intencional calificado, trato cruel y violación de domicilio.

Repensar los planes de seguridad

Pese a que dijo que están encaminados al «esclarecimiento total» de este hecho, Luisa Ortega hizo un llamado al Estado a hacer una revisión de las operaciones y de los planes de seguridad.  «Hay que revisar la conducta de los funcionarios encargados de estas operaciones», expresó.

«No pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra  toda una población y sobre todo contra los más vulnerables, los más indefensos. Estaríamos en una situación grave: criminalizar a los más pobres», puntualizó, al tiempo que consideró que esta situación propicia más la violencia.

Cuestionó que estos planes hayan bajado los índices delictivos. «El Estado tiene que revisarse», enfatizó. «Tiene que orientar a los funcionarios sobre cómo debe ser su actuación», apuntó.

Caso Cariaco

Sobre el paralelismo entre la masacre de Cariaco, en la que murieron de manera similar 9 personas, la fiscal general dijo que solicitaron la privación de libertad de varios funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana: cinco por su presunta participación en la muerte de nueve personas y tres heridos. Allí se presentaron ante el tribunal de control de esa jurisdicción y se les acusó por homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y agavillamiento.

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