Judicial

Parlamento investigará masacre de las minas de Cipraca en Bolívar

La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, informó que iniciarán la investigación por la masacre de 18 personas en las minas de Cipraca, estado Bolívar.

Detalló que citarán a los funcionarios que corresponda, pero dejó claro que cuando estos efectivos no respondan incurrirán en denegación de justicia y serán responsables a nivel internacional por un caso de violación a los Derechos Humanos.

Señaló que por estas investigaciones que realiza el Parlamento es que quieren «callarlos», esto haciendo referencia a la propuesta que presentará Diosdado Cabello ante la Asamblea Nacional Constituyente para escoger un nuevo Poder Legislativo el próximo 22 de abril, mismo día de las elecciones presidenciales.

«En Venezuela funcionario policial tiene derecho a perpetrar una ejecución extrajudicial», afirmó Solórzano, agregando que cada vez que ocurre un caso como el de los 18 venezolanos asesinado en Bolívar, «el Estado los cataloga como terroristas».

«No hay pruebas de enfrentamiento»

Los diputados por el estado Bolívar, Rachid Yasbek, Francisco Sucre, Américo De Grazia y Freddy Valera, manifestaron sus denuncias por lo que está ocurriendo en la entidad y aseguraron que no existen evidencias que muestre un enfrentamiento entre las personas fallecidas y los efectivos del ejercito, y por el contrario hechos como estos se han vuelto costumbre en la zona.

«Mientras el ejército continúe su acción criminal, estas masacres continuarán sucediendo, porque lo que quieren es asesinar a quienes no se dobleguen», repudió Valera.

De Grazia explicó que la primera masacre sucedió el 26 septiembre de 2006 en la Paragua, donde asesinaron a 8 mineros y desde ese entonces «han ocurrido más de 30 sucesos en las zonas mineras. En la Guayana de hoy se ha institucionalizado el crimen».

Yasbek expresó que con estos crímenes buscan encubrir los 20 mil millones de dólares que se han ido en contrabando de oro.

Asimismo, dijo que los informes forenses no hablan de las evidencias de ejecución ni se realizaron a los cuerpos las autopsias como corresponde a pesar de que los familiares exigieron hacer todas las pruebas pertinentes. En el documento se plasmó que la causa de la muerte fueron disparos en el tórax pero manifestó que las gráficas que posee reflejan que recibieron un impacto de bala en la cabeza.

«Estamos hablando de la masacre de 18 personas por el ejercito de esta dictadura (…) el 10 de febrero a las 9:00 de la mañana los ejecutaron», denunció y reveló que estos unos de estos sujetos viajaron a Caracas y se reunieron con autoridades del Gobierno y luego «fueron ajusticiados».

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