Judicial

Órdenes de aprehensión contra cinco personas por nuevo caso de corrupción en PDVSA

Este miércoles el fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, informó que solicitaron órdenes de aprehensión contra cinco personas por su presunta vinculación  en un desfalco estimado en más de 100 millones dólares de Pdvsa Gas Colombia . Varios de ellos fueron relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En rueda de prensa, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente precisó que el daño patrimonial se produjo entre 2007-2015 con la participación activa de la gerente general de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, quien en ese lapso manejó sin supervisión 221,9 millones de dólares.

De esa cantidad, indicó, 112,9 millones fueron generados por el convenio de suministro de combustible entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía manejar.

El fiscal manifestó que la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, adquirió 239 boletos aéreos, entre ellos dos de ida y vuelta a París, así como 73 pasajes con ruta Bogotá- Caracas -Bogotá a José Márquez, quien pasó de ser empleado a contratista de la sucursal.

“José Márquez recibió la suma de 212 mil dólares por honorarios profesionales. Además le fueron adjudicados directamente proyectos por un monto de 591 mil 540 dólares”, denunció Saab.

Tarel Wiliam Saab informó que Sarah Moya pagó 1 millón 297 mil dólares sin soporte a dos abogados por servicios profesionales y antes de dejar el cargo les otorgó un anticipo de 131 mil 200 dólares.

El Fiscal General ejecutó la orden de aprehensión contra la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya; el representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent SAS, José Alberto Márquez, el expresidente y el exdirector de Pdvsa Gas, Anton Castillo Bastardo y Daniel Chirinos; respectivamente, así como del exgerente de finanzas de esta empresa, Luis Rangel.

Los delitos que se les imputarán a los implicados son: corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación. Fue comisionada para esta investigación la Fiscalía 26° nacional.

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