Judicial

Solórzano: Existe patrón de que masacrados en El Junquito fueron ajusticiados

La presidenta de la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga la «Masacre en El Junquito», Delsa Solórzano señaló que existe un patrón que indica que los siete venezolanos fueron ajusticiados con un tiro en la cabeza.

Explicó que las actas de defunción señalan que la causa de la muerte de los seis varones fue fractura de cráneo por un disparo en la cabeza y en el caso de la femenina en la cervical. Lo que considera la parlamentaria deja muchas incógnitas sobre el momento real de su muerte y lo que la provocó, «¿Murieron antes o después de que efectuaron el disparo con el lanzagranadas antiataque RPG-7?», cuestionó.

En este sentido, lamentó que no se presentaran ante la comisión especial los ministros Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y los directores de la DGCIM, la PNB y de la Morgue de Bello Monte así como los demás citados para que aclararan las dudas sobre el caso lo que, a su juicio «evidencia que tienen cosas que ocultar».

Informó que continuarán presionando para que les entreguen las autopsias de Ley a través de las que se confirmará si Lisbeth estaba embarazada, y el estado en el que estaban los cuerpo ya que según testimonio de un familia tenían la cabeza destrozada.

Crímenes de lesa humanidad

Solórzano detalló que los familiares, amigos cercanos y empleadores de las personas masacradas en El Junquito han sido amenazados, y es responsabilidad del Estado brindar protección a indemnizar a estas personas, quienes además han sufrido fuertes lesiones provocadas por los efectivos que realizaron allanamientos en sus casas como fue el caso citado por la comisión especial de José Antonio Pérez Cisnero que fue «brutalmente golpeado» y le colocaron una pistola en la boca a su hijo de tres años para que él revelara dónde se encontraban las armas del grupo de Óscar Pérez.

Es por ello que la parlamentaria aclaró que los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos de cualquier ciudadano no prescriben. Asimismo, dijo que van 31 detenciones arbitrarias, a familiares directos e indirectos y amigos cercanos a las victimas de la masacre.

Artículo 30: El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.

Violación a la Ley orgánica de la policía

La también vicepresidente de la organización global de los parlamentos denunció que, «se ha violentado gravemente» el artículo 34 de la ley del servicio de la policía en su numeral ocho, que, establece que son atribuciones de todos los cuerpos policiales «resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho punible, e impedir que las evidencias, rastros o trazas vinculados al mismo, se alteren o desaparezcan, a los fines de facilitar las investigaciones correspondientes».

En dado caso de que esto no ocurra, como destacó Solórzano, ocurrió en El Junquito los efectivos involucrados serán sujeto de investigación penal, civil y administrativa. Por lo que solicitarán la lista de funcionarios actuantes en el operativo y advirtió que si no la quieren entregar, la obstrucción de la justicia es un delito.

Dijo que otra violación que quisieron cometer y fue frenada por la presión que ejercieron los parlamentario pretender cremar los cuerpos de los siete masacrados a pesar la ley de servicios funerarios en sus artículos 24 y 28 establece que, mientras un cuerpo esté sometido a investigación penal o científica no podrá ser incinerado ni con la autorización de los familiares.

Asimismo, dijo que, aunque los cuerpos fueron enterrados deben ser custodiados para que «no desaparezcan ni sean profanados.

Solórzano aseveró que los cuerpos si corresponden a los siete masacrados porque los familiares los identificaron antes de ser enterrados. Sin embargo, alertó que a los masacrados los enterrados con arapos, «no les colocaron las prendas que sus familiares compraron para ellos».

 

 

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