Judicial

Víctimas de la OLP: En la Cota 905 les tememos más a los policías que a los malandros

«Ya no sé en quién confiar: si en el hampa o en un mal llamado Policía Nacional o Guardia Nacional Bolivariana», con profunda tristeza expresó Brigitte Duarte al relatar el asesinato de su hijo durante un despliegue de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en la Cota 905, en Caracas.

«La mal llamada Policía Nacional Bolivariana le quitó la vida a mi hijo por solamente ayudar a otro ciudadano que venía herido de un tiroteo, junto con otra persona llamada Luis Manuel Méndez. No merecía haber muerto de la manera en que murió. Hoy me convierto en la voz de todas las madres de Venezuela que han perdido un hijo», asevera la madre.

Como ellas cientos de víctimas denuncian los abusos que han sufrido durante la implementación del programa en las zonas populares del país. «No todo el que viva en un barrio es un delincuente», aseguró una de las afectadas durante la sesión del martes en la Asamblea Nacional, en la que se aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la violación de Derechos Humanos y abuso de poder por acciones de la OLP.

La diputada Delsa Solórzano abrió el debate exigiendo que se haga una investigación para determinar las responsabilidades de algunos funcionarios policiales que han participado en estas operaciones. En este sentido destacó que tras las instauración de las OLP se han incrementado las muertes en el país, al tiempo que aseveró que éste «es un programa represivo que ha dejado más muertes que el llamado Caracazo de 1989«.

Según un informe de Provea al menos durante el primer año de aplicación de las OLP  se realizaron 245 ejecuciones extrajudiciales y 460 casos de violación al derecho a la vida.

Claman Justicia

Madres y familiares de las víctimas declararon que desde el año pasado han realizado denuncias en varios organismos del Estado sin poder ser escuchados.

Yendry Gallegos, quien acudió en representación de los habitantes afectados por la OLP que se desarrolló el mes pasado en la Cota 905, recordó que allí fueron asesinados dos personas de nombre Keleller Digger Gallegos Revette y Obryan Mackley Guillén Vivas que, aseguró, «eran inocentes». Sin embargo las autoridades policiales señalaron a Keleller como el jefe de una banda que opera en la zona.

Por su parte Marlon González, perjudicado por la OLP realizada en el sector La Ensenada, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Panamericana, explicó que tras el dispositivo, más de 300 familias quedaron en la calle, porque funcionarios «destruyeron nuestras viviendas y se llevaron televisores, equipos y otras pertenencias».

Asimismo aseguró que hoy viven «arrimados» en talleres y casas prestadas, «antes teníamos nuestras casas y hoy nuestros niños duermen en el suelo, eso es totalmente injusto», señaló al tiempo que rechazó la arremetida de los funcionarios sin presentar ninguna orden judicial que explicara el por qué del desalojo.

«Los habitantes de la Cota 905 y La Ensenada ahora le temen más a los funcionarios policiales que a los mismos delincuentes que habitaban en la zona», apuntan las víctimas.

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo es, como su nombre lo indica, un plan para salvaguardar las zonas del país afectadas por la inseguridad; sin embargo, los resultados que ha generado son adversos, expresan quienes hoy esperan que se haga justicia.

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