Todos los delitos mediáticos se castigarán con cárcel
Ni Zuloaga ni Ravell ni Granier. Cualquier persona que divulgue una información que se considere «falsa» o «manipulada» y que vaya en «perjuicio de los intereses del Estado» o la «moral pública», podrá pasar hasta cuatro años tras las rejas.
El artículo 5 del proyecto de Ley especial contra Delitos Mediáticos, que presenta hoy ante la Asamblea Nacional la fiscal Luisa Ortega Díaz, establece: «Toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social, noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años».
El mismo escarmiento se infligirá al ciudadano que «manipule o tergiverse la noticia», «lesionando la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o la moral pública». La norma redactada por la jefa del Ministerio Público consta de 17 apartados. Todos los «delitos» tipificados en la propuesta: Manipulación de noticias; negativa a revelar información; coacción mediática; omisión voluntaria de suministrar información; instigación; y obstaculización de actividades de medios de comunicación, son sancionados con cárcel. La pena mínima es de seis meses y la máxima de cuatro años.
Iguales en prisión La herramienta no sólo pretende controlar a los dueños y directivos de los medios. El artículo 3 señala que «pueden incurrir en la comisión de estos delitos» productores nacionales independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas «y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación».
Ortega Díaz define en su texto qué son «delitos mediáticos»: «Las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social».
