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Tres muertos en Táchira a manos de grupos irregulares en la última semana, denuncia la AN

La Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional, denunció este miércoles 31 de julio que los homicidios a manos de grupos irregulares siguen aumento.

«Desde febrero de 2019 hasta la fecha, se contabilizan aproximadamente 20 asesinatos por sicariato y al menos seis decapitaciones», manifestó el diputado Franklyn Duarte.

En lo que va de semana se contabilizan tres de estas muertes violentas, el pasado lunes 29 de julio fue la primera y el martes 30, las víctimas fueron dos deportistas identificados como Carlos Corzo, de 24 años de edad, y José Rangel, de 45 años.

«En varios sectores de la entidad se está aplicando un toque de queda que es difundido a través de cadenas de whatsapp. Esto me lo confirmaron los familiares de una de las víctimas que tuvieron que salir de emergencia durante la noche y fueron emboscados por un grupo de motorizados armados que les pidieron que regresaran a sus hogares», detalló el parlamentario.

Las familias tachirenses ante el incremento de la violencia viven una zozobra constante que les obliga a tener comunicación solo con «personas de confianza» y viven en tensión, inclusive, mientras no hay enfrentamientos.

Estos hechos violentos y los enfrentamientos entre los grupos paramilitares se producen constantemente en los municipios Bolívar y Pedro María de Ureña.

Leer también: Grupos armados se enfrentan en zona fronteriza de Táchira, denuncia diputado Duarte

Descontrol

Sobre el control de la situación de parte de los cuerpos policiales del estado, el presidente de la comisión señaló que hasta la fecha no han podido actuar por «órdenes superiores» por lo que estas actividades delictivas solo se dan en suelo venezolano.

“Me gustaría que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y todos los grupos parapoliciales, que están preparados para atacar a este tipo de bandas, actuara en su contra”, exigió Duarte.

«Es el momento de que los responsables de la fuerza armada dejen a un lado su actividad política», pidió.

Según el diputado en el territorio que corresponde a Colombia, la situación no es la misma porque allí los cuerpos de seguridad han logrado ejercer control.

El presidente de la Comisión Permanente de la Familia, también reveló que el reclutamiento de jóvenes de bajos recursos cada vez es mayor. «Hay quienes viajan a la frontera para buscar trabajo y terminan siendo contratados por los grupos armados para que de alguna manera colaboren en la vigilancia», informó.

Denuncias

La organización no gubernamental FundaRedes ha denunciando en varias ocasiones la continuidad de este tipo de hechos en lo que respecta a la zona fronteriza de Venezuela con Colombia.

El director general de la misma, Javier Tarazona, hizo responsable a Nicolás Maduro de esto pues a su juicio «es evidente su complicidad y apoyo a los grupos armados» puesto que los invita a que realicen sus actividades en el territorio nacional.

“A confesión de parte relevo de pruebas, esta bienvenida que le da Maduro a los grupos irregulares es la confirmación de todas las denuncias que se han hecho al respecto, y por ello deploramos que quienes hoy ostentan el poder, permitan la expansión de más de 30 frentes de grupos irregulares en 14 estados de Venezuela, con extorsión, narcotráfico, asesinatos entre otras situaciones como las constantes balaceras en los municipios colindantes con Colombia”, advirtió Tarazona.

Durante una rueda de prensa puntualizó varios casos:

  • En una escuela de Tiendita en el municipio Pedro María Ureña se instaló un grupo irregular a pesar de que esta institución se encuentra cerca de un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana.
  • Células del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejercen control sobre las poblaciones de Capacho Viejo y Capacho Nuevo, allí secuestran y cometen otro tipo de délitos.
  • La misma situación se repite en el sector de El Hato de la Virgen, lugar donde varias organizaciones delictivas atemorizan a la población y no reciben correctivos de parte de los funcionarios policiales.
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