Denuncian que el TSJ es uno de los «consentidos» del presupuesto nacional

Dando y dando. Así parece funcionar la relación entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Gobierno pues si el primero ha avalado los distintos decretos de Estado de Excepción dictados desde 2016 con los que le ha permitido al segundo gobernar sin controles y manejar los recursos públicos sin aprobación de la Asamblea Nacional, el segundo se lo ha retribuido otorgándole ingentes recursos, destaca el informe de Transparencia Venezuela.

Así en el decreto presidencial número 3.448, dictado por el presidente Nicolás Maduro, el Ejecutivo le concedió al máximo juzgado un crédito adicional por más de 28 billones de bolívares (Bs. 28.580.861.200.158,00) de los cuales 17,2 billones, es decir 61%, serán empleados para la “modernización de la plataforma tecnológica” del organismo y así “elevar los niveles de la eficiencia y eficacia en la administración de justicia, basados en los lineamientos establecidos en la Ley Plan de la Patria y del Plan Estratégico del Tribunal Supremo de Justicia”.

Más recursos

Al “mejoramiento de la infraestructura tecnológica de servicios y telecomunicaciones, para garantizar la correcta operatividad de las herramientas informáticas, que apoyan la gestión judicial y administrativa del TSJ” se destinarán 16,8 billones, según figura en la resolución presidencial aprobada en el marco del último decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, avalado por la Sala Constitucional.

Desde finales de 2016 la página web del máximo juzgado presenta fallas que impiden a los ciudadanos acceder a ella y enterarse de las decisiones que adopta. Estos problemas se han agudizado con el paso del tiempo y en la actualidad desde el extranjero no se puede ingresar al sitio web del organismo.

Desde el TSJ han atribuido estas fallas a la pérdida de personal que la instancia viene sufriendo desde la última etapa de la gestión de la anterior presidenta, magistrada Gladys Gutiérrez, así como al deterioro de equipos. “En el Departamento de Informática ya no queda casi nadie, porque se han ido en busca de mejores salarios”, explicó un magistrado suplente.

Sin embargo, también hay quienes lo atribuyen a decisiones políticas. “En ocasiones saca del aire a la web para evitar que se difundan determinadas decisiones o votos salvados”, dijo otro confidente en alusión al caso de las objeciones que la magistrada Marisela Godoy (Sala Social) formuló a la sentencia que permitió el procesamiento por tribunales militares y sin antejuicio de mérito, del diputado suplente opositor Gilber Caro.

No obstante, desde la mayoría pro oficialista se dan otras explicaciones. “Las fallas son responsabilidad del servicio de la estatal telefónica CANTV y el bloqueo al exterior es para evitar que hackers ataquen la página”, dijo otra magistrada.

De los 16,8 billones antes mencionados está previsto destinar 12 billones a la compra de equipos de computación y otros 151 millardos a la adquisición de materiales para dichos equipos, así como 858 millardos para “paquetes y programas de computación”.

Más obras y seguridad

El TSJ tiene previsto seguir con la tradición, de realizar continuas obras a su sede. Al menos esto es lo que se desprende del decreto presidencial, en el cual se le reservan más de 3 billones para “mantener la infraestructura del TSJ a fin de garantizar su óptimo funcionamiento y mejores condiciones en el medio ambiente de trabajo y atención a los usuarios”.

En los últimos diez años al edificio ubicado al final de la capitalina avenida Baralt se le han sustituido sus ascensores, adecuado el aire acondicionado, reconstruido la plaza que está frente a una de sus fachadas, construido dos estacionamientos y un preescolar, levantado una cerca perimetral y además se han renovado los baños destinados para el uso de los magistrados, y también para los visitantes. Esto contrasta con el caso del Palacio de Justicia de Caracas, el cual funciona desde hace 30 años sin que se hayan concluido sus obras.

Otra partida que sobresale es la relacionada con el fortalecimiento del “sistema de seguridad y protección integral del Tribunal Supremo de Justicia” y la cual tiene por objetivo “garantizar el resguardo y custodia de los trabajadores, visitantes, así como la seguridad de las instalaciones”. Para la misma se han dispuesto 4,1 billones de bolívares, de los cuales 1,4 billones serán usados en la adquisición de “materiales de orden público, seguridad y defensa”.

Aunque la custodia del máximo juzgado es responsabilidad de la Guardia Nacional, la cual tiene un comando dentro de las instalaciones del organismo, la actual directiva viene dando pasos para dotarse de una especie de policía propia y para ello los miembros de la Dirección de Seguridad han venido siendo sometidos a distintos entrenamientos.

Fuentes cercanas al actual presidente, magistrado Maikel Moreno, aseguran que éste tiene pensado reforzar al cuerpo de seguridad interno e incluso desea modificar el helipuerto ubicado en la azotea del edificio sede para convertirlo en una plataforma desde la cual repeler ataques como el que protagonizó a mediados de 2017 el fallecido comisario Oscar Pérez.

Sin referencia ni transparencia

El hecho de que no se haya publicado el presupuesto nacional de 2018 impide saber si el sistema de justicia, con este crédito o sin él, ha recibido el 2% que la Constitución ordena entregarle cada año para garantizar su funcionamiento. De la misma manera es imposible determinar en cuánto ha variado el presupuesto asignado al máximo juzgado en lo que va de año.

Otro asunto espinoso es la evaluación, pues hasta ahora las autoridades del TSJ no han informado cuáles son sus objetivos y metas en materia de mejora de las telecomunicaciones, por lo cual será difícil determinar si los mismos se cumplieron o no y como estos proyectos se traducirán en un servicio más transparente para los ciudadanos.

En el pasado, cuando el organismo rector del Poder Judicial ha recibido grandes recursos para obras e inversiones, se ha visto envuelto en escándalos. Así ocurrió durante la gestión del magistrado Omar Mora Díaz, quien autorizó una serie de trabajos que fueron cuestionados por la Auditoría Interna del TSJ, por considerar que en las mismas se incurrieron en irregularidades. Sin embargo, posteriormente la Contraloría General de la República archivó dichas averiguaciones.

Otros gastos llamativos

El Gobierno también otorgó al TSJ fondos extras por 20 millardos de bolívares para financiar los viajes al extranjero de los magistrados, cifra que casi triplica a lo que está previsto para que los integrantes del organismo se desplacen en Venezuela (7,2 millardos).

Por último, fueron reservados más de 228 millones de bolívares para la adquisición de “instrumentos musicales”, para el núcleo del sistema de orquestas que opera en el organismo.