Actualidad Nacional

Un sistema político sin partidos: Venezuela 2018

En el marco de las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el 170° Período Ordinario, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) participó en una sesión sobre detención arbitraria y situación de los derechos políticos en Venezuela.

En esta audiencia se presentó la situación de los derechos políticos de los venezolanos, en especial lo denunciado en varias oportunidades en Cepaz sobre el hostigamiento y persecución de los partidos políticos.

El año pasado, con ocasión de la instalación de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), publicamos el informe “Estocada a la democracia”, en el cual se reseñaron las decisiones que motivaron la instalación de la Constituyente, su naturaleza y sus primeras actuaciones en decremento de la garantía de los derechos políticos de los venezolanos.

En aquella oportunidad advertimos sobre la amenaza que representaba este órgano, no sólo por los vicios constitucionales derivados de su convocatoria sino, además, debido al carácter supraconstitucional que se atribuye. Siendo una clara demostración de su naturaleza antidemocrática por su mera concepción como mecanismo para la toma unilateral de decisiones por parte de un sector de la sociedad, contraria al espíritu y concepción de la democracia y todo sistema de participación ciudadana.

Dentro de estos escenarios de arremetidas contra la democracia venezolana, haremos más adelante mención de la frágil situación de los partidos políticos en el sistema político del país. Pero para ello es necesario presentar un breve recuento de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en su búsqueda de reducir y menoscabar los espacios de participación política del ciudadano.

Como punto de partida, se tomará lo acontecido desde enero de 2016 cuando se constata de manera clara cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó como norma la manipulación de los lapsos previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), evidenciándose en los constantes cambios de criterio sobre los procesos que organiza para justificar sus posturas políticas.

¿Cuándo comenzó la arremetida contra los partidos políticos?

La Sentencia Nro. 01/2016 de la Sala Constitucional constituye la piedra angular sobre la cual empezó a construirse la ruta de la exclusión de las organizaciones políticas del sistema político venezolano.

A través de esta sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la renovación de 59 partidos políticos tras la arbitraria interpretación que la Sala Constitucional dio al artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.[1] Tal interpretación obligó a ciertos partidos a renovar su nómina de inscritos en un procedimiento burocrático que, de hecho, ilegalizó a esos partidos, pues quedaron impedidos de participar en procedimientos electorales hasta tanto no cumpliesen con este trámite de renovación.

EFE

 

¿Y cuál es el escenario para este 9D?

A días de la celebración de los comicios de concejos municipales de este 9 de diciembre, desde Cepaz queremos informar que como organización defensora de derechos humanos continuaremos documentado, denunciado y difundido ante instancias nacionales e internacionales las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos, en lo que consideramos la conformación de acciones sistemáticas al debilitamiento del voto como expresión ciudadana en democracia.

Dentro de este inconstitucional proceso se hace notorio una vez más cómo el CNE, máximo ente electoral, insiste en consolidar el ventajismo del Gobierno Nacional al acorralar inconstitucionalmente a los partidos políticos y condicionar el ejercicio legítimo de su derecho a participar en los eventos comiciales. De acuerdo con el ente comicial, sólo treinta partidos expresamente convocados por el mismo CNE son los que estarían habilitados para participar el 9 de diciembre.

AVN

Desde Cepaz seguiremos denunciando y exigiendo el cumplimento de las garantías constitucionales para la realización de elecciones, ya que la postura del CNE de cara a estos comicios de concejales no sólo es una franca violación a las disposiciones expresas en la Constitución y la legislación electoral, sino que además supone una reedición de las arbitrariedades en las que se han visto envueltas las últimas contiendas comiciales celebradas en el país.

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