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Venezuela, ¿un espiral de violencia y violaciones de los Derechos Humanos?

Venezuela entró en un proceso de transición política y social que ha calentado nuevamente las calles y ha generado un gran número de protestas en el país. El problema es que el derecho a la protesta y a la manifestación contemplados en la Constitución Nacional en el artículo 68, no son del todo respetados en un territorio en el que la tolerancia y la libertad de expresión son constantemente cercenados por quienes ejercen el poder.

En Venezuela, protestar y manifestar inconformidad puede acarrear en casos extremos, la privativa de libertad mediante la imputación de «delitos» como «traición a la patria», «instigación al odio» y «instigación al desorden y a la violencia». El ciudadano a quien se le acuse de ellos, obtendrá a cambio muchos años de tortura en una prisión donde a veces ni siquiera vuelve a ver la luz del sol durante su tiempo de prisión.

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones
pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Con cada protesta se encienden las alertas de los llamados popularmente «escuadrones de la muerte». Los cuerpos represores del gobierno nacional como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) comienzan su persecución hacia aquellos quienes se atreven a disentir en contra del gobierno nacional o ejercen su poder represivo dentro de los organismos judiciales.

Según Provea y el Foro Penal, durante las últimas protestas de enero de 2019 se han registrado unas 850 personas que están privadas de libertad desde el pasado 21 de enero en el que se detuvieron no sólo a adultos (100 mujeres); sino a unos 77 adolescentes y niños, de los cuales ya al menos 60, han sido presentados en audiencias preliminares. Sólo el 23 de enero, cuando realizó una marcha pacífica en todo el país, se detuvieron a 696 personas que fueron perseguidas por los funcionarios policiales del FAES. 

El Foro Penal anunció en recientes declaraciones que Caracas, Dtto Capital, es la región donde mayores detenciones se han producido en el país durante las últimas protestas. En segundo lugar se encuentra el estado Aragua y en tercer lugar el Estado Zulia. Muchos de los detenidos han sido secuestrados y sacados de sus hogares tras persecuciones y allanamientos de morada al comprobarse su participación en las diferentes manifestaciones que se han suscitado específicamente en los sectores populares y regiones de mayor pobreza en Venezuela.

Para Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS, unas 35 personas fueron asesinadas en el contexto de las manifestaciones y protestas que se han llevado a cabo desde comienzos de año. Los fallecimientos han ocurrido en 10 estados de Venezuela en los que el Dtto Capital, (10 personas); estado Bolívar ,(8 personas); y estado Portuguesa, (4 víctimas), ocupan los tres primeros lugares.

Según OVCS, algunos de los fallecidos en Caracas fueron identificados como: Alixon Osorio Dos Santos Pizani, Fracisco Acosta, Frank David Correa Gutiérrez, Franklin Alexánder Figuera, Kevin Antonio Cárdenas Blanquez, Luis Alberto Martínez, Nick Samuel Borges, Robert Cabello y Stafany Maholy Layoy Natera.

Todas las muertes fueron por el uso de armas de fuego. En el estado Lara, en El Tocuyo, unas 8 personas fueron ajusticiadas por el FAES, «(…) principal responsable de las masacres», según Provea. Esta violación de los derechos humanos es flagrancia de los delitos de Lesa Humanidad que según Foro Penal «(…) deben quedar en manos de la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos, liderado por Michelle Bachelet «, a quien ya se le ha reiterado en numerosas ocasiones una nueva visita a Venezuela.

El país con la mayor tasa de violencia en el mundo 

Según el Observatorio Venezolano de la violencia (OVV), la tasa de fallecimientos en Venezuela era de 81,4% de «muertes violentas por cada cien mil habitantes para conformar un total de 23.047 fallecidos para el año 2018″. Estos índices representan una cifra bastante significativa, en comparación con países como Nicaragua y Honduras en donde se registran unas 40 víctimas por 100 mil habitantes. Venezuela está por encima de El Salvador que registra 60 muertes por 100 mil habitantes, además de Brasil, donde los índices de violencias también son bastante altos.

En la composición de esta cifra encontramos, según la OVV, 10.422 homicidios, 7.523 cadáveres catalogados como fallecidos por resistencia a la autoridad y 5.102 casos de averiguaciones de muerte. «(…) Hay una disminución de las muertes violentas cometidas por los delincuentes y un incremento de las muertes violentas producto de la acción policial que son llamadas como “resistencia a la autoridad”, pero que en una buena parte y con seguridad pueden ser clasificadas como ejecuciones extrajudiciales«.

En el 2018 cayeron 7.523 personas por la acción de los cuerpos policiales y militares, un incremento importante en relación al año anterior. Estas cifras nos llevan a la reflexión, porque si bien los índices de inseguridad en Venezuela son alarmantes, y sabemos que el hampa a mano armada ha venido azotando a los venezolanos desde hace muchísimo tiempo, este panorama se queda ahora corto en los dos últimos años (2016-2018), debido a que la instigación, la extorsión, el chantaje y el ajusticiamiento por parte de los funcionarios que se supone deben imponer el orden en el país, son quienes ahora ejercen la violencia y cometen la mayoría de los homicidios.

La abogada Ana Leonor Acosta, quien trabaja dentro de la coalición sobre la Defensa de los derechos humanos en Venezuela, reporta 43 fallecidos tras las constantes represiones que se han venido llevando a cabo en el país. «Los privados de libertad sufren de torturas, golpes, descargas eléctricas, bombardeo con lacrimógenas dentro de las celdas, amenazas de violaciones sexuales, y a ninguno se les proporciona el suministro de alimentos y líquidos, (…) son víctimas de todo tipo de abusos y maltratos que atentan contra la vida de los detenidos».

¿Dónde queda el derecho de protesta en Venezuela?

Niños y adolescentes las víctimas más vulnerables  

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, anunció que unos  «(…) 77 menores de edad han sido detenidos arbitrariamente, niños entre 13 y 14 años se encuentran bajo custodia policial, en donde hay muchas niñas involucradas». La denuncia ha sido respaldada por otros organismos encargados del registro y análisis de la situación de represión que se viene llevando a cabo dentro del país como OVCS y PROVEA. 80 menores de edad fueron detenidos en protestas contra Maduro

Unicef también se pronunció debido a la violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes en donde según la diputada de la AN, Delsa Solórzano vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial. «(…) un niño de 12 años no puede ser imputado, es ilegal la detención de los menores de edad en el país porque no pueden ser procesados bajo las leyes».

Diputada Solórzano, aseguró que ha recibido al menos 1.032 denuncias de personas que sufrieron “abusos” durante los megaoperativos de la OLHP/ Foto: Archivo
Diputada Delsa Solórzano/ Foto: Archivo

«(…) a un niño de 12 años no se le pueden dictar medidas, no puede estar detenido y muchos de ellos no solamente están en calabozos desde hace más de 48 horas – que es el lapso máximo de detención preventiva – sino que los jueces que los están dejando presos dicen que es por 45 días nada más, para tratar de disimular que hay una orden de privación de libertad, porque esos 45 días responden al lapso de ley para presentar la acusación.»

 

La Unicef recalcó que «(…) los adolescentes arrestados deben ser tratados de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por Venezuela, con el fin de que se garanticen sus derechos. «(…) Unicef seguirá trabajando con socios nacionales y con la comunidad internacional para proteger y defender los derechos de los niños en Venezuela».

Foro Penal y Provea han realizado numerosos llamados a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien condenó la violencia y la represión contra manifestantes en Venezuela en días recientes en los que mencionó que «(…) al menos 20 muertos y 350 detenidos», eran las cifras que manejaba la ONU.

Bachelet no ha dicho cuando viene a Venezuela, pero dejó saber que su mayor inquietud era que se repitieran los hechos derivados de las protestas y la represión de los funcionarios policiales en agosto de 2017. «(…) especialmente en lo tocante a asesinatos extrajudiciales, frecuentes detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de asamblea y expresión, y ataques indiscriminados».

CIDH espera llegar 

El vocero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, asegura que se preparan para visitar el territorio venezolano, pero «(…) no han sido aceptados por los dirigentes oficialistas desde hace siete años».

La llegada de la CIDH requiere de una serie de pasos previos, «(…) las circunstancias bajo las que se realiza la misma deben ser estudiadas debido a la disyuntiva política. La comisión está preparada, solo debemos recibir la invitación, estudiar el ambiente político y la responderemos positivamente».

El CIDH, sigue de cerca el caso venezolano y la violación de los derechos humanos debido a la alta cifra de muertes.

 

Seguimos de cerca la situación en la nación a raíz de la crisis política que se ha generado, contabilizando al menos 26 personas fallecidas durante las protestas hechas desde el 22 de enero. Es una cifra muy alta para un período tan corto, lo que evidencia la fuerza desmedida por parte de los cuerpos de seguridad.

La Comisión aseguró que el órgano independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) está al tanto de la ruptura constitucional propiciada por los dirigentes oficialistas y han ocasionado una crisis social y humanitaria en el país.

Hace tiempo que hemos afirma que la democracia y los derechos humanos forman parte del mismo lado de una moneda, ninguno puede funcionar sin el otro. En Venezuela, desafortunadamente se han dado las situaciones más graves de los derechos humanos que desde hace mucho tiempo no se vivía en la región.

 

 

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