Víctor Álvarez: La transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición

El economista e investigador, Víctor Álvarez, consideró que el país no puede funcionar con dos presidentes de la República, dos Asambleas Nacionales y dos Tribunales Supremos de Justicia.

A su juicio, «una nación bicéfala carece de visión compartida y jamás podrá lograr una unidad de criterios que le dé coherencia y eficacia a su acción. Esa situación no puede continuar y tiene que cambiar. Y la única opción para lograrlo en paz es reconociendo al contrario y sentándose a dialogar y negociar hasta lograr el entendimiento nacional».

En efecto, sostuvo que «la crisis de gobernabilidad que hunde en el caos a Venezuela se debe, en gran medida, a unas élites políticas que han sido incapaces de ponerse de acuerdo, no se reconocen y están más interesadas en exterminarse que en cooperar y complementarse para sacar al país de la crisis. Venezuela necesita un acuerdo político en el que, en vez de exigir y esperar la rendición incondicional del otro, más bien sea una fórmula incluyente».

Facilitar la transición

Para el economista, también Premio Nacional de Ciencias, «hasta en un cambio de gobierno, este acuerdo debería prever y comprometer la participación del chavismo para evitar que el país se enguerrille, se asegure la paz y así se facilite la gobernabilidad de la nación. Y esto no significa impunidad sino saber identificar los sectores del oficialismo que pueden y están dispuestos a facilitar la transición política y la gobernabilidad de la nación.

Sostuvo que el nuevo gobierno que resulte electo en unas presidenciales derivadas de un eventual acuerdo político entre gobierno y oposición «tendría que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota a Venezuela».

Bajo su óptica, «para empezar, tendría que levantar los controles de cambio y de precios, cuyo impacto inicial sería un aumento en los precios represados. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, la nueva administración tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, lo cual no sería bien recibido en los hogares que han visto cómo el ingreso familiar se vuelve sal y agua por la voraz hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina para eliminar el incentivo al contrabando de extracción y reactivar el cobro de peajes para repotenciar la infraestructura vial».

A tenor del economista, «será necesario también iniciar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública para fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar empresas públicas que terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica una considerable reducción de las abultadas nóminas».

Reconstruir Pdvsa

Para Álvarez, «el nuevo gobierno tendría que acometer con urgencia la reconstrucción de Pdvsa. Esto pasa por deslastrarla del enorme peso que significa cargar con misiones y responsabilidades que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo si no se les ofrece una alternativa que les permita poner comida en la mesa de su casa».

Declaró que por si fuera poco, ese nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son cruciales para liberar fondos y reabrir las fuentes de financiamiento internacional para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas, repuestos, insumos, maquinarias y equipos que requiere la reactivación del aparato productivo.

El costo social y político de las medidas económicas

Al respecto, el economista expresó que todos estos son problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar los controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario, sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son muertos que ningún nuevo gobierno quisiera cargar.

«A la mayoría de estas medidas se les atribuye un impacto social y un nuevo gobierno tendría que aplicarlas justo antes de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre del 2020, con el riesgo de no lograr la mayoría en la AN. Nadie quiere arrancar su gestión enfrentándose a sindicatos, consejos comunales, partidos políticos y acreedores internacionales que vendrán a cobrar lo que se les debe», comentó.

A su juicio, un cambio político no es garantía de cambio económico. El nuevo gobierno estaría entre la espada y la pared. Si aplica las medidas de ajuste económico generaría un impacto social y pagaría el costo político en las parlamentarias de 2020. Y si no las aplica, se prolongarían los problemas de escasez e hiperinflación, defraudando las expectativas de cambio.

Transición pacífica pasa por un gobierno de coalición

Álvarez resaltó que lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social impone superar los graves problemas de escasez, hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis humanitaria sin precedentes. Familias completas huyen del hambre en una diáspora que no tiene parangón.

«La desesperación nacional le exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su consejo de ministros rápidamente habrán perdido su credibilidad. Pero con una producción de petróleo de apenas un millón de barriles diarios, un aparato productivo postrado luego de cinco años de severa contracción, con la carga de una pesada deuda externa y sin financiamiento internacional, es poco probable superar la crisis en tan poco tiempo», precisó.

De hecho, apuntó que el cálculo político indica que sería mejor convocar las nuevas presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde al nuevo gobierno. Pero una población cansada de tanto esperar puede explotar. Para evitar esta tragedia es necesario abrirle paso a un gobierno de coalición que se dedique a sanear la economía y asegurar las condiciones electorales que permitan convocar nuevas presidenciales en 2021, de tal forma que quien resulte ganador reciba un país que se pueda gobernar.

Expresó que el clamor nacional vería con buenos ojos un gobierno de coalición conformado por sectores democráticos y moderados del oficialismo y la oposición que estarían dispuestos a priorizar el interés nacional, aún a riesgo de que los extremistas de lado y lado los califiquen de colaboracionistas con el Gobierno o de haber entregado la Revolución.

Este acuerdo para la superación pacífica y democrática de la crisis lograría gran apoyo internacional, y se basaría en los siguientes principios rectores:

1. Concertación previa del Programa de Reformas Económicas.

2. Concertación previa de la Agenda Legislativa para Reactivar la Producción.

3. Levantamiento de las sanciones financieras internacionales.

4. Refinanciamiento de la deuda externa.

5. Nuevo financiamiento internacional, incluyendo transferencias sin reembolso.

6. Inversiones extranjeras para reactivar la economía.

7. Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional.

8. Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021.

9. Renovación del Consejo Nacional Electoral como un árbitro imparcial.

10. Observación internacional de todo el proceso electoral.

11. Liberación de los presos políticos.

12. Garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones.