AN cierra «viejos» casos de corrupción sin sanciones

Si la medida son los «casos cerrados», podría concluirse que el chavismo necesita de la oposición para luchar contra la corrupción.

El informe de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional señala que entre 2011 y 2013, esa instancia finiquitó 1.087 expedientes. La cifra contrasta con la registrada en todo el quinquenio 2006-2010, controlado absolutamente por los rojos, en el que solo sellaron 296.

Desde que se instaló este Parlamento, el número de casos «abiertos» por año es inferior a la cantidad de «cerrados». En 2012, abrieron 73 investigaciones y concluyeron 643. Un año antes habían iniciado 56 pesquisas y finalizaron 271. En cambio, entre 2006 y 2008 comenzaron 637 averiguaciones y dieron por terminadas apenas 130.

El balance de la Comisión de Contraloría deja en evidencia que el grueso de los casos cerrados responden a viejas deudas del foro, razón por la cual la mayoría no arroja sanciones o declaratorias de responsabilidad política.

El diputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira), miembro de esta instancia legislativa, recordó que en una sesión en la que discutían el posible castigo a un ex alcalde, «un colega oficialista tomó la palabra para informar que el funcionario ya había fallecido».

Sin vigencia

«La Comisión de Contraloría ha querido presentar como un gran logro el cierre de un número importante de expedientes que han perdido vigencia. Habría sido mucho más efectivo darle celeridad a casos actuales», opinó Díaz.

El legislador socialcristiano sostuvo que el presidente de la comisión, Pedro Carreño (PSUV-Lara), ha impuesto una agenda «político-partidista» para atacar a la disidencia, al tiempo que han quedado engavetadas denuncias contra Pdval, Fondo Chino, Cadivi, Ministerio de Salud y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.

Díaz aseveró que, además, el chavismo ha bloqueado la reforma a la Ley contra la Corrupción. «El balance de la comisión en su aporte a la lucha contra la corrupción es totalmente precario. Solo hemos visto sanciones a tres alcaldes oficialistas de municipios pequeños y apartados, que ya tenían autos de detención encima», apuntó.

El representante tachirense citó como ejemplo de impunidad el caso del general Hugo Carvajal. «Allí hubo una solidaridad automática por parte del Gobierno y sus instituciones, en lugar de impulsar una investigación sobre el fondo de las acusaciones que generaron la detención de Carvajal en Aruba», espetó.