Matanza de funcionarios atiza el descontento policial, por Javier Ignacio Mayorca
Javier Ignacio Mayorca /@javiermayorca
El miércoles 6 de abril en la mañana comenzó a correr en los chats policiales una imagen que ya se está haciendo rutinaria: la foto de algún agente acompañada por el escudo de la institución donde prestaba servicio, adornado con un lazo negro, indicativo de luto.
Pero en esta oportunidad hubo algo distinto. En la gráfica no estaba un agente sino tres. Eran tantos que tuvieron que reducir el logo de la policía judicial. Se trataba de los detectives Franklin Ramírez y Yesenia Avila, así como también el aspirante Jesús Domínguez. Todos ellos fueron ultimados aproximadamente a las 2:30 am de ese día, en medio de una situación confusa en la que ocho detenidos en la subdelegación El Valle lograron apoderarse de cinco pistolas pertenecientes a los propios policías, para luego arremeter contra los que se encontraban de guardia esa madrugada.
La acción de los presos en El Valle tomó por sorpresa a los funcionarios. Las versiones preliminares indican que el ataque empezó mientras uno de los efectivos policiales entregaba una pastilla a uno de los detenidos. El líder y planificador de la fuga sería un miembro activo de la banda conocida como El 70, que opera en el sector homónimo de la parroquia caraqueña.
La colectivización de la muerte también está llegando a los efectivos policiales. El 29 de marzo, dos oficiales de la Policía del estado Táchira murieron cuando atendían una manifestación estudiantil en San Cristóbal. Los uniformados (uno de ellos mujer con menos de dos meses de graduada en el curso de instrucción) fallecieron por los traumatismos que les ocasionó el arrollamiento por una buseta, conducida por un estudiante del IUT ligado al oficialismo.
Se trata de cinco decesos en lo que se llama “actos de servicio”, algo realmente inusual en el país, en especial si se toma en cuenta que ocurrieron en apenas ocho días.
Hasta el 6 de abril han sido víctimas de homicidios en toda Venezuela 100 funcionarios policiales o militares, según Donagee Sandoval, portavoz de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro). Esto representa un incremento de 5% con respecto al primer trimestre de 2015. En ese lapso cayeron víctimas de la violencia criminal 96 funcionarios o escoltas.
Desde 2013 esta organización lleva una estadística referida a la violencia contra los miembros de cuerpos de seguridad ciudadana. En la mayoría de los casos, los ataques suceden por la aparente intención de apoderarse de las armas, los vehículos o ambas cosas.
Pero la violencia contra ellos está mutando. Ahora, explicó Sandoval, también quieren “marcar territorio, enseñarle a la comunidad que son ellos quienes mandan”.
“Creo que ahora es más la satisfacción de matarlos (a los funcionarios) que lo que se pueda obtener. Simplemente, delincuencia desatada”, resumió.
Olla de presión
El secretario general de la Asociación de Policías Jubilados y Pensionados, subcomisario (Disip), Omar Vásquez está convencido de que a los uniformados activos se les acaba la paciencia. A las presiones generadas por el empobrecimiento de la población, especialmente en el sector de los asalariados en el que ellos están, se suma la falta de respaldo por parte del Ejecutivo, a través del llamado “órgano rector” que es el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y la insistencia en programas como el de las “zonas de paz”, que son percibidos como un aliciente para las bandas criminales.
“El Estado está cazando una pelea con los cuerpos policiales. Hay muchos policías que quieren hacer un pronunciamiento. Otros un paro”, advirtió Vásquez.
El estado anímico de los funcionarios se refleja con fidelidad a través de los llamados chats policiales, redes de mensajería telefónica en la que informan novedades e igualmente hacen saber sus opiniones. Por ejemplo, la víspera de la fuga de detenidos en la subdelegación El Valle hubo un intenso enfrentamiento entre funcionarios de la Policía de Caracas y una banda del Cementerio. Eventualmente, los agentes se quedaron sin municiones y solicitaron refuerzos. La negativa a esta petición fue revelada por un edecán a través de estas redes. El argumento es que los policías debían respetar esa “zona de paz”. Junto a esta información iba anexo un comentario sobre el supuesto vínculo de los militares directivos de ese cuerpo de seguridad con el tráfico de drogas.
El lunes 4 de marzo, luego de un ataque con granadas a la subdelegación Caña de Azúcar de Cicpc, en Aragua, los agentes descargaron su ira a través de las mismas redes, con una amenaza: “¡Lo que les viene es plomo!”.
Y cumplieron. En menos de un día habían matado en el sector La Pedrera de la misma ciudad a dos sujetos que supuestamente participaron en la arremetida con explosivos.
Estos sistemas de mensajería ya ocasionan incomodidad en la dirección de la policía judicial y el MRI. El 2 de marzo, el titular del despacho mayor general Gustavo González y el director de Cicpc Douglas Rico ordenaron durante una reunión con todos los jefes de subdelegaciones y directores restringir al máximo el uso de tales sistemas.
Durante varios días la orden fue acatada. Luego, los propios policías se percataron de la conveniencia de retomar los contactos.
Los números de la matanza
Según Vásquez, todos los meses mueren en hechos violentos diez policías en el eje Distrito Capital-Miranda. Esto equivale a aproximadamente al 30% de los casos correspondientes a todo el país.
En 2015 fueron reportados 344 homicidios de militares, policías o escoltas, cifra que superó en siete casos la del año anterior.
El MRI aún no ha emitido una norma para intentar prevenir esta sangría, aunque durante 2015 hubo un ciclo de reuniones en la sede del Sebin Plaza Venezuela para analizar este asunto.
Algunas policías han restringido la tenencia de sus pistolas o escopetas estrictamente a los lapsos de servicio. De manera que el funcionario debe consignarla en el parque de armas cuando finaliza su trabajo.
Otros integrantes de cuerpos de seguridad invocan un principio establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, en el sentido de que la función no cesa con la finalización de la jornada diaria. Se trata de un servicio permanente, día y noche, los 365 días del año. Por lo tanto, el agente no podría ser despojado nunca de una herramienta de trabajo vital, como es su arma.
En Cicpc se optó por limitar la tenencia de armas entre los efectivos con menos de cinco años de servicio. Los militares aún no toman medidas al respecto.
Mientras tanto, la matanza continúa.
