Academia de Ciencias Políticas preocupada por la estabilidad bancaria
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un pronunciamiento en torno a las intervenciones bancarias y la estabilidad del sistema financiero.
Al respecto, consideró que le preocupa la intervención de Banesco, la cual vino acompañada de la detención, a todas luces arbitraria, de altos ejecutivos y empleados de la institución bancaria.
Sostuvo que las intervenciones bancarias atentan, además, contra el elemento intangible más importante de la actividad financiera, la confianza, muy difícil de obtener y muy fácil de perder. Solo en caso extremo, muy justificado, puede decretarse una intervención administrativa bancaria.
Lea a continuación el pronunciamiento íntegro:
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales manifiesta su profunda preocupación por la medida de intervención administrativa de una de las más grandes instituciones financieras del país, con más de ocho millones de clientes, con forma de grupo de sociedades, extendida a todo lo largo de la geografía nacional, con ramificaciones internacionales, prestadora de un
servicio público, tenedora de ahorros de personas de todas las capas sociales y de instituciones -públicas y privadas- de diverso rango e importancia, y con una actividad reconocida de promoción de la cultura, la educación y la labor social a través de forma
fundacional.
Causa alarma el hecho de que la intervención haya estado acompañada de la detención, a todas luces arbitraria, de altos ejecutivos y empleados de la institución bancaria, agregándole a la intervención un elemento de irrespeto a los derechos humanos.
La intervención administrativa de una institución financiera produce, generalmente, un efecto de cascada sobre la conducta de los ahorristas, quienes, ante las olas de rumores que se precipitan se ven impulsados a buscar alternativas de colocación de su dinero, yendo de un banco a otro, angustiados, sin encontrar refugio satisfactorio.
El país tiene una dolorosa experiencia con las intervenciones administrativas bancarias, la gran mayoría de ellas frustradas por la inexperiencia, la torpeza y -en ocasiones- la corrupción de los interventores y liquidadores designados por las autoridades gubernamentales.
Las intervenciones bancarias atentan, además, contra el elemento intangible más importante de la actividad financiera, la confianza, muy difícil de obtener y muy fácil de perder. Solo en caso extremo, muy justificado, puede decretarse una intervención administrativa bancaria.
En el caso de la reciente intervención, ésta no ha estado precedida de ninguna preocupación de la población, del sector financiero privado y de los ahorristas sobre la solvencia de la institución financiera intervenida ni de ninguna otra. Ha sido pública y notoria, en cambio, una cierta hostilidad gubernamental hacia ese banco y hasta una criminalización anticipada de la conducta de algunos de sus representantes, funcionarios o empleados, sin dar cumplimiento al debido proceso.
Públicamente, a través de los medios de comunicación social, el vicepresidente del partido de gobierno habló de la compra de esa institución, por parte del gobierno, casi como un hecho cumplido, cosa que fue desmentida por el propio presidente de la institución financiera concernida. Luego vinieron informaciones según las cuales se estaba haciendo “seguimiento” a ese y a otros bancos por sospechas de colaboración con operaciones ilegales con divisas.
La intervención practicada por el gobierno nacional nace lamentablemente con un matiz de sospecha de parcialidad, de prejuicio o de predisposición impropia de una autoridad administrativa llamada a evaluar y juzgar con imparcialidad. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales deplora que se haya acudido a la medida extrema de la intervención bancaria, regulada por un procedimiento reconocidamente complicado y frecuentemente afectado por interpretaciones discrecionales de los órganos de supervisión bancaria.
Si se hubiera comprobado la participación personal o la complicidad de algún directivo o empleado bancario en operaciones ilegales con divisas, cosa que parece desprenderse del comunicado oficial del 3 de mayo emanada de la Vicepresidencia Sectorial del área Económica y de las declaraciones del Fiscal General de la República -sin que las investigaciones penales hayan concluido- se estaría en presencia de una responsabilidad personal, que no debería ser transferida a la empresa bancaria, una sociedad anónima inimputable.
Una intervención bancaria para sancionar a empleados que han incurrido en un delito es, sencillamente, un despropósito. Una intervención bancaria en el contexto de la crisis económica por la cual atraviesa el país, afectado por una aguda escasez artificial de dinero efectivo y dentro de un proceso electoral promovido por el propio gobierno nacional, es un elemento perturbador más, susceptible de afectar severamente la estabilidad del sistema financiero.
Los empresarios afectados por la intervención tienen derecho a un tratamiento digno, respetuoso de la legalidad; la suerte de los ahorristas debe estar garantizada, pues confiaron en una institución prestigiosa que súbitamente ha perdido el favor de la autoridad supervisora; los accionistas deben recibir la protección a que tienen derecho las personas que acuden al mercado de valores; y los ciudadanos esperan que la investigación penal sobre terceros sospechosos de operaciones ilegales con divisas -una investigación previa- sea separada del proceso de la intervención bancaria, así como también esperan que desaparezcan las sospechas de intereses políticos que giran alrededor de la intervención llevada a cabo.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales estima que la resolución de intervención bancaria acordada debe ser revocada antes de que transcurra el plazo arbitrario de 90 días fijado en la resolución, por ser improcedente como medio de investigación y castigo de hechos imputados a individuos distintos de la empresa bancaria.
La población venezolana debe evitar ser víctima de una falsa inestabilidad del sistema financiero y mantener su tranquilidad. En fe de lo cual suscriben, el presidente Gabriel Ruan Santos Presidente y Luciano Lupini Bianchi, Secretario
Caracas, 4 de mayo de 2018.
