AN autoriza 20 millones de dólares para defensa de activos en el exterior
Un total de 20 millones de dólares fue el monto aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela para el pago de deuda y gastos jurídicos en defensa de activos en el exterior, los cuales se encuentran en riesgo por demandas ocasionadas por el gobierno de los últimos 20 años.
Los fondos, que solo podrán ser utilizados para cubrir los gastos mencionados anteriormente, deberán pasar por cuatro controles nacionales e internacionales previos.
Primero, deberán ser aprobados por el Procurador General de la República, la junta Ad-hoc de Pdvsa, la Comisión Ad-hoc técnica nombrada por la Asamblea Nacional y la Comisión de Finanzas del Parlamento.
Además, deberán pasar el control internacional, del cual está encargado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya que es el ente que tiene los activos de Venezuela congelados.
De perder los juicios ante la deuda Venezuela se enfrentaría a la pérdida de miles de millones de dólares en patrimonio. De allí la urgencia estratégica en la aprobación de los recursos para llevar a cabo la recuperación de los activos y la recuperación progresiva del país.
Acciones Estratégicas
A través de un comunicado, el Despacho del Procurador Especial, aseguró que la autorización de los fondos únicamente cubre el pago de los Despachos de Abogados que han asumido la defensa del Estado venezolano desde enero de 2019, así como los gastos legales asociados a los litigios y arbitrajes en los cuales está involucrado el Estado, enfatizando que la autorización no será empleada para pago de salarios de empleados públicos.
“Cabe destacar que los recursos disponibles del BCV y PDVSA están en cuentas bancarias bloqueadas por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, con lo cual, el uso de estos recursos queda sujeto al estricto control de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), quien incluso debe otorgar la licencia para disponer de ellos”, reza el comunicado.
Venezuela se encuentra envuelta en decenas de litigios y arbitrajes basados en las reclamaciones heredadas de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que envuelven reclamaciones por decenas de millardos de dólares y que colocan en riesgo los activos de Venezuela en el extranjero, de manera principal, Citgo.
Desde el año pasado el presidente encargado, Juan Guaidó, se ha planteado como estrategia la defensa de los bienes de Venezuela en el extranjero y para ello nombró juntas administradoras en PDVSA y su filial estadounidense, Citgo.
Luis Parra: Sin legitimidad y con doble moral
Por su parte el diputado Luis Parra, considerado el presidente de la AN por el bloque chavista y la administración de Maduro, denunció a través de un comunicado que “mientras el país padece de una profunda crisis económica, social y política, un grupo de parlamentarios aprobó un acuerdo donde se crea un fondo de litigios de 20.000.000 de dólares para el pago de honorarios profesionales”.
“Este acuerdo que aprobaron no cuenta con legitimidad y muestra la doble moral de quienes están en la cúpula del llamado G4. Esto no es más que otro acto de corrupción, de manejo ilícito de recursos sin rendir cuentas al país», aseguró el parlamentario expulsado de Primero Justicia.
A juicio de Parra, diputado investigado por su presunta vinculación con tramas de corrupción con los CLAP, esta acción ratifica la importancia de la creación de una comisión especial que investigue el manejo de recursos provenientes de los bienes de la república en el extranjero por parte de algunos integrantes opositores del Parlamento.
