Análisis del riesgo político para la inversión en Sudamérica
Me parece conveniente en los actuales momentos dar a conocer un fragmento del trabajo realizado por la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile y coordinado por su investigador principal Andrés Benavente Urbina. El mismo apareció en la revista Edición i, a cuyo editor, mi buen amigo Edgar Mainhard, agradezco el permiso para su publicación en mi columna.
EL BLINDAJE
Las cifras macroeconómicas que muestra la subregión son buenas, manteniéndose la panorámica positiva como en 2005. Ello, pese a que comienzan a verse señales de desaceleración. Sin embargo, este buen resultado no es similar para todos los países e incluso no necesariamente está relacionado de manera directa con los porcentajes del crecimiento.
La región sigue siendo vulnerable a los efectos externos: a fines de la década pasada, en un sentido negativo a causa de los efectos de la Crisis Asiática y hoy, en términos favorables gracias al dinamismo de la economía mundial y de la demanda exportadora de países como China. Lo que debiera evaluarse son los grados de blindaje que las economías nacionales lograron en los años en que el crecimiento es favorable.
La forma como se enfrentó el crecimiento económico permite trazar una línea divisoria entre las economías sudamericanas. No es lo mismo el alto crecimiento estimado de Venezuela, en medio de la bonanza petrolera, que el crecimiento moderado de Brasil. En el primer caso se reedita un endémico reparto de una economía rentista, en tanto que en el segundo se avanza en consolidar reformas que hagan sólido el crecimiento logrado.
ARGENTINA
En cambio, hay países de crecimiento artificial, casi meramente escenográfico, que puede impresionar en algunos casos (Venezuela y Argentina) por sus porcentajes, pero ello expresa un reflejo directo del buen comportamiento de las exportaciones así como de la intervención distorsionadora del Estado en la economía a través de los controles de precios o de rígidos marcos regulatorios. Los dos países mencionados, más Bolivia, han optado por desalentar y hostigar a la inversión extranjera. Ecuador y Paraguay deben ser añadidos a la lista, sólo que en el último caso por la proximidad a ser incluido en una categoría de Estado fallido, sus vulnerabilidades (corrupción, contrabando, crimen organizado) opacan desde ya cualquier crecimiento estadístico.
La Argentina de Kirchner es un dramático ejemplo de falta de visión estratégica para plantearse el tema del desarrollo a partir de los altos índices de crecimiento de los últimos años. El enfoque politizado ha llevado al gobierno a priorizar el corto plazo, como la cooptación de dirigentes ‘piqueteros’ para asegurarse en lo inmediato una gobernabilidad afianzada, por sobre las inversiones en infraestructura, incluso en materia energética donde, además se oculta a la población la realidad del sector a través del uso del subsidio.
Diferente es el caso de Brasil. El presidente Da Silva disipó los temores que la comunidad de negocios tenía sobre su gobierno y evidenció una mirada de largo plazo al profundizar las reformas de su antecesor, del cual fue opositor, al controlar incluso con sacrificio de su popularidad la inflación y al negarse a aplicar medidas populistas cuando se veía afectado por la crisis de corrupción del Partido de los Trabajadores.
VENEZUELA
En el trimestre en análisis ha quedado en marcada evidencia el afán del gobierno del presidente Hugo Chávez por lograr posiciones políticamente hegemónicas en la región: la suscripción del Tratado Comercial de los Pueblos que vincula a Bolivia, Cuba y Venezuela, cuya significación económica global puede ser reducida, pero cuyo simbolismo político consiste en presentarse como contraposición a la suscripción de Acuerdos de Libre Comercio entre USA y países andinos como Colombia y Perú. El acuerdo impulsado por Chávez significará el aporte de recursos financieros a Bolivia para subsidiar la adquisición de petróleo y/o construir infraestructura gasífera. La bonanza petrolera que tiene Venezuela permite apoyar una parte importante de los requerimientos de la economía boliviana.
Chávez plantea un enfoque de confrontación en la búsqueda de la construcción hegemónica, el cual se expresa en los ataques y represalias a quienes considera un obstáculo. También es de orden político, la incorporación de Venezuela al Mercosur como miembro pleno. De hecho, el país caribeño deberá aumentar sus aranceles en algunos productos para ponerse a tono con las elevadas tasas de los países signatarios del Tratado de Asunción.
En el Mercosur, entidad tensionada por crisis entre sus miembros originarios, Venezuela fortalecerá el polo más radical -hasta ahora liderado por la Argentina- contando para ello, con el concurso de un miembro asociado, Bolivia. No cabe duda que el propósito de Chávez es liderar -probablemente con oposición brasileña- un referente de integración tradicional e inscribirlo en su política permanente de confrontación con USA. No deja de resultar curioso que, paralelamente al mencionado ingreso, haya suscrito un acuerdo de Alianza Estratégica con Argentina. La incidencia de Venezuela en la economía y la política de Argentina es otro hecho de importancia creciente. Ha significado aporte de recursos con la compra por el gobierno de Caracas de bonos de la deuda pública argentina; ha significado importantes acuerdos energéticos a través de los cuales Hugo Chávez pretende construir un oleoducto hacia el Cono Sur, con el atractivo de ofrecer petróleo subsidiado a cambio de tener ingerencia en las decisiones político-estratégica de los países aparentemente beneficiados. A su vez, la administración Kirchner, para quien las alianzas estratégicas tienen un valor relativo determinado por la coyuntura, en este caso encuentra en la Venezuela actual mayor convergencia ideológica.
La presencia financiera venezolana también se hace sentir en Ecuador a través de la suscripción de un acuerdo entre las dos empresas petroleras estatales, en virtud del cual Ecuador proporcionará petróleo crudo y Venezuela entregará productos refinados lo que importa una disminución de costo para el Estado ecuatoriano.
Es un convenio ventajoso para este país dado su gran carencia en materia de renovación de infraestructura, en especial en el aspecto de refinación y ventajoso para el gobierno de Chávez que gana espacios de influencia política en un país tradicionalmente inestable, donde el populismo revolucionario puede asentarse en el gobierno o ser un actor político y social relevante.
A este acuerdo debe agregarse la posibilidad que estudia el gobierno de Caracas de comprar parte de la deuda de la empresa estatal paraguaya Itaipú, lo que puede permitirle tener ingerencia en la administración de los abundantes recursos hídricos de Paraguay, otro avance en la búsqueda de la hegemonía de sus intereses geopolíticos.
SEGURIDAD JURÍDICA
En el trimestre en análisis la seguridad jurídica, crucial para la llegada, consolidación y expansión de las inversiones, se muestra en estado precario en varios países de la región: alto riesgo expropiatorio en Venezuela, Bolivia y Ecuador; incremento de la discrecionalidad en el factor regulatorio en Venezuela, la Argentina, Bolivia y Ecuador; e intimidación política a las inversiones, en la Argentina, Bolivia y Venezuela.
El riesgo expropiatorio se ha expresado en Venezuela a través de la vía de tomar el control inmediato por parte del Estado de las minas de oro y diamantes que se consideren improductivas, y a través de la expropiación de las empresas productivas que se nieguen a celebrar un nuevo contrato de concesión que establece un ‘joint venture’ donde el Estado tenga presencia mayoritaria. Es algo similar a lo ocurrido a fines de 2005 en el sector petrolero privado.
En Bolivia, una vez nacionalizados los hidrocarburos, el gobierno ha anunciado la expropiación de tierras que no cumplan con una función social -obviamente determinada por el Estado- o que hayan sido adquiridas ilegalmente, donde se incluyen diversos predios agrícolas de brasileños, ubicados en la zona fronteriza. También la apropiación por el Estado de las acciones que Administradoras de Fondo de Pensión, de capitales españoles y suizos tenían en empresas petroleras nacionalizadas. Por último, el anuncio de que el Estado asumirá el control de la mayoría de las acciones de seis empresas mixtas en las áreas de energía, ferrocarriles y telecomunicaciones.
Una clara amenaza de expropiación es la advertencia del presidente Néstor Kirchner a las empresas privadas que operan en el sector energético que se les caducará las concesiones cuando se considere, por el gobierno, que sus inversiones no registran los niveles adecuados. De esta manera la autoridad quiere evitar que las empresas del sector concentren su atención en las zonas más productivas y dejan abandonados los yacimientos de menor rendimiento.
Discrecionalidad en el cambio del marco regulatorio se advierte en Venezuela donde el gobierno alteró la tributación de las empresas privadas que operan en la refinación petrolera. De manera unilateral decidió aumentar el impuesto a la renta a las compañías extranjeras de un 34% al 50% y el pago de royalty desde el 16,67% al 33,3%. La misma discrecionalidad en la variación de las reglas tributarias es la impuesta por el gobierno argentino a los países importadores de su gas natural, en especial a Chile, trasladando de esa forma a dichos consumidores el incremento de precios del gas natural que adquiere de Bolivia. Kirchner desechó la alternativa de negociar un reajuste tarifario y optó por imponerlo compulsivamente aunque ello importe desconocer acuerdos de integración gasífera que están vigentes.
Es diplomático de carrera, politólogo y periodista. Fue Embajador de Venezuela en Austria, Canadá, Jamaica, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Barbados.
