Analizan caso Kimberly-Clark en Cedice

Analítica21 julio, 2016

Complejo Kimberly-Clark Venezuela/Foto: Referencial

La paralización de la empresa norteamericana Kimberly –Clark, una de seis transnacionales que han cesado labores de producción en Venezuela por la crítica situación económica, y su posterior ocupación por parte del Estado, es el más reciente caso de expropiación indirecta y de afectación a la propiedad privada que el ejecutivo ha emprendido durante la última década, así lo evaluaron diversos especialistas en un foro convocado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), para analizar las condiciones actuales de la propiedad privada y el rol del Estado como el gran propietario.

Kimberly-Clark paralizó sus actividades a comienzos de julio, cuando informó serios problemas por falta de materia prima importada, esto hizo que el gobierno decidiera ocupar el complejo y entregar el control de este a los trabajadores.

“Es una expropiación indirecta porque no ocurre un traspaso de la propiedad, siguen siendo propietarios de los activos, siguen siendo accionistas pero no aprovechan los otros atributos de la propiedad como es el uso y el goce, no tienen disposiciones y no pueden comportarse como propietarios, no pueden decidir qué hacer con esos activos, se trata de una afectación más a la propiedad privada”, explica Andrea Rondón, abogada y coordinadora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice.

En los últimos años, según Rondón, se ha reducido el número de expropiaciones directas o tradicionales y ha habido un aumento en las ocupaciones temporales e intervenciones de empresas; acciones que más allá de los argumentos económicos del ejecutivo llevan consigo objetivos políticos.

“Son mucho más fáciles de hacer, se trata de ocupaciones temporales e intervenciones, porque no requieren mayores acciones judiciales, son mediadas administrativas y son las más comunes, por eso se ha reducido drásticamente el número de expropiaciones tradicionales y han aumentado las ocupaciones temporales, las intervenciones y el cierre de empresas, este ultimo una afectación importante a la propiedad privada. ¿Por qué hay cierre de empresas? Por circunstancias económicas y esas circunstancias no son solo medidas económicas, sino medidas con fines políticos”.

El diputado del bloque opositor y economista, Angel Alvardo, abordó las perspectivas económicas y políticas de las acciones del ejecutivo en cuanto a expropiaciones y preciso que es imposible para una empresa, desde el punto de vista económico y legal, operar con un sistema económico como el actual.

“Es muy costoso operar en Venezuela con este sistema. Un empresa no puede producir a perdidas y eso es lo que promueve un sistema económico como el que tenemos. El control de precios destruye los márgenes de ganancias y es un tema en el que el Gobierno insiste y en el que necesitamos reformas”.

Según Alvarado, la expropiación indirecta al complejo Kimberly-Clark propicia el inicio de un debate en el que se discutan las maneras en las que se requiere redefinir “de manera correcta los derechos de propiedad sin exclusión”.

El parlamentario añadió que todo cambio necesario en el marco económico pasa por un cambio político. “El cambio institucional incluye un cambio en los derechos de propiedad para que no ocurran abusos ni arrebatos”.

El factor comunicacional

Las acciones del Estado en la expropiación y ocupación de empresas incluyen componentes comunicacionales que son un factor clave al momento de diseñar cualquier iniciativa cuyo objetivo sea desmontar las creencias populares en cuanto al rol del Estado como gran propietario. Isabel Pereira, socióloga y coordinadora del Programa País de Propietarios, adscrito al Cedice, indica que desde el propio marco constitucional existe una contradicción en cuento al estado de la propiedad privada.

«En el fondo, lo que la Constitución promueve es el precepto de que todo lo que genera riqueza s del Estado y por eso la Constitución avala la destrucción de la propiedad privada. Se trata de un escollo que hemos detectado en todas las investigaciones y lo hemos denominado como la expropiación de las ventajas comparativas del ciudadano”, explicó Pererira.

La socióloga añadió que cualquier política que pretenda promover el desmontaje del sistema económico actual basado en intervenciones, expropiaciones y controles, debe reconocer el componente cultural, que puede resumirse en las creencias actuales respecto a las políticas centralistas y de controles y en la opinión pública.

«El nivel comunicacional es clave. Hay una oferta seductora, en este caso para los trabajadores de esas empresas, que promueve la conveniencia de políticas centralistas, controladoras. Se trata de un aspecto menos técnico y económico y más de emoción y sentimientos; estamos enfrentado mitos y utopías”.

Alvarado y Rondón coincidieron en que las expropiaciones conforman una política intencional de destrucción de las empresas que generan más dependencia del Estado.
“No solo se trata de eliminar empresas o empresarios sino de eliminar opciones que limitan la calidad de vida que en el fondo, y de manera intencional, procura la destrucción de la empresa privada”, concluyó Rondón.