Economía

Cavendes y la Reforma del Sistema Financiero

La intervención de Cavendes, no es más que un capítulo adicional de la triste novela por entregas que ha sido la historia del sistema financiero venezolano. Cifras preliminares indican que este nuevo episodio le costará a los venezolanos algo mas de 200 millardos de bolívares que equivalen a un dos por ciento del PIB sin decir nada de los efectos inflacionarios que desencadena la creación de dinero inorgánico por parte del BCV. Los protagonistas son siempre los mismos. Banqueros irresponsables con importantes nexos políticos, auditores externos que valoran más su relación con un buen cliente que su propia reputación y la de su firma y reguladores bancarios complacientes. De todo este enredo, lo más difícil de comprender es la indulgencia de los entes reguladores para con una institución que según sus propios informes de inspección registraba serios problemas en casi todas las áreas del negocio bancario más de un año antes de su intervención. Tan tardía intervención demuestra lo mucho que tenemos por andar para hacer que nuestra supervisión bancaria sea realmente efectiva. El colapso de Cavendes debe servir como una campanada de alerta sobre la urgente necesidad de seguir adelante con la reforma estructural del sistema financiero que se inició a partir de la crisis bancaria de 1994.

Uno de los objetivos de esta reforma debe estar orientado a mantener los aspectos positivos que pueda tener el sistema de garantía de depósitos en vigencia (prevenir corridas bancarias y limitar las posibilidades de daños sistémicos) y al mismo tiempo reducir sus aspectos negativos como el riesgo moral (poca disciplina por parte de los depositantes al escoger instituciones bancarias, toma de riesgos excesivos por parte de los bancos, mayores costos para los contribuyentes y finalmente retraso por parte de los entes reguladores en tomar acciones correctivas en aquellos bancos que se encuentran seriamente descapitalizados) Para lograr estos objetivos, es necesario incluir en nuestro sistema de garantía de depósitos ciertos incentivos que inclinen el comportamiento de los principales actores en la dirección correcta.

Hasta la fecha, el intento más exitoso de diseñar un sistema de garantía de depósitos que incluya estos incentivos es el ‘sistema estructurado de intervención temprana y resolución’ propuesto por los economistas George Benston y George Kaufman a finales de los años ochenta y que posteriormente fuera incorporado en la legislación bancaria de los Estados Unidos a principios de los noventa, luego de la crisis de las entidades de ahorro y préstamo en ese país. Este mismo sistema con algunas modificaciones también ha sido incorporado en la legislación bancaria Chilena y más recientemente en la reforma del sector financiero en Japón.

El sistema de intervención temprana se sustenta en dos pilares fundamentales. En primer lugar se mantienen los seguros de depósito para los bancos, pero se introducen sanciones regulatorias que contribuyen a simular los castigos que el mercado impondría a los bancos – a medida que se deterioren sus indicadores financieros- en caso que éstos no se encuentren asegurados. En segundo lugar, se reduce significativamente la discrecionalidad del ente regulador tanto para tomar medidas correctivas como para ordenar la intervención de instituciones financieras.

La propuesta presentada por Benston y Kaufman adaptada la el sistema financiero venezolano podría resumirse en los siguientes aspectos: (1) Se mantiene la garantía de depósitos para los pequeños depositantes y sólo para los pequeños depositantes. Estos a diferencia de los grandes depositantes son menos propensos a evaluar la situación financiera de las entidades bancarias y además en conjunto poseen suficiente peso político como para forzar al gobierno a responder por sus pérdidas en caso que sus depósitos no estén asegurados. (2) Las primas de seguro que pagan los bancos a Fogade deben ser ponderadas de acuerdo a la situación patrimonial y su calificación de riesgo por parte de una de las calificadoras de riesgo internacionales. El principio es el mismo que se aplica para la adquisición de un seguro de vida. Si la persona es un fumador compulsivo con serios problemas de sobrepeso, por lógica, tiene que pagar más que un maratonista de su misma edad en perfecto estado físico. Trasladando esta analogía al sistema financiero nacional, no tiene ningún sentido que la prima que pagaba Cavendes a Fogade para el momento de su intervención era exactamente la misma que pagaba el Banco Mercantil, por dar un ejemplo. (3) Los bancos deben ser sometidos a estrictas y progresivas sanciones regulatorias como la eliminación del pago de dividendos, restricciones al crecimiento de sus activos e incluso cambios en su administración a medida que su capital se deteriora por debajo de los niveles establecidos por la superintendencia de bancos. De igual forma, bancos que se encuentren sanos y bien capitalizados deben recibir incentivos por parte de los entes reguladores. (4) La discrecionalidad para la toma de decisiones de la superintendencia de bancos debe ser significativamente restringida y las decisiones que haya que tomar con respecto a un banco en problemas deben emanar de un claro cronograma de medidas que sean del conocimiento de todos los actores y contengan suficientes provisiones que garanticen la implementación de correctivos antes que la situación se escape de control. Un buen punto de partida para la discusión sobre los elementos que debe tener este cronograma de medidas puede ser la propuesta elaborada en Marzo de 1995 por el Banco Venezolano de Crédito para afrontar la crisis financiera y cuya versión ampliada está contenida en el libro de Gustavo García ‘Lecciones de la Crisis Bancaria de Venezuela’. En esta propuesta se clasifican los bancos de acuerdo a su situación patrimonial y rentabilidad y sobre la base de esto se establecen medidas correctivas para cada tipo dentro de unos lapsos de tiempo claramente establecidos. (5) Pragmáticamente, se debe incluir una provisión que permita a las autoridades financieras autorizar el pago a todos los depositantes en aquellos casos extremos en los que de no tomar esta decisión se podrían generar severos problemas de índole económica o que pongan en peligro la estabilidad del sistema financiero en general. Sin embargo, para activar esta provisión se debe exigir la explícita y unánime aprobación del Ministro de Finanzas, el presidente del BCV y el Superintendente de Bancos.

Un sistema de protección de depósitos que contenga estos elementos mejoraría la disciplina de mercado que actualmente carece el sistema. Los grandes depositantes al entender que sus depósitos no están garantizados por Fogade y que por lo tanto se encuentran al final de la cola en caso que un banco se encuentre en problemas, tendrán que constantemente monitorear la salud financiera de los bancos donde tienen sus depósitos. Debido a que los dueños y gerentes de los bancos están al tanto de las consecuencias que implica mantener pérdidas y descapitalizar la institución, éstos se verán menos inclinados a asumir riesgos excesivos y no permitirán que su capital caiga por debajo de los niveles requeridos por ley. La Superintendencia será menos indulgente con aquellos bancos que se encuentran en problemas ya que estará obligada a través del cronográma establecido a tomar medidas correctivas a tiempo y al menor costo posible para los contribuyentes. Finalmente, debido a que la decisión de otorgar la provisión de ‘Too big to fail’ debe ser una medida unánime adoptada por las máximas autoridades financieras del país e involucra mayor escrutinio público, las autoridades serán menos propensas a tomar este tipo de decisión a menos que la posibilidad de daño sistémico sea lo suficientemente clara.

Es conveniente señalar que la introducción de mecanismos de mercado al sistema de garantía de depósitos como los propuestos anteriormente requieren que el sistema financiero nacional se encuentre en una buena posición patrimonial con una sana cartera de activos ya que de no ser así, estos mecanismos tienen el potencial de desencadenar serios problemas sistémicos una vez que se haga pública la precariedad de ciertas instituciones. Esto de ninguna manera debe utilizarse como un pretexto para desechar estas propuestas. Por el contrario, las medidas se pueden implementar siguiendo un calendario de ejecución dado a conocer con anterioridad a las instituciones financieras para que éstas se adapten con rapidez a las exigencias de mercado que traería esta reforma al sistema de garantías de depósitos.

Estudiante de MBA, Kogod School of Business

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